Maribel Martínez, coordinadora del Servicio de Atención a la Mujer del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, ha participado en la VIII Jornada de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y celebradas la semana pasada en Madrid bajo el lema ‘Protección a las víctimas. Nuevos escenarios’.
En concreto, Maribel Martínez, que es vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE, moderó el debate sobre ‘Violencia económica’ en el que intervinieron José Soler Llácer, fiscal de la Fiscalía de Elche, y Raquel Marco Espejo, abogada especialista en violencia de género.
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| Maribel Martínez, entre Raquel Marco y José Soler. |
Raquel Marco manifestó que “en lo que respecta a la
violencia económica hemos avanzado muy poco. Es una forma de violencia de
control a las víctimas que genera temor y viene asociada a un maltrato
psicológico que se da por aceptado en la pareja”. La abogada ha subrayado que este tipo de violencia no está tipificado
y, en muchas ocasiones, se considera un simple incumplimiento de pensiones. Por
ello, en su opinión, una reforma legislativa no solucionaría el problema: “Con
una buena instrucción de los procedimientos podría encajar en un delito de
coacciones. Para eso, necesitamos que los operadores jurídicos tengan más
empatía y perspectiva de género, de que existe ese peligro para las víctimas”.
Para José Soler “los medios no son suficientes pero los
tenemos tanto a nivel constitucional, internacional, tanto penal, y la Fiscalía
los puede utilizar para evitar que la víctima deje de acusar por cuestión de
falta de medios”. El fiscal incidió también en la necesidad de promover la
igualdad y evitar la discriminación, aunque destacó que “queda mucho por hacer.
Es necesario estudiar esta materia y articular nuevos delitos, rentas y medios
para el acceso a las víctimas”.
La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, abrió la Jornada
con un discurso en el que subrayó que “sólo con una igualdad efectiva podremos
erradicar la violencia de género y conseguir una sociedad libre a la que la
Abogacía no está dispuesta a renunciar”. “Si el drama de la violencia de género
era ya una asignatura pendiente, parece que la pandemia lo ha estimulado aún
más, como así se derivan de datos facilitados por la Fiscalía, el Poder
Judicial y varios ministerios”, declaró Ortega, quien insistió en que para
ello, “es necesario un cambio estructural en recursos, leyes, tribunales y, por
supuesto, también en las instituciones”.
Entre las conclusiones más destacadas de la VIII Jornada de
Abogados y Abogadas de Violencia de Género aparece la necesidad de la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal “para que los abogados puedan representar a
las víctimas hasta la apertura del juicio oral” tal y como se reconoce a los
abogados que defienden a los acusados. En el mismo sentido, quienes deben velar
por los derechos de las mujeres que sufren algún tipo de maltrato reivindican
“una asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la
denuncia”. En las conclusiones, los
abogados y abogadas especializados en la materia inciden también en que “es
fundamental modificar la normativa para la inclusión de la Abogacía Española
como miembro del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer”.
