El
M.I. Colegio de Abogados de Pamplona acogió en su sede la celebración de una
jornada sobre ‘Las personas con discapacidad ante los procedimientos
judiciales. Los estándares de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad’, organizada por el MICAP e incluida dentro del programa de
formación del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, y que contó
con la colaboración de la Fundación ONCE, CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad) y Plena Inclusión (Federación de
Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual).
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| De izquierda a derecha, Alfredo Irujo, Valentín Fortún, Mariluz Sanz y Jordá Vives. |
El objetivo de la
jornada era conseguir que las y los profesionales de la abogacía conocieran los
aspectos claves de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad como principal normativa de referencia en esta materia y como instrumento
jurídico directamente aplicable e invocable, y la no discriminación en el trato
que dispensan a sus clientes con discapacidad. También pretendía dotar a
abogadas y abogados de conocimientos sobre qué es una discapacidad intelectual
y de herramientas prácticas que les permitan garantizar a las personas con
discapacidad el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia.
La
presentación corrió a cargo de Blanca Ramos, decana del MICAP y de Alfredo
Irujo, anterior decano y patrono de la Fundación Abogacía Española, quien
recordó la labor que realiza la Fundación en el campo de la defensa de los Derechos
Humanos. Valentín Fortún, presidente del Consejo Territorial de la ONCE de
Navarra, pronunció unas palabras en las que además de agradecer la celebración
de la jornada señaló que en España el 10% de la población –unos 4 millones de
personas- sufren alguna discapacidad que en muchos casos “afecta gravemente al
ejercicio de nuestros derechos”.
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| Mª Antonia Alonso, Jordá Vives e Inés de Araoz. |
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| Blanca Ramos y Carolina Villa. |
También intervinieron Mariluz Sanz, presidenta
del CERMIN; Jordá Vives, formador en derechos de Plena Inclusión; Carolina
Villa, del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de
Fundación ONCE, Mª Antonia Alonso, abogada de la Red de Juristas de Plena
Inclusión; e Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión. En general,
todos ellos destacaron el avance que supuso la promulgación, en diciembre de
2006, de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, porque respeta su dignidad, reconoce su libertad entendida como
autonomía, defiende la igualdad de oportunidades con el resto de las personas y
promueve la solidaridad frente a la beneficencia.
“De
la visión tradicional de la discapacidad como enfermedad y de las personas
discapacitadas como pacientes se pasa a otro enfoque, centrado en los derechos
humanos”, señalaron tanto Mariluz Sanz como Carolina Villa y Valentín Fortún. Pero
la presidenta del CERMIN indicó que aunque se trata de “la principal normativa
de referencia”, la Convención “no ha calado y se desconoce”, y Valentín Fortún
añadió que a pesar de ese reconocimiento legal de los derechos “la realidad es
que su ejercicio no se concreta en nuestra vida diaria”.
Por
su parte, Mª Antonia Alonso, abogada de la Red de Juristas de Plena Inclusión,
ofreció algunos consejos a los asistentes sobre cómo actuar cuando tienen que
defender a una persona con discapacidad. Partiendo del principio de que para
lograr una buena sentencia es necesaria una buena demanda, destacó la
importancia de aportar informes profesionales de las entidades de apoyo sobre
la autonomía, capacidades y necesidades de apoyo de las personas con
discapacidad inmersas en un proceso judicial tanto en el área de la salud como
en la personal y en la patrimonial. Asimismo, advirtió de que se debe vigilar
que la sentencia no afecte a los “derechos personalísimos” de estas personas,
entre los que citó los de sufragio, otorgar testamento y contraer matrimonio.
Jordá
Vives, formador en derechos de Plena Inclusión, es una de las personas con
discapacidad, en su caso intelectual, que ha cumplido condena de cárcel y sabe
muy bien lo necesario que es contar con apoyos en caso de necesidad. Con ayuda de Inés de Araoz dijo que existen
estereotipos que les perjudican cuando tienen que afrontar un proceso judicial,
como que son problemáticos, violentos o que tienden a inventarse historias, lo
que hace que se considere que sus testimonios no tienen credibilidad.
Vives denunció que solo
está diagnosticado el 30% de las personas con discapacidad intelectual que
ingresan en prisión, lo que dificulta el ejercicio de sus derechos e incluso
algunos de ellos no pueden comprender la sentencia sin ayuda. Por ello, Inés de
Araoz recordó que la Convención de la ONU señala que “los estados asegurarán
que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados
a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas
personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como
testigos, en todos los procedimientos judiciales”.
También animó a los
profesionales del derecho a reivindicar el cumplimiento de la Convención, que
plantea que “a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a la justicia, los estados partes promoverán la capacitación adecuada
de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario”.
