Durante el año 2020 el MICAP tramitó 2.907 peticiones de expedientes electrónicos de justicia gratuita, una cifra notablemente más baja que en otros años como consecuencia de la crisis sanitaria, que paralizó la actividad de juzgados y tribunales durante meses. El año anterior fueron 4.551 por lo que el descenso alcanza un 36,12%, y el máximo se contabilizó en 2017 con un total de 5.070 peticiones.
Para tramitar e informar al ciudadano sobre las cuestiones relacionadas con la justicia gratuita, el MICAP dispuso durante el año 2020 de un Servicio de Orientación Jurídica, formado por ocho abogados y abogadas especializados que, además de atender a la ciudadanía, recaba la información socioeconómica de la unidad familiar en atención a la obtención del beneficio de justicia gratuita, orienta la pretensión a defender y emite, en su caso, informe provisional favorable a la obtención del beneficio de justicia gratuita, que permite, a su vez, designar profesionales de oficio.
Durante los meses de la declaración de estado de alarma el
servicio del SOJ se siguió prestando diariamente, pero en lugar de hacerlo por
los dos abogados de turno como suele ser habitual, lo hizo uno y limitando la
atención presencial. Para ello, se habilitó el teléfono de atención y un correo
electrónico para que los ciudadanos pudieran contactar con el servicio y
solicitar y presentar la documentación pertinente. Durante la desescalada el
servicio volvió a ser prestado por dos abogados al día y con cita previa, pero
implementando la atención telefónica y telemática tanto para abogados como para
ciudadanos.
La Ley de Asistencia Jurídica gratuita establece un
requisito económico objetivo para poder acceder al Abogado de Oficio, que es el
que la unidad familiar del solicitante no supere el doble del Indicador Público
de Renta de Efectos Públicos (IPREM) del año en el que se efectúa la solicitud.
