sábado, 11 de abril de 2020

Blanca Ramos: “Los abogados seguimos al pie del cañón y el Colegio a nuestro lado” (II)


Publicamos la segunda y última parte de la entrevista concedida por la decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona en la que aborda diversas cuestiones sobre la influencia que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19 genera tanto a la abogacía como a la sociedad en general.   

-¿Qué servicios se siguen ofreciendo a la ciudadanía desde el Colegio?
El Colegio mantiene todos sus servicios a la ciudadanía, si bien han debido adaptarse los medios a las circunstancias y sustituir la asistencia presencial, por ejemplo en SOJ y SOJP, por la telefónica o por correo electrónico. Se siguen atendiendo las solicitudes de nombramiento de abogado, desde el día 14 de marzo y hasta el jueves 2 de abril se han efectuado 115 designaciones. El servicio de asistencia en prisión atiende una media de 5 ó 6 asistencias diarias, tres días por semana. Se han registrado 59 asistencias a personas detenidas, 10 a víctimas. Lo cierto es que aunque los plazos ordinarios están suspendidos, los abogados seguimos al pie del cañón y el Colegio a nuestro lado.

-¿El confinamiento agrava el problema de la violencia sobre la mujer? ¿Qué pueden hacer las mujeres que padecen ahora esa violencia?
La convivencia con la persona que maltrata en la misma vivienda y de forma tan prolongada sólo puede originar más violencia y más conflicto. Incluso situaciones que ordinariamente podrían resolverse al margen de los cauces penales pueden derivar en esta jurisdicción ante la imposibilidad de presentar de mutuo acuerdo las demandas de divorcio o medidas. Curiosamente, ha descendido mucho el número de asistencias prestadas por el SAM en este tiempo (se han registrado 10), muy probablemente porque las personas que han llamado al 016 no han denunciado y pueden haber sido trasladadas a la casa de acogida para evitar mayores conflictos.
En todo caso, la legislación protege de la misma forma a las mujeres víctimas y se han activado medidas especiales en el RD Ley 12/20 de 31 de marzo, en atención a la situación de confinamiento, tales como la habilitación de más espacios por si las posibilidades que ofrecen las casas de acogida resultan insuficientes.

-¿Cómo se afrontan los supuestos de custodia compartida en esta situación?
Es evidente que la situación afecta al derecho de visitas en todos los casos de familia. En ese sentido, el 18 de marzo la Junta sectorial de jueces de familia y violencia sobre la mujer comunicó unos criterios y recomendaciones para los supuestos de falta de acuerdo entre los progenitores. Se indicaba que trataban de ponderar el principio de cumplimiento de las resoluciones judiciales con su adecuación al estado de alarma y las medidas de salud pública.
En casos de custodia compartida el criterio era mantener las entregas arbitrando la forma en que los menores quedasen menos expuestos al contagio, mantener también las visitas de fines de semana en todos los supuestos, con o sin pernocta, suspender las intersemanales sin pernocta y también las visitas tuteladas en puntos de encuentro familiar.

-¿Cómo afecta esta crisis a las personas internas en centros penitenciarios y a las extranjeras?
Las personas presas siguen manteniendo su derecho a la defensa, bien a través de sus abogados de libre elección, bien a través del SOJP. El servicio colegial se presta temporalmente de forma telefónica, no presencial, dadas las circunstancias. En la web colegial se pueden encontrar todas las instrucciones y notas de Instituciones Penitenciarias en relación con las comunicaciones de los internos con el exterior y especialmente con sus abogados.
También, respecto a las personas extranjeras, se está permitiendo la presentación de solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia y larga duración de forma telemática por los abogados, para ser ratificadas cuando sea posible por las personas interesadas, de forma que la actividad no se ha paralizado, pese a la situación.

¿Se perciben cambios en el número y tipo de delitos como consecuencia de las anómalas circunstancias que vivimos?
Se ha detectado un descenso en el número de detenciones y de asistencias, pues no se cita a las personas investigadas ni en los centros de detención, ni en el Juzgado. Es previsible que, cuando retornemos a la normalidad, esas actuaciones se incrementen de forma muy notable.
De entre los tipos penales destacan los delitos de desobediencia y maltrato, con un descenso notable de los delitos contra la propiedad.

-Se está prestando asistencia por medios telemáticos al detenido, ¿están garantizados los derechos de las personas y su protección?
La asistencia a la persona detenida por medios telemáticos está prevista en la Ley con carácter excepcional y debe reunir todas las garantías. Se está haciendo así en nuestro servicio en muchos casos, desde el Juzgado de guardia. Mi opinión es que debemos colaborar en la prevención del contagio, pero preservando intactos los derechos de las personas detenidas. Por eso, antes de decretarse el estado de alarma, contacté con todos los cuerpos de detención y sus máximos responsables para que ningún abogado prestase asistencia sin las debidas garantías de protección. Si no las hubiera, se debe hacer constar y poner en conocimiento del Juzgado la situación.

-¿Apoya la petición del CGAE de ayudas económicas para los abogados?
Respecto a la solicitud de ayudas para los abogados, como parte del CGAE, las hacemos nuestras para tratar de paliar, por todas las vías posibles, las consecuencias negativas que la crisis sanitaria va a suponernos. En esa misma línea estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos, para solicitar, a nivel de nuestra Comunidad, las ayudas necesarias para mutualistas y autónomos.

-¿Qué opina de la posible aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus"?
Precisamente nuestro compañero Jesús M. Bayo ha escrito recientemente un artículo en el blog, en el que examina la ley 498 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra. Comparto con él que la aplicación de esa cláusula no puede ser automática y general, sino que, al margen de los acuerdos que en tantas ocasiones alcanzamos los abogados, requerirá un pronunciamiento judicial sobre si esta crisis sanitaria supone una alteración tan grave de las circunstancias que convierta en definitivamente gravoso el cumplimiento de los contratos.

-¿Y sobre la problemática que plantea el concepto de fuerza mayor en el cumplimiento de los contratos?.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que la jurisprudencia ha ido perfilando pero su interpretación genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Afecta a todos los ámbitos del derecho, con especial relevancia en el laboral, civil, contractual y de consumo. Para contemplar este supuesto debe valorarse que la situación sea impredecible, inevitable y no querida por las partes. Habrá que estar al caso para valorar si procede la exoneración del cumplimiento contractual y si se ha impedido el cumplimiento de las obligaciones. Probablemente la solución a muchos casos será la renegociación de condiciones, los acuerdos u otros medios que eviten el previsible colapso de los Tribunales.

 

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