Alfredo Irujo: “La cuestión no es tanto que los abogados estén en riesgo, sino que le estado no haga todo lo posible para garantizar su seguridad”

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, OIAD, celebró el pasado mes de mayo en Roma su Asamblea General ordinaria.  Esta organización, de la que El CGAE es miembro fundador -junto al Conseil National des Barreaux (FR), el Consiglio Nazionale Forense (IT) y el Barreau de Paris, tiene como objetivo fundamental defender el derecho a ejercer libremente y con total independencia la profesión, y denunciar las situaciones que vulneran el derecho a la defensa.

En esta reunión, entre otras cosas, se presentó el informe de actividades 2021/2022 del observatorio, documento que recoge las acciones realizadas a lo largo del último año. En este periodo, la acción de OIAD se ha concretado en la elaboración de comunicados de prensa, documentación y el envío de cartas a gobiernos e instituciones internacionales pidiéndoles que actúen para garantizar el libre ejercicio de la abogacía.  Asimismo, se han llevado a cabo acciones directas encaminadas a prestar apoyo material a los compañeros y compañeras obligados a abandonar su país de origen, acompañándolos y ayudándoles en los trámites de solicitud de asilo.

El abogado pamplonés Alfredo Irujo, patrono de la Fundación Abogacía Española y miembro del Buró del OIAD en representación del CGAE, destaca entre estas acciones las observaciones de procesos penales, como la realizada en Turquía, en la que participó personalmente en abril de 2021, asistiendo a las audiencias de los procesos judiciales contra miembros de una asociación de abogados progresistas.

El observatorio ha tomado parte además en este periodo en varios procesos de Amicus Curiae, “una colaboración de carácter jurídico con un tribunal que tiene que dictar una sentencia, poniendo de manifiesto cuestiones relacionadas con los DDHH y que consiste en emitir algo similar a lo que en España sería un dictamen de expertos en DDHH”.

Irujo destaca dos de estos procesos, uno en México, ante la Corte Interamericana de DDHH, en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa.  Y otro en Colombia, con motivo del caso Dylan Cruz, “en el que fue la Corte Constitucional de Colombia la que precisamente dictó su resolución en coincidencia de lo que se decía en el Amicus Curiae”, explica el abogado pamplonés.

Además, expone Irujo, “OIAD pone en marcha muchas alertas, en las que actuamos como defensores de los DDHH, en defensa de los abogados que son molestos para el poder de turno. Entre otras cosas, se envían alertas para apoyarles, a veces se les proporciona ayuda financiera, e incluso se les acoge cuando son sacados de sus respectivos países”, explica.  “Aquí en España hemos recibido a algunos abogados de Centroamérica y en Francia han tenido abogados de Afganistán y de otros países. Esto en cuanto a la ayuda más directa a al abogado”.

El OIAD participa, además –sigue Irujo- como “observador en el comité de expertos del Consejo de Europa que está encargado de la elaboración de un instrumento jurídico para la protección de la abogacía. Ahí nos está representando hasta el momento un compañero del colegio de Milán, dándose la circunstancia de que yo estoy interviniendo como miembro del comité en representación de España, junto con los representantes de otros países europeos y los restantes observadores”.

Colaboración UIBA

“Con motivo de la reciente celebración en Pamplona del congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) -comenta Irujo- aproveché para invitar tanto a los colegios como a la propia UIBA a formar parte del observatorio. La propuesta fue bien recibida, y la UIBA acordó formar parte del observatorio. Al ser una asociación, puede formar parte como miembro asociado. Y los colegios, si se incorporan, lo hacen como miembros activos. El de Portugal ya manifestó su interés, creo que es importante, porque entre miembros activos y fundadores la abogacía europea está bastante bien representada, aunque faltaba Portugal. Y si se incorporaran colegios de Iberoamérica, “mejor que mejor”, apunta. 

Una de las mayores preocupaciones de OIAD, comenta Irujo, es que hay muchos países de los que no llegan apenas datos. “Por ejemplo, de Venezuela no llega mucha información, a pesar de que es un país del que han salido muchos abogados. Confío en que a través de la colaboración de la UIBA pasemos a tener más información de los países de Iberoamérica”. En este sentido, Irujo considera que hay una diferencia notable entre unos países y otros: “No es equiparable la situación de Uruguay, Argentina, Brasil... Con la de Venezuela, Honduras, Nicaragua o Cuba…”

“La cuestión no es tanto que los abogados estén en riesgo, sino que le estado no les provea de la ayuda correspondiente, no haga todo lo posible para garantizar su seguridad, garantizar que no les pase nada”, apunta. Y señala: “en el propio MICAP ha habido casos en los que el cliente ha amenazado al abogado o a la abogada. Siendo decano, tuvimos que poner una escolta de Policía Foral a una abogada, en un caso concreto, y la policía se portó estupendamente. En España la administración tiene resortes para dar protección a un abogado cuando la solicitas. El problema se produce cuando no solo no da esta protección, sino que además está en connivencia con quien amenaza la seguridad”.

Organización de OIAD

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, OIAD, cuenta con una Junta compuesta por los 4 miembros fundadores y 2 miembros elegidos entre los miembros activos. La Junta nombra a la Presidencia, Dirección General y Tesorería, define las líneas estratégicas y aprueba las acciones de apoyo a la abogacía amenazada.

Asimismo, cuanta con una Asamblea General que aglutina a los miembros fundadores, miembros activos, miembros asociados y aliados del Observatorio al menos una vez al año. Únicamente los miembros fundadores y miembros activos aportan una cuota anual y disponen de derecho a voto. La Asamblea General aprueba el balance de resultados económicos y técnicos, se pronuncia sobre todas las cuestiones que conciernen al trabajo del Observatorio y elige a dos miembros activos que integrarán la Junta. La Asamblea General valora igualmente la situación de la abogacía en riesgo en el mundo y los países de intervención con el objeto de aportar insumos a la Junta y definir la estrategia del Observatorio.

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