El
Consejo General de la Abogacía Española ha planteado una propuesta de 34 puntos
para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia al considerar necesario “que
se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera
solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad”. La propuesta ya ha
sido trasladada al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial,
Fiscalía General del Estado, partidos políticos, asociaciones de jueces,
fiscales y letrados de la Administración de Justicia, funcionarios,
procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, así como sindicatos
y consumidores.
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| Victoria Ortega, presidenta del CGAE, interviene en un acto organizado por el MICAP. |
El
CGAE recuerda que son muchas las ocasiones en que se ha hablado de la necesidad
de alcanzar un Pacto de Estado sobre la Justicia y que se han firmado algunos,
el último en 2001, “pero desgraciadamente son también muchas las ocasiones en
que los pactos se han incumplido y demasiadas las que la justicia ha formado
parte de la lucha partidista, con unas importantes consecuencias respecto a su
credibilidad y a la confianza de los ciudadanos”.
Por
ello propone un nuevo pacto que incluye una serie de medidas que “han de partir
de la consideración profunda y creíble de la justicia como servicio público de
calidad, más allá de intereses corporativos o partidistas; se han de implantar
superando el tradicional discurso de la falta de medios personales y
materiales, siempre insuficientes, para acompasarlas a las posibilidades y circunstancias
de cada momento y sólo pueden abordarse a través de un amplio consenso”.
Una cuestión de Estado.
Al
considerar que la Justicia de calidad es una cuestión de Estado, la Abogacía ha
enviado a todos los actores que participan en la Administración de Justicia el
documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la
Justicia’ que contiene 34 consideraciones formuladas técnicamente desde la
reflexión, y basadas en la previsión constitucional de ejercicio de la defensa
por abogados para una tutela judicial efectiva sin indefensión.
Entre
las propuestas que plantea el CGAE están varias reivindicaciones históricas,
como la reclamación de más y mejores medios para la Administración de Justicia,
la agilización de los trámites o adoptar medidas tendentes a fortalecer la
credibilidad de los órganos jurisdiccionales, junto a otras de mayor contenido
político, entre las que se pueden citar las de que los nombramientos de los
cargos jurisdiccionales se hagan mediante concurso con baremación y que los
vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos de forma democrática
y no directamente por los partidos.
También
plantea una mayor coordinación entre las instituciones y administraciones con
competencias en materia de justicia, la revisión del marco legal de la justicia
gratuita de forma que se garantice al ciudadano un servicio de calidad y la
mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia mediante una reforma
de su organización territorial y funcional, con la creación de tribunales
colegiados no provinciales y de tribunales de base o primer grado “que se
dediquen a asuntos de menor complejidad o entidad y que, sin embargo, son los
más numerosos e importantes para el común de los ciudadanos”.
Asimismo,
el documento de la Abogacía considera “indispensable” un impulso decidido y
eficaz de mecanismos alternativos de solución de conflictos (mediación intrajudicial,
conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo, y, en el ámbito de
la digitalización, afirma que es “ineludible la implantación efectiva e
inmediata del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar
todos los intervinientes en el proceso” y necesario arbitrar la posibilidad de
trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad,
confidencialidad y eficacia.
Por
otra parte, reclama la urgente elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal homologable a los países de nuestro entorno y pide la revisión de la
reciente implantación de unos plazos máximos de instrucción, garantizando en
todo caso los derechos de las partes, además de la modificación de la
legislación procesal y, en su caso, hipotecaria para adaptarla normativamente a
las directivas de la Unión Europea y Resoluciones del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en materia de protección de consumidores.
Finalmente,
el CGAE cree que se debe revisar el actual sistema de acceso a la Abogacía y a
la Procura a fin de garantizar la acreditación de las habilidades prácticas
precisas para el ejercicio profesional, y también del procedimiento de acceso a
la judicatura.
