La Justicia ni ha estado ni está a la altura de lo que
merece nuestro país.
Resulta desgarrador
que lo suscribamos
los abogados, que
no solo somos colaboradores de la Justicia, sino
parte imprescindible de un engranaje necesario para que pueda administrarse
adecuadamente y que hemos prestado servicio en la crisis, en materia laboral,
penal, administrativa, fiscal,
de familia o
al lado de
las víctimas de violencia. Al igual lo han hecho los
Colegios, tramitando solicitudes, ideando la forma de continuar con su formación
y con su
compromiso y con
un turno de
oficio que ha seguido funcionado todos los días, las 24
horas.
Desde la primera declaración del estado de alarma ha
parecido que la mayor y, quizás, única preocupación de la Administración de la Justicia
ha sido su cierre,
gráficamente manifestado en la suspensión e interrupción de los plazos
procesales. Y, sin plazos, no hay avance de ningún procedimiento judicial, sino
un poder del Estado en cuarentena.
Cuando las fases de la desescalada permiten el acercamiento
social y se puede acudir con la correspondiente protección al trabajo,
comercios o terrazas, sigue sin ser posible celebrar juicios a los que,
en muchas ocasiones,
únicamente asisten los abogados de las partes y el juez, todos
ellos situados en unos estrados en los que, en general, puede mantenerse una
distancia de dos metros.
Son factibles, también en la Justicia, las pantallas de
metacrilato, las mascarillas, el uso de desinfectante, el hidrogel, todo aquello
que ha
terminado asumiendo con normalidad y disciplina el ciudadano y
que le permite pasear, hacer deporte, trabajar y relacionarse. ¿Por qué la
Justicia es diferente?
También son posibles, aunque
subsidiarias, las videoconferencias, que no
pueden reemplazar a la presencia física, ya que están expuestas a
interrupciones, caídas de red, vacíos de voz o de imagen e interferencias
técnicas, lo que en un juicio puede producir situaciones indeseadas e incluso
indefensión.
Ha sido viable, así mismo, el teletrabajo, sobre todo con
herramientas técnicas avanzadas, como la que existe en Navarra.
Es posible y es necesario que este poder del Estado
funcione. Sería deseable que su funcionamiento fuera, además, ejemplar. Está en juego
nada menos que la
tutela judicial efectiva de nuestros conciudadanos. El próximo día 4 de junio
se alzan los
plazos procesales. Los procedimientos judiciales pueden y deben
avanzar al ritmo legalmente establecido y la abogacía está preparada para ello.
Esta fecha ha de suponer un punto de inflexión para poner en
marcha lo que nunca debió pararse. Estamos, todos, obligados a recuperar el
tiempo perdido para que la ciudadanía sienta protegidos sus derechos e intereses
y confíe en que el servicio público
encargado de su tutela vuelve a funcionar.
A todos nos va a suponer un esfuerzo y debemos adaptarnos a las
nuevas circunstancias, al igual
que lo está
haciendo el conjunto
de la ciudadanía
en sus actividades laborales,
empresariales y profesionales, con
no pocos sacrificios.
Los servicios públicos ni pueden ni deben ser una excepción y mucho
menos puede serlo la Justicia.
Por la abogacía no va a quedar.
Blanca
Ramos Aranaz, Luis Miguel Arribas Cerdán, Bernardo Lacarra Albizu, Luis Goñi
Jiménez, Alfredo Irujo Andueza, Javier Caballero Martínez. Abogados. Decanos y consejeros
del Consejo General de la Abogacía Española.
