Esa es,
a juicio de Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de
Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), una de las conclusiones más
significativas del Congreso que su organización ha celebrado en la sede del
M.I. Colegio de Abogados de Pamplona en colaboración con el Consejo General de
la Abogacía Española. Andreucci, tras agradecer la hospitalidad del MICAP y
agradecer el trato recibido por parte de la Junta de Gobierno encabezada por la
decana Blanca Ramos y de todo el personal de la institución, ha calificado de
“magnífico” el desarrollo del XXIV Congreso de la UIBA, tanto por el interés y
actualidad de los temas abordados como por la calidad y diversidad de las intervenciones
de los ponentes.
“Hemos tenido un reflejo fiel y cierto de lo que está
ocurriendo sobre los asuntos que tratamos los abogados, como la gobernanza y
estabilidad de las democracias iberoamericanas, el tema migratorio, el acceso a
la justicia, abuso y violencia contra las mujeres y el menor o el arbitraje
como solución al colapso judicial”. También ha destacado el análisis de la
incidencia de tecnología no solo en el ejercicio de la profesión sino también
en una ciudadanía cuya privacidad “queda expuesta y a merced de los intereses
de los gobiernos y de las empresas”. Andreucci también ha aludido al debate
mantenido sobre consecuencias de algunas decisiones adoptadas por los
gobernantes en el marco de la pandemia “que, bajo el ropaje de la seguridad, han
hecho que las personas les hayamos entregado nuestras libertades”, y a los
campos que se abren en torno al cambio climático o la regulación de las nuevas
fuentes energéticas.
El presidente de la UIBA ha recalcado que su valoración de
los resultados del congreso es muy positiva, porque ha servido para ratificar el
respaldo y acompañamiento de las organizaciones colegiales a los profesionales
de la abogacía, lo que redunda en beneficio de la ciudadanía “que percibe que
el abogado es un ser independiente, libre, en quien puede confiar porque no
está coaccionado por el poder o por un grupo de presión. Los colegios lo
garantizan, y también que el abogado va a mantener el secreto profesional a
pesar de que los estados quieren imponernos que revelemos el contenido de
nuestras actuaciones y denunciemos aunque solo existan mínimas sospechas”.
Carlos Andreucci considera asimismo que gracias al congreso se han estrechado los lazos y la cooperación ya existentes entre UIBA, el Consejo General y las organizaciones colegiales españolas, especialmente con el MICAP. Ha añadido que, respondiendo a la invitación realizada por el anterior decano, Alfredo Irujo, la institución que preside ha decidido adherirse al Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, y que van a colaborar con la Corte Penal Internacional en el esclarecimiento de los crímenes de guerra y terroristas que no son investigados por los gobiernos a los que debería corresponder su esclarecimiento: “Vamos a trabajar en ese terreno de la mano con la Comisión de Extranjería y Migraciones del CGAE”, ha asegurado.
Por otra parte, Andreucci ha anunciado que en las asambleas
mantenidas en el seno del congreso han decidido que la UIBA se sirva del
asiento permanente de que dispone en la Organización de Estados Americanos para
denunciar posibles mermas de la calidad de las democracias de los países
latinoamericanos. Además se ha previsto establecer contactos con universidades
y centros de investigación para cualificar técnicamente a los abogados ya que
tienen que manejar un Derecho cada vez más complejo, lo que les obliga a la
formación continua. “Y por supuesto, desde la UIBA vamos a estar en contacto
permanente con todas las abogacías de Iberoamérica porque cada minuto se
producen afecciones. Tenemos a Nicaragua donde los colegios no pueden funcionar
porque hay una ley cepo que prohíbe las asociaciones, o el conflicto que puede
sobrevenir en El Salvador, con un poder ejecutivo absolutamente dominante que
tiene sometido al legislativo y pone a los jueces a su gusto, apartando a los
que no son sus amigos, el caso de Venezuela… tantos y tantos temas que nos obligan
a mantener fija nuestra mirada en el GPS que mide la calidad de la democracia
en Latinoamérica”, ha concluido Carlos Andreucci.
