Las XIX
Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP),
celebradas en León los pasados 9 y 10 de noviembre, concluyeron reivindicando
la asistencia jurídica penitenciaria como servicio público. Blanca Ramos, decana
del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, participó en la clausura del
encuentro y dijo que había servido para intercambiar experiencias,
conocimientos y reflexiones “acerca de una disciplina jurídica en ocasiones
relegada, injustamente, a un segundo plano respecto al proceso penal”.
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| José Luis Gorgojo, decano del Colegio de Abogados de León, junto a Blanca Ramos durante la clausura de las jornadas. |
Además de
Blanca Ramos, que es presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del
Consejo General de la Abogacía Española, estuvo presente en las Jornadas Mikel
Armendáriz, vocal de la citada Subcomisión, quien dirigió un taller de trabajo
sobre ‘Expediente penitenciario. Composición. Partes. Derecho de acceso al
mismo. Recomendaciones del Defensor del Pueblo’. También acudieron diversos colegiados
del MICAP y miembros de su SOAJP.
En las
Jornadas se reivindicó el papel de los Servicios de Orientación y Asistencia
Jurídica Penitenciaria, y se puso de manifiesto que aún existen al menos 19
centros penitenciarios que carecen de ellos, cuando resultan imprescindibles
para garantizar los derechos de las personas presas y, al ser públicos, deberían
estar sufragados con cargo a los presupuestos de justicia gratuita. El pasado
19 de octubre Aragón se convirtió en la primera comunidad autónoma en aprobar
que así sea. Los abogados consideran que hay que trabajar para incluir estos
servicios en los reglamentos de justicia gratuita de cada comunidad autónoma.
Durante estas
jornadas se conoció que España es uno de los países de Europa donde aún se
incumplen varias exigencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
(TEDH), ya que se accede en escasas ocasiones a su amparo para recabar la
protección de los derechos de los presos. Por esta razón se concluyó, en este
foro, que debe haber una mayor difusión y formación sobre el acceso al TEDH
para los abogados, tanto desde el Consejo General de la Abogacía como desde los
colegios de abogados. Además, se constató que la mujer, en este ámbito, soporta
una situación de desigualdad respecto a la población penitenciaria masculina; otra
razón más para adaptar las prisiones a las necesidades del colectivo femenino,
fundamentalmente en materia de salud, educación y empleo.
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| Mikel Armendáriz dirigió uno de los talleres de las Jornadas celebradas en León. |
En su
documento de conclusiones, los abogados resaltaron como preocupantes los casos
de aquellos presos que están en situación de máximo castigo, cumpliendo sus
condenas en régimen de primeros grados. Se determinó como un fracaso para la
sociedad el no haber avanzado en la situación de estas personas, porque se está
incumpliendo la premisa de la Constitución Española sobre las exigencias de
reeducación y resocialización de las penas privadas de libertad.
Estos
encuentros sirvieron, así mismo, para continuar reivindicando la necesidad de
implantar un protocolo de acceso directo a los centros de inserción social a la
hora de cumplir con condenas cortas.
En cuanto a los medios de comunicación, las
conclusiones señalan que es imprescindible una mayor concienciación y
tratamiento de la situación de las realidades de las personas presas, así como
del medio penitenciario. Para ello hay que evitar confundir al usuario con
ideas farragosas y huir de los estereotipos. Es fundamental sacar las prisiones
de la oscuridad y acercarlas a la sociedad que las ha creado y regulado.
