viernes, 3 de abril de 2020

Crisis generada por el Covid-19: modificación y resolución contractual en base a la cláusula “Rebus sic stantibus”



Por Jesús María Bayo Moriones, abogado (*)

La Ley 498 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra 

Al contrario que en derecho común en el que la cláusula “rebus sic stantibus” es de creación jurisprudencial, en nuestro Derecho Foral, viene expresamente recogida en la Ley 498 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, antes, con idéntica redacción, en el tercer párrafo de la ley 493, incardinada en el Capítulo III (de la revisión de las obligaciones), Título I (de las obligaciones en general), Libro IV (de las obligaciones, estipulaciones y contratos). Es decir, se encuentra dentro del ámbito del derecho civil patrimonial, aplicándose por lo tanto, a las obligaciones en sentido técnico.

La  citada  Ley  498,  dice:  ““Rebus  sic  stantibus”   Cuando  se  trate  de obligaciones  de  largo  plazo  o  tracto  sucesivo,  y  durante  el  tiempo  de cumplimiento se altere fundamental y gravemente el contenido económico de la obligación o la proporcionalidad entre las prestaciones, por haber sobrevenido circunstancias  imprevistas  que  hagan  extraordinariamente  oneroso  el cumplimiento  para  una  de  las  partes,  podrá  esta  solicitar  la  revisión  judicial para  que  se  modifique  la  obligación  en  términos  de  equidad  o  se  declare  su resolución.”

El ámbito de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” en Navarra, salvo en la previsión tendente a declarar la modificación de la obligación o su resolución, es  prácticamente  coincidente  con  cuanto  viene  estableciendo  reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que le ha negado los efectos rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato, otorgándole los modificativos del mismos,
encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones.

El  planteamiento  que  subyace  a  dicha  Ley  en  Navarra  y  a  la  doctrina jurisprudencial en territorio de derecho común, es que cuando se concluye un contrato cuya ejecución se prolonga o se aplaza durante un largo periodo de tiempo, los contratantes establecen los términos del contrato, en atención a las circunstancias vigentes en dicho momento o las que sea normal prever y que dichas  circunstancias,  condicionan  tácitamente  el  mantenimiento  en  vigor  del contrato.

Ámbito de aplicación 

Del  tenor  literal  de  dicha  ley,  se  desprende  que  resulta  de  aplicación  a  las obligaciones a largo plazo o de tracto sucesivo, del mismo modo que se hace en la aplicación de dicha cláusula en el ámbito de derecho común, que también se  aplica  exclusivamente  a  las  obligaciones  que  entran  en  esas  categorías. Recordemos que los contratos de tracto sucesivo son aquellos cuya prestación
o prestaciones recíprocas o no, se deben producir en distintos actos separados temporalmente,  como  los  distintos  arrendamientos  de  cosas  o  servicios, compraventa  a  plazos,  préstamo,  etc.  Sin  embargo  no  se  señala  por  el   legislador qué debe entenderse por “obligaciones a largo plazo”, omisión que deja en manos de los tribunales la apreciación de dicha característica.

Hay  que  advertir  que  a  las  relaciones  entre  consumidores  o  usuarios  y empresarios, les será de aplicación la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y demás normas sectoriales que les resulten aplicables.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,  adopta  medidas  que  suponen  la  modificación  condiciones  de determinados contratos, y por lo tanto pueden hacer innecesaria la aplicación de la cláusula “rebus si stantibus”.


Requisitos para su aplicación 

1º.-  Según  la  Sentencia  del  TSJ  de  Navarra,  (Sala  de  lo  Civil  y  Penal) Sentencia num. 7/1995 de 24 mayo RJ\1995\4330, “La doctrina ya consolidada estima  como  premisas  imprescindibles  para  su  aplicación:  alteración extraordinaria  de  las  circunstancias,  al  momento  de  cumplir  el  contrato,  con relación  a  las  concurrentes  al  tiempo  de  su  celebración;  que  todo  ello
acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente impresivisibles. Requisitos recogidos igualmente en la de 16 octubre 1989 (RJ 1989\6927) que, haciéndose eco de la doctrina inserta en las Sentencias de 14 diciembre 1940 (RJ 1940\1135), 17 mayo 1941 (RJ 1941\632), 5 junio 1945 (RJ 1945\632) y 17 mayo  1957  (RJ  1957\2164),  añade  para  su  aplicación  la  existencia  de  una
desproporción  exorbitante,  producida  fuera  de  todo  cálculo,  entre  las pretensiones  de  las  partes  contratantes  ,  que  verdaderamente  derrumben  el contrato  por  aniquilación  del  equilibrio  de  las  prestaciones,  siendo  de  similar tenor las Sentencias de 23 abril y 8 julio 1991 (RJ 1991\3023yRJ 1991\5376), 6 noviembre y 31 diciembre 1992 (RJ 1992\9226yRJ 1992\10664), 14 diciembre 1993  (RJ  1993\9881)  y  15  marzo  y  20  abril  1994  (RJ  1994\1784yRJ 1994\3216).”

