jueves, 23 de febrero de 2017

La Abogacía rechaza la aplicación del IVA al servicio de Justicia Gratuita del Turno de Oficio

La decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, ha mostrado el rechazo de la Abogacía a la posible aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al servicio de Justicia Gratuita prestado por los letrados del Turno de Oficio. La decana ha asegurado que supone un recorte de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que ha reclamado la “suspensión inmediata” de la norma, al tiempo que ha garantizado que los abogados “no van a dejar desasistidos” a los beneficiarios del servicio.

Mª Josefa Urtega y Blanca Ramos, durante su comparecencia ante los periodistas.
Blanca Ramos, que ha comparecido junto a la presidenta de la Comisión del Turno de Oficio, María Josefa Urteaga, ha recordado que, en fecha reciente, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España ha interpretado, en consulta vinculante, que el servicio que prestan los abogados por Turno de Oficio en nuestro país debe estar sujeto a IVA.

Ha explicado que lo ha hecho amparándose en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los servicios que prestan los abogados en el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en Bélgica, pero “dicho sistema es diferente al que existe en España, que posee una estructura organizativa ejemplar y única en Europa”, ha precisado Ramos, quien ha explicado que “el sistema belga no tiene naturaleza pública y obligatoria, como sucede en el nuestro, que se organiza a través de los Colegios de Abogados y se presta por 43.000 profesionales de forma permanente, sin coste para los ciudadanos que tienen reconocido el derecho y cuenta con uno de los mayores niveles de satisfacción por parte de los usuarios”.

La decana ha manifestado que el servicio de Justicia Gratuita constituye “la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho y se presta por abogados desde la más absoluta independencia, pero no es libre ni en su contratación, ni en su precio”, y que se trata de un servicio “de carácter social, encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía, dirigido fundamentalmente a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sin elección de cliente y exiguamente compensado conforme a los baremos previamente fijados por las administraciones competentes”.

La decisión obligaría a emitir facturas con IVA al beneficiario de asistencia jurídica gratuita por un servicio que el Estado presta a través de los Colegios de Abogados a quienes carecen de recursos para litigar. Según ha indicado Blanca Ramos, “la medida resulta ilógica e innecesaria, no supone un beneficio real para el ciudadano e incrementa la burocracia y el trabajo de quienes lo prestan. Además, supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de cincuenta millones de euros anuales”.

La decana ha señalado que la Abogacía, “desde su más firme compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía, que no es sino reflejo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, está obligada a garantizar la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita “con calidad y de forma continuada”. “Se trata de una obligación irrenunciable –ha insistido-, que convierte el servicio en un sistema reglado por normas administrativas y sometido a control público. Por tanto, no puede estar sujeta a IVA”.

Por estos motivos, desde los Colegios de Abogados y por la Abogacía institucional se ha solicitado la suspensión inmediata de esta norma, de forma que no se grave con IVA el Turno de Oficio y se ha instado a las autoridades competentes a abordar las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio como se ha venido haciendo, de forma eficiente y eficaz.


“La Abogacía no va a dejar desasistidas a las personas con menos recursos, que tienen derecho a la defensa”, ha advertido la decana del MICAP, Blanca Ramos, que ha anunciado que, por ello, pondrá en marcha todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados comprometidos en su defensa”.

 

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