jueves, 11 de abril de 2019

Presentado el informe de la misión de observación del juicio por el asesinato de Berta Cáceres


El pasado martes se presentó en la sede del CGAE el informe de la misión de observación del juicio por el crimen que acabó con la vida de a Berta Cáceres, activista medioambiental y premio Goldman de medio ambiente, y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

La presentación contó con la intervención de Blanca Ramos, decana del M. I. Colegio de Abogados de pamplona y consejera del CGAE; Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres; y Gonzalo Sáenz, técnico de proyectos de la Fundación Abogacía Española.

El informe recoge el trabajo presencial realizado por Ramos y Sáenz como miembros de la delegación española que se desplazó a Honduras entre los días 24 de octubre y 4 de noviembre de 2018. El objetivo de este viaje fue realizar un seguimiento del proceso y del cumplimiento de las garantías; hacer visible la labor de la abogacía, en especial la que defiende los derechos humanos en Honduras que se desarrolla en situación de riesgo; y emitir una opinión jurídica sobre lo observado durante el proceso judicial, con la finalidad de colaborar en la mejora de la Justicia.

La familia de Berta Cáceres, constituida como acusación privada, pretendía que se investigase la implicación de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA) en el asesinato, tras haber obtenido del Gobierno, al parecer de forma ilegal, la concesión de la explotación de una instalación hidroeléctrica cuya construcción suponía el desplazamiento de comunidades indígenas. Esta situación motivó numerosas protestas lideradas por Berta Cáceres, que trascendieron a nivel internacional, lo que conllevó la retirada de fuentes de financiación y, por parte de personas vinculadas a la empresa DESA, se llevaron a cabo fuertes presiones para terminar con estas protestas. Las amenazas que Berta Cáceres sufrió condujeron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas de protección que de nada sirvieron ya que, finalmente, fue asesinada.

Además de estudiar la información sobre la causa penal y de reunirse con diversos representantes institucionales, Sáenz y Ramos hicieron un seguimiento diario presencial de las audiencias del juicio y de la documentación obrante en la causa a la que fue posible acceder. Por otro lado, a pesar de intentar recabar la opinión del Fiscal General de la Nación, no resultó posible mantener una reunión con él, porque no atendió la solicitud cursada a través de la Embajada.


Irregularidades y cuestiones jurídicamente controvertidas

En el informe presentado se recoge un análisis del proceso.  El documento pone de manifiesto diversas irregularidades, tales como la inaccesibilidad a la prueba obrante en la causa por las partes; que el ministerio Público no facilitara acceso a información sobre prueba que se encontraba en su poder, lo que obligó a ser requerida en más de treinta y cinco ocasiones;  la convocatoria de audiencias sin notificar a las víctimas; la falta de medios de investigación; el incumplimiento de los plazos programados; la sustracción de una parte de la causa a una magistrada que irregularmente la sacó del juzgado;  y la falta de entendimiento entre la acusación pública y privada que perjudicó notablemente el esclarecimiento de los hechos y los objetivos de la investigación criminal. 

El documento recoge también cuestiones jurídicamente controvertidas, como la inadmisión injustificada de pruebas que podían resultar fundamentales;  la limitación a la publicidad del proceso sin explicar si ello ponía en peligro otros bienes superiores o procesos ulteriores; la inadmisión del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que lideraba Cáceres,  como acusación privada, pese a que puede considerarse que el asesinato de Berta Cáceres, además de acabar con su vida, tenía como objetivo debilitar el movimiento que lideraba; el inicio del juicio sin haberse resuelto lo procedente sobre la recusación del Tribunal; la falta de acusación a la empresa que estaba construyendo la presa (DESA); y la declaración “en abandono” de la acusación privada.



Durante la presentación del documento, Laura Zúñiga hizo un llamamiento a la reflexión sobre la fiabilidad del sistema judicial hondureño y el nulo papel que han tenido las víctimas en el proceso. Cuestionó la voluntad y el compromiso del Estado hondureño para sancionar determinados delitos. Y reivindicó su derecho a la Justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Para finalizar el acto, Gonzalo Sáenz leyó un comunicado de las 19 organizaciones internacionales que formaron la misión de observación en el que se puso de manifiesto la preocupación por la tardanza en la notificación de la sentencia, el temor a que la redacción final de la misma no coincidiera con el fallo oralmente anticipado y el riesgo que ello pueda suponer para la efectividad de la condena.

Descargar Informe


 

© 2014 MICAP Gabinete de Comunicación online. Rediseñado sobre la plantilla Templateism

Back To Top