Es  decir,  es  necesario  que  concurran  circunstancias  extraordinarias  e
imprevisibles  que  no  existían  en  el  momento  del  otorgamiento  del  contrato.
Está  claro  que  la  crisis  sanitaria  actual,  provocada  por  el  COVID-19,  es  una
circunstancia  extraordinaria,  y  con  carácter  general,  se  puede  decir  que
imprevisible.


2º.-  Otro  de  los  requisitos  para  la  aplicación  de  la  ley  es  que  “se  altere fundamental  y  gravemente  el  contenido  económico  de  la  obligación  o  la proporcionalidad  entre  las  prestaciones  (..)  que  hagan  extraordinariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes”

Se  refiere  la  ley  a  la  finalidad  del  contrato  (que  se  ve  frustrada)  y  la conmutatividad (desequilibrio en las prestaciones)  del mismo, estando ello en   3 relación con la denominada “base del negocio” de la doctrina alemana, y a la que se refiere, entre otras, la Sentencia  del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª),  núm.  514/2010  de  21  julio  (RJ  2010\3897),  según  la  cual  :  “La llamada  « base del negocio »,  desarrollada  por  la  doctrina  alemana,  se  funda
en  la  correlativa  equivalencia  de  las  prestaciones  en  relación  con  el  móvil impulsivo que determinó a las partes a contratar y consiste, del lado subjetivo, en una determinada representación común de las partes o aquello que esperan los intervinientes en el negocio y que les ha determinado a concluir el contrato; y  del  lado  objetivo,  en  la  circunstancia  cuya  existencia  o  subsistencia  sea
objetivamente  necesaria  para  que  el  contrato  -según  el  significado  de  las intenciones  de  ambas  partes-  pueda  mantenerse  como  una  regulación  con sentido.”

Según  dicha  doctrina  la  causa  no  ha  de  esta  presente  solo  en  el momento  inicial  de  formación  del  contrato  sino  que  ha  de  acompañar igualmente  durante  su  ejecución  y  así  la  ausencia  sobrevenida  de  causa permite al contratante afectado solicitar la modificación del contrato o incluso su resolución.  Las  hipótesis  de  la  excesiva  onerosidad  son  dos, fundamentalmente:  que  la  excesiva  onerosidad  refleje  un  substancial incremento  del  coste  de  la  prestación,  o  bien,  en  sentido  contrario,  qué  la excesiva  onerosidad  represente  una  disminución  del  valor  de  la contraprestación recibida.

  Sin perjuicio de las circunstancias concretas de cada caso, es innegable que  con  carácter  general  la  crisis  sanitaria  en  que  nos  encontramos  está afectando  negativamente  a  múltiples  sectores  económicos.  Para  que  esta circunstancia  altere  la  “base  del  negocio”,  según  la  propia  Ley  498,  debe hacerlo fundamental o gravemente. Por ello se verán principalmente afectadas
actividades que se enumeran en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19.  Sin  embargo,  la frustración  del  negocio  no  se  dará  en  todo caso,  ya  que, la disminución o  el cese  de  actividad  tendrá  un  carácter  temporal  y  por  lo  tanto  en  numerosos
supuestos,  los  contratos  suscritos  (arrendamiento,  suministro,  franquicia, compraventa,  etc.)  seguirán  teniendo  causa  objetiva.  Para  poder  apreciar  la excesiva onerosidad, es necesario que el cambio operado de las circunstancias en  la  actividad  económica,  lleve  a  un  resultado  reiterado  de  pérdida  o  a  la completa desaparición de cualquier margen de beneficio.