Tecnologías y derecho
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Patricia Roxana
Leiva, del Colegio de Abogados de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) ha enfocado su
intervención en los delitos digitales, concretamente en los delitos contra la
libertad sexual, especialmente el grooming.
Leiva ha expuesto el perfil psicológico del groomer
o acosador, que en la práctica totalidad de los casos es de sexo masculino,
y ha concluido que se trata de un asunto multijurisdiccional que va a requerir
una respuesta coordinada. En su intervención, el profesor de Derecho Privado de
la Universidad de Navarra Eduardo Valpuesta
Gastaminza, ha explicado que, si bien es cierto que la tecnología es
neutra, el uso que se hace de la misma puede afectar a estos derechos. “Mi celular
es un arma de destrucción masiva de mi privacidad”, ha bromeado. Además, se ha
interrogado sobre si el derecho controla a la tecnología o viceversa y ha
señalado la ineficacia del “derecho basado en prohibiciones”. Para terminar, ha
planteado la necesidad de consenso y normativa internacional, dado el carácter
global de internet.
Ha cerrado la mesa redonda Juan Carlos Hernández Peña, profesor de Derecho Administrativo de
la Universidad de Navarra, que se ha referido a la regulación de la
Inteligencia Artificial en la UE, con una ponencia titulada “Una IA fiable y
ajustada al Estado de Derecho”. Para empezar, ha señalado que una de las
dificultades que se encuentran los juristas respecto a la inteligencia
artificial es que es difícil entender de qué estamos hablando y cuáles son sus
límites de uso. “Los técnicos siempre dicen que la tecnología es neutra, pero
los riesgos que se plantea para los derechos fundamentales son enormes”, ha
afirmado. Además, ha expuesto diversos ejemplos de aplicación poco precisa de
la IA o de interferencia malintencionada con los datos y ha planteado los
principios que se están siguiendo en la UE a la hora de diseñar la
normativa.
La necesidad del arbitraje
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Concepción Barrio del
Olmo, del Consejo General del
Notariado de España, ha expuesto que, aunque es un lugar común la necesidad de
promover los medios adecuados de solución de controversias, en nuestros países
existe una cultura del litigio, no del arbitraje. Y ha planteado que todavía se
presentan dificultades para su desarrollo en Iberoamérica, entre ellas la
extensión del “Common Law”. Por su
parte, Natividad Goñi Urriza,
profesora de Derecho Internacional de la UPNA, ha tratado el tema de la
eficacia en España de los laudos arbitrales dictados en Iberoamérica. Ha
explicado que España tiene un régimen convencional doble, conformado por el
Convenio de Nueva York del 58, que es el sistema de referencia en esta materia;
y por convenios bilaterales (Mexico, Brasil, Uruguay) que modifican este marco.
Y ha expuesto las consecuencias que se derivan de esta situación a la hora de
definir la validez de un laudo arbitral dictado en el exterior.
Ana Armesto Campo,
del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha cerrado la mesa redonda planteando la
importancia de potenciar otras formas de acuerdo, aún más adaptables a las
necesidades de los clientes, antes de llegar al arbitraje, trabajando la
abogacía y clientes codo con codo. Además, ha planteado la diferencia entre
eficiencia y eficacia, entendiendo que la ley se centra en la eficiencia, para
reducir la carga de asuntos, mientras que a la abogacía lo que le interesa es
la solución más adecuada –eficaz- para los clientes.
El XXIV Congreso de la UIBA se ha cerrado con dos mesas
redondas más. ‘Cambio climático y
perspectivas de cumplimiento de la agenda 2030 Acuerdo de París; delitos y sociedad;
turismo y medio ambiente’ era la primera de ellas. Y en la segunda los
intervinientes han debatido sobre ‘Las
nuevas fuentes energéticas y su regulación; las inversiones en energías
renovables, el caso de España; situación en Iberoamérica’. Finalmente ha
tenido lugar el acto de clausura.
