La ponencia inaugural ha sido una mesa redonda titulada ‘Gobernanza: realidades económicas,
tecnológicas y políticas en las proyecciones democráticas de Iberoamérica.
¿Espacio jurídico común iberoamericano?’ El encuentro ha estado moderado
por Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, ex presidente del Consejo General de la
Abogacía Mexicana.
La sesión se ha iniciado con la intervención de Álvaro Sánchez, presidente del Colegio
de Abogadas y Abogados de Costa Rica, quien ha destacado la importancia de que
la abogacía promueva un Estado de Derecho accesible a la gran mayoría de la persona, libre de la influencia de
grupos de poder y de ideologías, para favorecer un Derecho que permita una mejor calidad de vida las personas.
Juan Carlos Araúz
Ramos, presidente del Colegio de Abogados de Panamá, ha puesto de
manifiesto el potencial de
una abogacía organizada para unir a la comunidad internacional. Y ha alertado
del peligro de una “institucionalidad ruinosa” que alimenta a las dictaduras y
las falsas democracias, lo que da lugar a la aparición de ciudadanos faltos de
compromiso, que dificultan los logros de las instituciones.
Arturo Pueblita
Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México,
ha alertado de los riesgos del populismo y del acceso a los sistemas democráticos de quienes buscan
establecer un régimen no democrático. Asimismo, ha manifestado la importancia
de encontrar estándares comunes para crear un espacio jurídico internacional
común, así como la importancia de que la abogacía y la sociedad trabajen de
manera coordinada para crear espacios de democracia y regidos por los Derechos
Humanos.
Moisés Castro Pizaña,
presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE, México), ha
mostrado la importancia de que
la ley se construya desde el respeto de los intereses de la sociedad y no de
los intereses particulares del momento. Para ello, ha señalado la necesidad
de la implicación de la ciudadanía
y el compromiso de la abogacía. Y por
último, ha recordado que la búsqueda de recursos a toda costa es terreno fértil
para un populismo que se alimenta del “reparto de dádivas” con el que muchos
gobiernos pretenden mantener el poder.
Juan Cianciardo, profesor
de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra,
ha planteado tres lecciones
y tres desafíos derivados de la pandemia.
Como lecciones, ha mencionado la inviabilidad de un concepto cerrado de
soberanía, la ingenuidad del universalismo y la utilidad del Derecho
Constitucional para alcanzar una universalidad equilibrada. Y como desafíos, ha planteado la necesidad de
la formación constante, la apertura al Derecho Internacional de la formación y
la necesidad de que la abogacía encarne los valores democráticos que considera deseables
para toda la sociedad.
Por
último, Rafael Del Rosal, abogado
del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha hecho un breve recorrido por la historia de la
regulación de la profesión legal y ha llamado la atención sobre la importancia
de que los colegios profesionales realicen una labor efectiva de regulación de
la profesión para evitar la intromisión del regulador ordinario.
Migración, un derecho no respetado
Por su parte Blas Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, ha señalado que para el Consejo la inmigración es un tema esencial porque afecta a personas especialmente vulnerables. Además, ha reivindicado el trabajo de la Abogacía Española en materia de inmigración y su compromiso de solidaridad con las personas migrantes.
Y Mª Del Mar Cid, del Colegio de la Abogacía de
Madrid, ha considerado necesario
desarrollar un sistema de esponsorización de la migración laboral por parte de
las empresas, ya que España necesita mano de obra.
También ha
intervenido Betilde Muñoz Pogossian, representante de la OEA, quien ha
advertido del vacío normativo para dar protección a personas que no son ni
migrantes económicos ni refugiados, pero se han tenido que ir de sus países de
origen. Entre las conclusiones de esta mesa, que ha estado moderada por Víctor
Cabada Iglesias, del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, cabe destacar la
idea de que la migración tiene que ser un tema permanente en UIBA.
El acceso a la Justicia
La sesión vespertina se ha abierto con una mesa redonda en la que se ha debatido sobre ‘Derechos humanos y acceso a la justicia: menores, adolescentes, género e inclusión’. Su moderador, el anterior decano del MICAP, Alfredo Irujo, ha mostrado su extrañeza por la “falta imperdonable” que supone la ausencia de representantes sudamericanos en el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, de cuyo buró forma parte, al tiempo que les ha invitado a ingresar en la organización.
Uno de los ponentes, Alfonso Santiago, abogado argentino y
profesor de la Universidad Austral, ha disertado sobre la articulación del
Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos con las constituciones de cada país,
y ha señalado que los países iberoamericanos están en el origen de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada primero en Chapultepec,
después en Bogotá y posteriormente en
Chile.
Froylan Alvarado, magistrado y ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se ha referido al acceso de los menores a la Justicia, destacando que es preciso respetar su integridad personal y lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Menor. Se ha mostrado contrario a la virtualidad judicial que ha llegado con la pandemia porque aumenta el riesgo de que la declaración de los menores pueda ser mediatizada.
El abogado brasileño Joelson
Dias se ha centrado en el acceso a la Justicia de las personas con
discapacidad y ha insistido en que debe eliminarse cualquier barrera que
dificulte la accesibilidad y la libre circulación en las dependencias
judiciales. También ha aludido a la necesidad de que todos los intervinientes
en un proceso deben tener la formación necesaria para atender como es debido a
las personas con discapacidad.
Lidia Montes de Oca,
miembro de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba, ha
resaltado que se trata de una organización independiente y que los abogados
trabajan con autonomía. Además ha señalado que participan en las reformas
legislativas puestas en marcha tras la aprobación en 2019 de la nueva
constitución, inspiradas en disposiciones de otros países y en convenciones
internacionales. Ha cerrado el turno de intervenciones Sandra Araúz Chacón, vicepresidenta del Colegio de Abogadas y
Abogados de Costa Rica, que también se ha referido a la accesibilidad a la
Justicia abogando por unos mecanismos procesales más sencillos y accesibles,
además de evitar los retrasos.