Cuestión  subsiguiente  es  la  crisis  económica  que  nos  puede  deparar como  consecuencia  de  la  citada  crisis  sanitaria.  En  este  caso,  el  Tribunal Supremo,  (Sala  de  lo  Civil,  Sección1ª)  en  Sentencia  núm.  64/2015  de  24 febrero. (RJ 2015\1409) viene a señalar, en referencia a la crisis económica de 2008,  que  puede  ser  considerada  abiertamente  como  un  fenómeno  de  la
economía  capaz  de  generar  un  grave  trastorno  o  mutación  de  las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido. No obstante, reconocida  su  relevancia  como  hecho  impulsor  del  cambio  o  mutación  del contexto económico, la aplicación de la cláusula rebus no se produce de forma 
generalizada  ni  de  un  modo  automático,  es  imprescindible  contrastar  su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de que se trate.


Es  oportuno  señalar  que  para  determinar  si la  prestación  se  ha hecho excesivamente  gravosa,  la  prolijidad  de  los  múltiples  factores  concurrentes lleva  a  considerar  la  cuestión  como  casuística,  no  siendo  posible  por  tanto establecer pautas generales, sino que deberá analizarse caso por caso. Así lo señala  el  Tribunal  Superior de  Justicia  de  Navarra, (Sala  de lo  Civil  y  Penal,
Sección1ª) en Sentencia núm. 17/2013 de 12 noviembre (RJ 2014\1564).

En  cualquier  caso,  el  onus  probandi  recae  en  quien  prentende  la aplicación  de  la  cláusula,  por  lo  que  debe  acreditar  la  incidencia  de  la  crisis sanitaria o la previsible futura crisis económica, en la frustración del contrato o la desproporción de las prestaciones, ya que, como indica el Tribunal Supremo, la cláusula no se aplica de manera automática.

Efectos 

Como la propia Ley 498 señala, la revisión judicial puede consistir en modificar la obligación en términos de equidad o en declarar su resolución.

Como es lógico la norma navarra, así como la jurisprudencia en el ámbito de aplicación  del  derecho  común,  ordena  resolver  en  equidad,  dado  que  no  se puede  resolver  conforme  a  Derecho,  de  lo  contrario  se  aplicaría  la  norma positiva (como puede ocurrir con las medidas aprobadas por el Real Decreto Ley  11/2020,  de  31  de  marzo)  siendo  así  innecesaria,  la  aplicación  de  la
cláusula “rebus si stantibus”.

La  equidad  es  definida  por  la  RAE,  entre  otras  acepciones,  como  la  justicia natural  por  oposición  a  la  letra  de  la  ley  positiva,  y  como  moderación  en  el precio  de  las  cosas  o  en  las  condiciones  de  los  contratos,  acepciones  que consideramos validas a efectos jurídicos.

Según  la  ya  citada  Sentencia  num.  17/2013,  de  12  noviembre  del  TSJ  de Navarra, (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª): “Ante esta disyuntiva caben dos posibilidades:  una,  lo  único  que  debe  hacer  el  juez  es  verificar  que  la prestación debida por el deudor se ha hecho excesivamente gravosa, de modo que acreditado ese extremo deberá declarar la justicia de la datio in solutum; y
otra,  segunda,  que  ese  juicio  de  equidad  sería  incompleto  si  no  atendiera también al interés del acreedor.” Aunque dicha sentencia se dictó en aplicación del  artículo  493.2  del Fuero  Nuevo  de  Navarra  en  su  redacción  anterior  a  la establecida  por  Ley  Foral  21/2019,  de  4  de  abril,  de  modificación  y actualización  de  la  Compilación  del  Derecho  Civil  Foral  de  Navarra  o  Fuero
Nuevo, que recogía la el pago por sustitución, resulta también aplicable al juicio de equidad que debe hacerse conforme a la Ley 498.

En cuanto a la modificación de la obligación, no establece ningún límite la ley por  lo  que  se  entiende  que  podrá  afectar  a  cualquiera  de  los  pactos  del contrato (precio, duración, eficacia, etc).

El  problema  actual  es  que  quien  debe  establecer  los  nuevos  términos  del contrato  o  la  resolución  del  mismo,  es  el  Juez,  no  pudiéndose  modificar  las condiciones  del  contrato  de  manera  unilateral  por  una  de  las  partes.  En  las obligaciones de tracto sucesivo tiene importancia el establecimiento de la fecha de  efectos  de  la  modificación  de  las  obligaciones,  es  decir,  determinar  si  se puede  dotar  de  efectos  retroactivos  a  la  modificación,  si  los  efectos  serán
desde la interposición de la demanda, o bien, si la modificación tendrá efectos desde el pronunciamiento judicial.

