La decana del M. I. Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca
Ramos, ha hecho público un artículo de opinión en el que sale al paso de recientes
polémicas relacionadas con decisiones judiciales y hace un llamamiento a
respetarlas, sin renunciar al derecho que la Abogacía tiene a criticarlas a
través de los recursos. “La respuesta ante la
incomprensión o el desacuerdo con una resolución judicial no puede ser nunca el
ataque a las instituciones, o la ofensa personal, ni la sinrazón”, afirma la
decana.
Blanca Ramos proclama, al iniciar su artículo, que “la Abogacía defiende, sin fisuras, la independencia
judicial, entendida como la necesaria ausencia de influencias por parte de
otros poderes del Estado o de intereses o grupos de presión de cualquier
índole. Resultaría inexplicable otra posición por cuanto, para acceder a la
profesión, nos comprometemos a acatar la Constitución y cumplir el ordenamiento
jurídico. La Constitución deja claro que la Justicia se administra por jueces y
magistrados que deben ser independientes y someterse, únicamente, al imperio de
la ley”.
Añade a continuación que la
obtención de la tutela judicial “es un derecho fundamental de la ciudadanía,
como lo es la defensa y asistencia letrada, el derecho a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas las garantías, la utilización de los medios de
prueba pertinentes para ejercer la defensa y la presunción de inocencia, pilar
sobre el que carga nuestro sistema y que, aunque a veces se cuestione, es un
seguro para todas las personas”.
“En los procedimientos
judiciales –señala la decana-, los jueces deben interpretar la Ley y aplicarla
a través de la técnica jurídica, respetar, por tanto, las reglas establecidas,
valorar en conciencia las pruebas, descender al matiz y emplear criterios
razonables, motivando sus sentencias. Estos deberes garantizan la necesaria seguridad
a quienes precisan de la Administración de Justicia para que resuelva sus
problemas”.
“Los abogados ejercemos
continuamente, a través de los recursos, nuestro derecho a la crítica de las
Sentencias, partiendo de su legitimidad. Ese derecho a la crítica, que no es
patrimonio de la Abogacía, es necesario y esencial, pero no puede traspasar el
límite del respeto a las funciones judiciales”, advierte Blanca Ramos, quien
recuerda que vivimos en un Estado de Derecho y que el Derecho “es el remedio
del que se dota una sociedad evolucionada y cabal para resolver los conflictos.
Su antítesis es que el más fuerte aplique su ley. Nuestro sistema, con sus
virtudes y defectos, es el mejor de los posibles y debemos confiar en él.
Establece, por ejemplo, que para sancionar a cualquier persona, antes debe
existir una ley que prevea la infracción, unas normas de procedimiento iguales
para todos, el derecho a conocer la acusación para poder ejercitar la defensa,
la igualdad de armas o que no pueda elegirse a quien debe juzgar unos hechos,
ni presionársele para que dicte una sentencia en determinado sentido”.
Plantea la decana del MICAP que
a veces es cierto que las resoluciones judiciales se pueden percibir desde
determinados ámbitos “como algo lejano o de difícil comprensión y es entonces
cuando surge la impotencia y prevalece el sentimiento sobre la reflexión. Este
hecho se aprecia con claridad en las causas más graves y de mayor repercusión
mediática, pero también en el devenir cotidiano, pues la tutela judicial es un
derecho que se ejercita por muchas personas a diario. La respuesta ante la
incomprensión o el desacuerdo con una resolución judicial no puede ser nunca el
ataque a las instituciones, o la ofensa personal, ni la sinrazón. A los
abogados, como parte de la Administración de Justicia, desde nuestra
independencia y desde la proximidad a las personas que depositan en nosotros su
confianza directa, nos corresponde acercar esa Justicia a la ciudadanía, a la
que defendemos y que da sentido a nuestra profesión. Los abogados trabajamos
para la concordia y somos un instrumento de civilización: al lado de la parte
demandante, de la demandada, de la acusación o de la defensa”.
Por tanto, concluye Blanca
Ramos, “defendemos el respeto al Estado de Derecho, a la función jurisdiccional
y a las resoluciones de los Tribunales de Justicia y a sus miembros, sin
perjuicio de los recursos que resulten procedentes. También exigimos respeto,
por parte de todas las instituciones que participan en la Administración de
Justicia y por los medios de comunicación, a la función constitucional de
primer orden que tenemos encomendada, que es la defensa de la ciudadanía”.
