El Consejo General de la
Abogacía Española valora positivamente el acuerdo alcanzado ayer entre el
Gobierno y la Abogacía para que el servicio público de Justicia Gratuita siga
sin estar sujeto a IVA. Como consecuencia, la Dirección General de Tributos
suspenderá la aplicación de la consulta vinculante, con efectos retroactivos al
1 de enero y a la espera de la aprobación del nuevo texto legal, tal como
reclamaba la Abogacía
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| Imagen de la reunión entre el Ministerio de Justicia y el CGAE. |
El ministro de Justicia,
Rafael Catalá, comunicó al Consejo General de la Abogacía Española en reunión mantenida
ayer en la sede del Ministerio que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin
estar sujeta al IVA.
En la reunión, a la que asistieron
la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes
Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, Catalá les
trasladó la decisión del Gobierno, que se traducirá en la presentación de una
Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del
sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de
Justicia.
“De esta forma se
fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la
asistencia jurídica gratuita”, señala el Ministerio, que ratifica que “la compensación
satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es
decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios
de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla,
está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y
procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los
criterios del mercado”.
Fruto del diálogo y la reivindicación
El CGAE aplaude el acuerdo
“fruto del diálogo institucional y de las reivindicaciones de la Abogacía” que
incluye la reforma urgente de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita por
la que se ratificará la obligatoriedad de la prestación por los Colegios de
Abogados del servicio público de Justicia Gratuita, el carácter indemnizatorio
de los baremos de los abogados del Turno de Oficio y la no sujeción de este
servicio al IVA. Una vez que se presente la propuesta de reforma en el Congreso
de los Diputados, lo que sucederá en los próximos días, la Dirección General de
Tributos suspenderá de inmediato la aplicación de la consulta vinculante, con
efectos retroactivos al 1 de enero, a la espera de la aprobación del nuevo
texto legal.
El Consejo agradece al
Ministerio de Justicia, en representación del Gobierno, “el abierto diálogo
mantenido desde finales de enero y su implicación para la resolución de este
problema que había provocado la protesta unánime de toda la Abogacía, hasta el
punto de que se estaba estudiando la convocatoria de una huelga en el Turno de
Oficio y diversas movilizaciones”. La decana Blanca Ramos ya mostró
públicamente el
rechazo del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona a la pretensión del
Gobierno.
Asimismo, la Abogacía
reconoce el acuerdo del Gobierno y el PSOE, así como las Proposiciones No de
Ley presentadas en el Congreso de los Diputados para salvaguardar el carácter
público del servicio de Justicia Gratuita por este partido y por Ciudadanos,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Esquerra Republicana.
La Abogacía Española va a
seguir trabajando, en el marco de la Comisión constituida por el Ministerio de
Justicia, para que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de los
ciudadanos y no un bien de mercado, y por la dignidad y el reconocimiento del
trabajo que prestan 43.000 abogados y abogadas en cualquier lugar de España 24
horas al día, 365 días al año.
