La presidenta del Consejo General de la
Abogacía Española, Victoria Ortega, ha presentado el Plan Estratégico de la
Abogacía, con el que se pretende afrontar los retos sobre asuntos como la
regulación del ejercicio profesional, la deontología, el servicio público de
Justicia, la internacionalización de la profesión, los desafíos tecnológicos y
el acceso universal a la Justicia, entre otros.
El Plan es la “hoja de ruta” de la Abogacía
para el periodo 2017-2020 e incluye cinco ejes estratégicos con los que se
trabajará para lograr una abogacía confiable y preparada, defensora y garante
del servicio público de la Justicia, comprometida con los derechos de los
ciudadanos, innovadora y tecnológicamente avanzada y, finalmente, una abogacía
europea con visión global. Se aborda, por tanto, el correcto ejercicio de la
profesión, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el
cumplimiento de las obligaciones deontológicas con la finalidad de contribuir a
la consecución de una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
Los objetivos que se ha fijado la
presidenta de la Abogacía se articulan a través de 163 medidas, entre las que
cabe destacar el impulso de la calidad de la Justicia a través de la
participación activa de la Abogacía para alcanzar con todos los actores
jurídicos un Pacto de Estado por la Justicia. Además se propone la creación de
una Comisión Nacional de Calidad de la Justicia que audite e incentive las
mejores prácticas en la Administración de Justicia. Establecimiento y
reconocimiento de especialidades en la profesión de abogado para responder a la
creciente complejidad social que incide en el ordenamiento jurídico.
Otro de los objetivos es el refuerzo del control
deontológico con la creación de un Consejo Deontológico Asesor formado por
profesionales reconocidos, expertos en deontología y representantes de sectores
de diversos ámbitos, y también se persigue una formación inicial de excelencia
y mejorar el acceso a la profesión. Es el momento de realizar una serie de
mejoras de interés público dirigidas a fortalecer la calidad en la prestación
de servicios legales mediante el impulso de la acreditación de habilidades
prácticas necesarias para el ejercicio de la profesión.
La presidenta se refirió asimismo al impulso de la abogacía
preventiva mediante un sistema de resolución de conflictos alternativo al
proceso judicial, como la mediación y el arbitraje, para lograr el acuerdo a
través de una negociación privada donde las partes estén apoyadas y asesoradas
en todo momento por un abogado. El Plan Estratégico contempla asimismo la
implantación de un sistema regulador de la publicidad de los abogados que
preserve tanto las especificidades de la normativa legal como las
singularidades del abogado defensor, en la que la publicidad deberá atender la
dignidad de la profesión. Se creará un órgano independiente consultor y
revisor, con capacidad para resolver extrajudicialmente conflictos en esta
materia.
Entre las medidas destacadas por Victoria Ortega figura
también la mejora de la normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita con la
finalidad de maximizar la calidad y sostenibilidad del servicio. La nueva norma
debe implicar la actualización de los baremos en todo el Estado y asegurar la
prontitud en el pago. Programa de trabajo con los medios de comunicación sobre
presunción de inocencia, mediante el impulso de actividades formativas con
otros organismos jurídicos y asociaciones de prensa para que los profesionales
de la información cumplan con su obligación de informar respetando el derecho a
la presunción de inocencia.
Revisar el criterio de la condena en costas para que el
principio de vencimiento (imposición de costas a la parte que ha visto
desestimadas todas y cada sus pretensiones) no suponga una limitación al acceso
a la tutela judicial efectiva es otro de los objetivos, junto a la reivindicación
activa de la supresión de las tasas judiciales para las pymes y ONGs y el
compromiso de la Abogacía con el impulso de una mejor preparación tecnológica
de los profesionales para responder a los nuevos retos y realizará propuestas
de soluciones eficaces. Respecto a LexNET Justicia, la Abogacía hará un
seguimiento del servicio de soporte del Ministerio de Justicia a los usuarios y
presentará iniciativas de mejoras en esta plataforma digital.
