“La pandemia condicionó nuestro quehacer profesional y nuestra vida personal, pero no impidió que siguiéramos atendiendo a nuestra responsabilidad”, señala la decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP), Blanca Ramos, en la presentación de la Memoria colegial del año 2020, que refleja en cifras los efectos de la llegada del coronavirus sobre la actividad de la institución.
Las asistencias prestadas entre todos los servicios de guardia que presta el MICAP, correspondientes a juicios rápidos, menores, extranjería, y asistencia al detenido, sumaron el año pasado a 4.908, una cifra que supone un descenso del 21% con respecto a las 6.225 de 2019 y que es la menor que se registra desde el año 2014. La reducción se debe a las restricciones de movilidad, al toque de queda y al confinamiento domiciliario.
Por el contrario, crecieron las asistencias prestadas a las
mujeres víctimas de violencia de género, 549 por las 525 de 2019, aunque también
cayeron las asistencias letradas, 1.146 cuando fueron 1.880 en los doce meses
anteriores (se produce más de una a cada mujer). Por otra parte, en 2020 se
contabilizaron 2.907 peticiones de expedientes electrónicos de justicia
gratuita, frente a las 4.551 del año anterior, un 36,1% menos, caída que se
explica por la paralización de la actividad de juzgados y tribunales durante
meses.
Blanca Ramos destaca en la presentación de la Memoria que la
abogacía de Pamplona permaneció activa, “como servicio esencial que es, en
defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, si bien afectada por la
realidad que nos tocaba vivir. La pandemia condicionó nuestro quehacer
profesional y nuestra vida personal, pero no impidió que siguiéramos atendiendo
a nuestra responsabilidad”. Añade que el Colegio “no se amilanó, sino que se
doblaron los esfuerzos para estar a la altura de la demanda, tanto de los
compañeros y compañeras, como de la ciudadanía y la administración de Justicia”.
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| Blanca Ramos, decana del MICAP. |
En este sentido alude a la intensificación de la frecuencia de las comunicaciones, institucionales y personales, con los colegiados “con objeto de que fluyera la máxima cantidad de información” tras la declaración del estado de alarma, o la apuesta por la tecnología “ceñida a las situaciones en las que los derechos de la ciudadanía no se ven afectados por la ausencia de presencialidad”. La adaptación a los protocolos de seguridad sanitaria obligó a desarrollar un “importantísimo esfuerzo” en materia de formación al tener que realizarse por videoconferencias desde el mes de abril, “con sesiones de gran interés y seguimiento masivo por parte de los colegiados”.
En el turno de oficio si bien inicialmente descendió el
volumen de asuntos dada la suspensión de los plazos legales, paulatinamente fue
recuperándose la actividad, reseña la decana, que añade que los servicios de
guardia se prestaron sin incidencias reseñables gracias al trabajo de los
abogados adscritos a los mismos, “que mostraron su compromiso, responsabilidad
y máxima dedicación”, y alude a la creación de una lista de voluntarios para
reforzar cada servicio de guardia localizada en caso de ser necesaria la
sustitución por enfermedad.
Blanca Ramos llama a “tener confianza y esperanza en un
horizonte más claro, que nos permita seguir estando a la altura de las demandas
de la ciudadanía” y dice que si “acometer tanto y tan variado trabajo” es complicado
en tiempo ordinario, “más lo es cuando debe realizarse en una situación
desconocida para todos, plagada de incertidumbres y en torno a una preocupación
sanitaria de primer nivel”.
“Para muchos será un año para olvidar, pero es nuestra
obligación recordarlo y aprender de lo que ya forma parte de nuestra historia”,
concluye la decana.
