La sala de conferencias del M.I Colegio de abogados de Pamplona acogió el pasado día 30 de abril el taller Cuestiones controvertidas sobre el nuevo baremo y herramientas para mejorar las indemnizaciones de las víctimas. El encuentro fue una iniciativa de la asociación DIA, una ONG declarada de Utilidad Pública que desde 2003 atiende a víctimas de todo tipo de accidentes y a sus familiares en toda España. Entre sus objetivos, está el de poner a disposición los abogados/as de las víctimas herramientas destinadas a optimizar las prestaciones y cantidades indemnizatorias a reclamar.
La sesión, presentada por el abogado del MICAP Miguel Martínez De Lecea, contó con la participación de Francisco Canes Doménech, presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes y Fundtrafic; de la abogada Elena Fernández Cuadrado, coordinadora de atención a víctimas en la Asociación DIA; y de Yolanda Resano, psicóloga especialista en atención a víctimas, colaboradora con la Asociación DIA.
La primera intervención corrió a cargo de Doménech, quién consideró que “estamos asistiendo constantemente a campañas de descrédito de las víctimas, entonces pensamos que tenemos que ser muy serios para no dar credibilidad estas cuestiones que perjudican a tanto a los abogados como a las víctimas”.
Asimismo, recordó que “las víctimas necesitamos del abogado para defender nuestros derechos. Tenemos que ponernos en sus manos y no hay nadie más preparado que un abogado para proteger nuestros derechos”.
A continuación, tomó la palabra Resano, quien incidió en los mecanismos de evaluación del daño psicológico y de las dificultades que se plantean a la hora de cuantificar las secuelas. Y también expuso algunas de las herramientas que se pueden poner al servicio del informe pericial psicológico.
La última intervención corrió a cargo de Elena Fernández, abogada, coordinadora de atención a víctimas en la Asociación DIA.
“No es lo mismo evaluar el prejuicio moral que el daño corporal, que evidentemente es lo que el médico valora”
La abogada Elena Fernández Cuadrado, coordinadora de atención a víctimas en la Asociación DIA, participó el pasado día 30 de abril en la jornada Cuestiones controvertidas sobre el nuevo baremo y herramientas para mejorar las indemnizaciones de las víctimas. Concretamente centró su intervención en la utilidad de los informes periciales sociales.
¿Qué papel juegan estos informes en la reclamación de indemnizaciones?
El papel del trabajo social es algo que se desconoce en materia de indemnizaciones por responsabilidad civil. Normalmente tiende a asociarse al ámbito de la familia y las custodias, pero en esta materia puede ser importante porque a la hora de evaluar el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, por ejemplo, se tiene en cuenta la afectación de las actividades y la importancia que estas actividades tienen en el individuo.
Es un trabajo que el abogado en sí no tiene herramientas para realizar, para dar una concreción objetiva de ese prejuicio. Sin embargo, el trabajador social, con las herramientas que tiene como profesional de esta materia, puede hacer un análisis riguroso, exhaustivo y cien por cien fiable tanto frente a las aseguradoras como a los procedimientos judiciales.
Por lo tanto, hablamos de una herramienta propia del campo de trabajo social que pude resultar útil en el ejercicio de la abogacía.
Exacto. El objetivo de la sesión es dar a conocer esta herramienta, ya que es bastante desconocida y puede ser de una tremenda utilidad. Más cuando hablamos de cuantías importantes, que, por ejemplo, en el caso del perjuicio de familiares o el propio por secuelas pueden ascender a los 150.000 €. Se trata de cuantías muy importantes que hay que acreditar con la debida solvencia.
¿Es desconocida porque se trata de un instrumento novedoso o porque se suple de manera habitual con otros medios?
Yo diría que el motivo es que no se ha contado con los trabajadores sociales como los profesionales a los que les corresponde realizar esta valoración. De manera un poco indebida a veces los médicos están evaluando el perjuicio moral sin tener las herramientas adecuadas. Ellos, evidentemente, tienen los medios para evaluar las lesiones físicas, por ejemplo, la movilidad en un brazo, y esto les puede hacer deducir que la persona va a tener complicaciones para realizar sus tareas diarias. Pero el médico no va a entrar en las actividades de ocio de esa persona, en las actividades sociales y familiares, como es normal. Sin embargo, siempre se habla de contar con los médicos. El propio baremo solicita que se aporte un informe médico, y no se habla del trabajo social.
Esto también puede perjudicar al médico, que se ve a veces en un compromiso. Y lo hace en muchas ocasiones atendiendo la petición de un abogado y en parte por desconocimiento. Porque no es lo mismo evaluar el prejuicio moral que el daño corporal, que evidentemente es lo que el médico valora. Pero no tiene las herramientas para evaluar la afectación de las actividades.
¿Qué labor pretende realizar la asociación DIA de cara a los profesionales del derecho?
En la reclamación de indemnizaciones, una de las claves poder probar esas partidas resarcitorias que el abogado está reclamando. Por eso tratamos de proveer a los abogados toda la variedad de informes que puedan necesitar. Por ejemplo, en el caso de los graves lesionados, harían falta un informe de adecuación de vivienda, de incremento de costes de movilidad, de ayudas técnicas… Son muchas necesidades distintas, y hasta ahora, el abogado se ha visto obligado a ingeniárselas para solventarlas.
Es mucho más cómodo contar con un solo proveedor que sea capaz de facilitar todas las herramientas sin necesidad de analizarlo tú. Porque una de las cosas que hacemos es un estudio de viabilidad y en él aclaramos que conceptos son susceptibles de ser indemnizados en cada caso. Y esto facilita bastante la tarea. Por ejemplo, en el caso de indemnizaciones por secuelas, facilita bastante el proceso poder delegarlo todo en alguien que aclare lo que cabe y lo que no cabe reclamar, sin dejar nada a la subjetividad.
