El consejero de Políticas Migratorias y
Justicia, Eduardo Santos, se reunió el lunes, 30 de septiembre, con una
delegación de la Junta de Gobierno del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, a
la que informó sobre la buena disposición de Instituciones Penitenciarias de
cara a resolver los inconvenientes que los letrados encuentran durante su
trabajo en la cárcel de Pamplona.
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| De izda. a dcha, Rafael sainz de Rozas, Blanca Ramos, Eduardo Santos, Fernando Azagra y Mª Josefa Urteaga. |
La reunión tuvo lugar en la sede del
MICAP. La decana Blanca Ramos encabezó la delegación colegial, integrada además
por Fernando Azagra, vicedecano, y Maria Josefa Urteaga, presidenta de la
Comisión del Turno de Oficio y Derechos Humanos. Junto al consejero Santos
asistió también el director general de Justicia del Gobierno Foral, Rafael
Sainz de Rozas.
La reunión era una primera toma de
contacto, de las que están llevando a cabo el Consejero y del Director
General de Justicia con distintos representantes y actores de la Administración
de Justicia para presentar las líneas generales que van a presidir la actuación
de la Consejería, ya expuestas en sede parlamentaria. Los representantes del
MICAP mostraron “su disposición a colaborar en lo que fuera preciso para
mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía, aportando nuestra
experiencia y el punto de vista de los abogados, que es el más próximo a los
justiciables”, según la decana, quien añadió que tanto el consejero como el
director general se mostraron “receptivos a las sugerencias que se les puedan
hacer llegar, a lo que nos hemos comprometido”.
Derechos de los ciudadanos
Ambas partes coincidieron en la
importancia de que los ciudadanos conozcan sus derechos de la mano de profesionales
que les ofrezcan asesoramiento legal antes de adoptar decisiones que les
afectan, de las vías complementarias a la judicial para resolver los conflictos
-la mediación o el arbitraje-, de cuestiones como la calidad de la
Administración de Justicia y la nueva oficina judicial y de la problemática que
los profesionales encuentran en el desarrollo de la labor de defensa. También
se abordaron las posibilidades de dar los primeros pasos en la ampliación del
Palacio de Justicia, la importancia de la labor del turno de oficio, el
funcionamiento y mejora de herramientas como el portal de servicios
profesionales o el interés por impulsar la asistencia a las víctimas en la
Oficina de víctimas e incrementar el número de profesionales que realizan las
valoraciones forenses.
Según Blanca Ramos, desde el Colegio se
destacó “la relevancia de la labor de los abogados y la alta valoración que
otorga la ciudadanía a sus servicios”, y se planteó la mejora del turno de
oficio, al tiempo que sus representantes aprovecharon para informar de las
campañas que se están llevando a cabo para incentivar la abogacía
preventiva y la importancia de concienciar sobre los derechos. También
anunciaron la próxima presentación oficial de la página web de Derecho
Penitenciario, “una herramienta muy útil para los profesionales del sector y
expertos, referencia a nivel nacional y reconocida también fuera de nuestras
fronteras”, recordó la decana.
Por último, el consejero y el director general
informaron de su reciente reunión con el secretario general de Instituciones
Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y con la ministra de Justicia, Dolores
Delgado, en concreto de la posición “proactiva” de Ortiz sobre la problemática
que desde el Colegio se le había trasladado ya, al igual que al Defensor del
Pueblo, Delegación del Gobierno y al propio director del Centro Penitenciario de
Pamplona, en relación con el acceso a la cárcel y las incidencias que desde el
Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria se vienen detectando. “Nos trasladaron
que se van a tomar medidas para atender a buena parte de estas peticiones, y es
el mensaje que hemos querido transmitir, a nuestra vez, al Colegio de
Abogados”, manifestó Eduardo Santos.
