La crisis económica ha supuesto un incremento exponencial de
los procedimientos judiciales en los que los ciudadanos han solicitado, para su
defensa y representación, nombramiento de abogados de oficio. Los datos revelan
que durante el pasado año 2016 las solicitudes de Justicia gratuita registradas en el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona aumentaron
un 7,3% con respecto a 2015, y son un 36,2% más que las registradas en 2011, según los datos que figuran en la Memoria del MICAP correspondiente al año pasado.
El compromiso de los letrados del MICAP en la prestación de
éstos servicios derivados del llamado Turno de Oficio, que constituyen la única
manera de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva a aquellos
ciudadanos con menos recursos económicos, garantiza el principio de igualdad
reconocido en la Constitución. El Colegio organiza y gestiona diferentes
servicios de Asistencia Jurídica Gratuita para la prestación de servicios de
asistencia letrada, defensa y representación en los Partidos Judiciales de
Pamplona y Aoiz, servicios que son subvencionados por el Gobierno de Navarra.
Gracias a la disposición y esfuerzo de los Abogados que lo
integran, y a la dedicación de los miembros de la Comisión del Turno de Oficio,
en los últimos años se ha avanzado hacia una especialización de los servicios
de asistencia, con la diversificación en distintos turnos, y se ha establecido
la exigencia de requisitos mínimos de experiencia profesional previa, formación
específica y especialización práctica, lo que ha permitido el progreso en la
calidad y eficacia de los servicios prestados.
Los datos revelan que durante 2016 las solicitudes de
Justicia gratuita aumentaron un 7,3% al pasar de las 7.109 registradas el año
anterior a 7.670, una cifra que es un 36,2% superior a la de 2011, cuando
fueron 4.890 las solicitudes. Además se realizaron 5.653 actuaciones letradas
en asistencia al detenido o investigado, y 1.231 en asistencia a mujer
maltratada.
De los 7.670 expedientes de Justicia gratuita, el 74,87% recibieron
la resolución confirmatoria de Justicia gratuita, y en el 7,47% fue denegada la
concesión. En diciembre de 2016, el 17,65% de los expedientes tramitados por el
colegio no tenía todavía resolución definitiva del gobierno de navarra.
La estadística revela que febrero es el mes con más
expedientes tramitados (803), y agosto el mes de menor tramitación, con 354
expedientes.
Tecnología al servicio del ciudadano
Este importante crecimiento de la demanda de los servicios
sociales del MICAP, que obligaron a la elaboración de un Plan Estratégico a
finales del año 2009 plasmado en una profunda reforma y adaptación de
instalaciones, recursos humanos, y medios técnicos para así lograr prestar un
servicio de alta calidad y más adecuado a las necesidades del ciudadano, se han
seguido perfeccionando durante el año 2016, en el que se han continuado
aplicando las herramientas tecnológicas puestas a disposición de los Colegios
de Abogados a través de Red-Abogacía, en concreto mediante la posibilidad de
petición telemática de datos socioeconómicos del solicitante de justicia
gratuita, lo que sin duda contribuye a agilizar y mejorar la gestión colegial,
evitando que el ciudadano peregrine por un sinfín de organismos en busca de la
documentación requerida para la tramitación de su expediente de justicia
gratuita.
Durante el año 2016 se efectuaron 4788 expedientes
electrónicos de justicia gratuita, frente a los 2873 expedientes electrónicos
tramitados en el 2015. Lo que supone un incremento de más del 50% en las
peticiones telemáticas realizadas desde el MICAP. Para tramitar de forma
telemática éstos expedientes el colegio solicita la autorización previa de los
solicitantes.
La Ley de Asistencia Jurídica gratuita establece un
requisito económico objetivo para poder acceder al Abogado de Oficio, que es el
que la unidad familiar del solicitante no supere el doble del Indicador Público
de Renta de Efectos Públicos (IPREM) del año en el que se efectúa la solicitud.
Esta cantidad, teniendo en cuenta la situación económica que atravesamos, y la
aprobación de la Ley de tasas judiciales, ha supuesto el incremento de la
población que puede acogerse al beneficio de justicia gratuita.
