María
Amparo Salvador, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad
de Navarra, cree que con la desaparición de las cajas de ahorros navarras ha
mutado la competencia exclusiva que Navarra tiene en la materia “para
transformarse en una competencia en relación con las fundaciones bancarias”, y considera
muy improbable la posible creación de un banco público por parte del Gobierno
de Navarra, aunque adquiriera la forma de un instituto de financiación.
 |
| María Amparo Salvador, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra. |
María
Amparo Salvador pronunció en la sede del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona la
conferencia titulada ‘La competencia de Navarra en materia de bancos y cajas de
ahorro’, incluida en el II Curso de Especialización en Derecho Foral Navarro.
Fue presentada por el anterior decano del MICAP, Alfredo Irujo, y también
intervino el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Navarra,
José Noval, quien destacó la colaboración entre el Colegio y la UN para hacer
posible el Curso, que consideró muy positivo para completar la formación de los
futuros letrados.
María
Amparo Salvador recordó que en el artículo 56.1 f) de la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) se indica que
Navarra tiene competencia exclusiva en materia de cajas de ahorros “sin
perjuicio del régimen especial de convenios en esta materia”. La conferenciante
se preguntó por qué incluía esa precisión “que además no figura en ningún otro
estatuto de autonomía de España”, y afirmó que la referencia a un régimen
especial en materia de cajas de ahorros se debe a que “es una competencia de
las que se denominan de carácter histórico, como lo es el Convenio Económico o
la competencia que Navarra tiene en materia de administración local”.
Tras
justificar su tesis, indicó que dicha competencia histórica “se refiere, básicamente,
a la existencia de un método pactado con la Administración del Estado para
modificar los estatutos de las cajas de ahorros en Navarra, y a la posibilidad
de que sus órganos rectores tengan un diseño diferenciado del que existía en el
resto de las cajas de ahorros españolas”.
María
Amparo Salvador examinó cuál ha sido la evolución del ejercicio por parte de la
Comunidad Foral de Navarra de la competencia en materia de cajas de ahorro en
el periodo que va desde la aprobación de la Lorafna (1982) hasta la conclusión
del proceso de fusión de Caja Navarra y la Caja Municipal de Pamplona en el año
2000, así como en la etapa que se inicia en 2002 con la Ley de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero y se cierra en 2004, cuando el Gobierno de
Navarra aprueba los nuevos estatutos de Caja Navarra, que buscaban dotar a la
entidad financiera de unos órganos rectores más profesionalizados e
independientes, reduciendo el peso que tenía la representación política al
tiempo que separaba en dos órganos distintos las funciones de gestión y control
de la Caja.
Asimismo,
analizó cómo fueron utilizadas las competencias en el contexto de la crisis
financiera y en la reforma de 2010 que trajo consigo la creación de la Junta de
Entidades Fundadoras de la CAN, un órgano con funciones consultivas, no
ejecutivo, y la integración en 2001 en la efímera Banca Cívica junto a Caja
Sol, Caja de Burgos y Caja Canarias, y en la compra por CaixaBank, que abonó
120 millones de euros, en marzo de 2012.
La
profesora se planteó si con la desaparición de las cajas de ahorros navarras ha
desaparecido también la competencia que la Comunidad Foral tiene reconocida en
esta materia. Sostuvo que, más bien, “habría mutado para transformarse hoy en
una competencia en relación con las fundaciones bancarias”, e indicó que de hecho la Fundación Caja
Navarra “mantiene algunos de los rasgos de la competencia histórica que Navarra
poseía en la materia”.
La oradora
se refirió asimismo a un proyecto que ha sido objeto de debate en foros
políticos: “Cuál sería el marco en el que en Navarra, quizá, podría crearse, si
es que así se decidiera, un banco público”. Según dijo, “habría de aclarar si
lo que se plantea es una sociedad por acciones, lo que en lenguaje coloquial se
entiende por un banco. Si así fuese en teoría podría plantearse, pero en la
práctica sería muy complejo lograrlo porque hoy en día es el Banco Central
Europeo quien tiene que otorgar la licencia bancaria y el procedimiento para el
otorgamiento es complicado”. “Más allá de la cantidad de recursos económicos
que sería necesario utilizar –insistió María Amparo Salvador- encuentro serias dificultades.
Ya ha habido intentos en Cataluña y Valencia y que yo sepa en ninguno de los
dos casos han conseguido de momento la licencia bancaria”.
“Si lo
que se pretende es otra cosa que aunque se le llame banca en realidad no es un
banco sino una especie de institución financiera del tipo del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), estaríamos hablando de otra cosa que nada tiene que ver
y qué, quizá, realizaría una función parecida a la que hace Sodena”, reflexionó
la profesora Salvador. “En ese caso –añadió-también hay exigencias desde el
derecho público, dependiendo de cuál fuese el vehículo de financiación que se
eligiera, como la necesidad de obtener otro tipo de autorizaciones”. Consideró
que esta opción “es más factible”, aunque plantea otros problemas diferentes
por ejemplo desde el punto de vista del principio de estabilidad
presupuestaria, porque un banco da créditos acudiendo a los recursos de los
depositantes y por tanto con financiación ajena, mientras que si el instrumento
que se pretende utilizar es un instituto de financiación los créditos se
estarían concediendo con recursos del Gobierno de Navarra, por eso digo que
plantearía problemas desde la perspectiva del principio de estabilidad
presupuestaria, entre otros”.