Creo que es indudable que no procedería en ningún caso el establecimiento de efectos  retroactivos  previos  a  una  declaración  del  deudor  que  pusiera  de manifiesto el cambio extraordinario e imprevisto de circunstancias, así como las modificaciones que reequilibrarían las prestaciones.

La  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Asturias  (Sección  7ª)  num. 278/2016, de 30 junio ,que posteriormente fue revocada por indebida aplicación de  la  cláusula  “rebus  sic  stantibus”,  estableció los  efectos  de  la  modificación acordada desde la interposición de la demanda. El carácter constitutivo de la revisión judicial de la obligación, parece derivarse de la dicción literal de la Ley 498,  y  la  regla  general  propia  de  la  naturaleza  jurídica  de  las  resoluciones constitutivas es la de la irretroactividad, aunque esta ha sido matizada por la jurisprudencia. Una solución a este dilema sería la de solicitar la adopción de medidas  cautelares  para  la  suspensión  o  modificación  temporal  de  la obligación, junto con el ejercicio de la acción que deriva de la Ley 498.

Si en lugar de a la modificación de la obligación, la equidad lleva a la resolución de  la  obligación,  cabe  plantearse  si,  como  en  supuesto  de  resolución  por incumplimiento  contractual  cabe  la  convalidación  judicial  de  la  resolución extrajudicial. La jurisprudencia acepta la validez de la resolución extrajudicial si constata el cumplimiento de sus obligaciones de la parte que insta la resolución y  el  incumplimiento  esencial  de la  parte  frente  a  quien  se  insta  la  resolución
contractual,  es  decir,  la  ratificación  de  la  resolución  ya  practicada  por  el acreedor.  Creemos  que  no  resulta  de  aplicación  dicha  doctrina,  dado  que  la resolución  no  tiene  como  causa  el  incumplimiento  de  una  de  las  partes  (el Código Civil presume la concurrencia de culpa en la parte incumplidora), sino la concurrencia de unas circunstancias extraordinarias e imprevisibles, en la que
ninguna  de  las  partes  tiene  culpa.  Es  decir,  cabe  entender  que  el  contrato seguirá desplegando sus efectos hasta que recaiga la decisión judicial, lo que tiene  trascendencia  en  los  contratos  de  tracto  sucesivo,  que  deberán  seguir siendo  cumplidos  hasta  dicho  momento,  salvo  que,  como  en  el  supuesto  de modificación de los términos de la obligación, se adopten medidas cautelares
en sentido contrario.

En caso de considerarse que la resolución extrajudicial tiene efectos respecto de las obligaciones de tracto sucesivo (respecto de las obligaciones de tracto único siempre tiene efectos retroactivos), es de interés determinar si basta la mera  declaración  no  sujeta  a  ninguna  forma  dirigida  a  la  otra  parte,  o  es necesario que se produzca la efectiva retribución de prestaciones o, al menos
su puesta a disposición. Por ejemplo en el contrato de arrendamiento, ¿sería exigible la entrega de llaves para que dicha voluntad resolutoria fuera eficaz? Y ello  partiendo  de  la  hipótesis  de  que  no  fuera  necesario  el  previo pronunciamiento judicial que diera lugar a la resolución.

 Conclusión 

La situación de crisis sanitaria no permite una aplicación general y automática de la cláusula “rebus sic stantibus” consagrada en la ley 498 que requiere un pronunciamiento judicial, que no se podrá dar con la suficiente celeridad, dado que  se  estas  pretensiones  no  se  encuentran  dentro  de  las  calificadas  como urgentes en las Instrucciones del Consejo General Del Poder Judicial relativas
a  la  prestación  del  servicio  publico  judicial  ante  la  situación  generada  por  el Covid-19.

La solución a los conflictos que se puedan dar en la ejecución de los contratos de tracto sucesivo, vendrá dada para muchos de ellos en las previsiones del RDL  11/2020,  de  31  de  marzo.  Para  los  que  no  estén  contemplados  en  el mismo,  y  una  vez  superado  el  estado  de  alarma  y  recuperado  el funcionamiento  normal  de  los  Juzgados  y  Tribunales,  habrá  que  establecer
para cada caso concreto, si la crisis sanitaria supone una alteración grave de las circunstancias que haga muy gravoso el cumplimiento del mismo.

Pamplona, 1 de abril de 2020

(*) Jesús María Bayo Moriones es coordinador de la sección de Derecho Civil y Foral de la Comisión de Estudios y Normativa del MICAP.

 

© 2014 MICAP Gabinete de Comunicación online. Rediseñado sobre la plantilla Templateism

Back To Top