viernes, 7 de octubre de 2016

Vivienda: el desalojo de un derecho

El M.I. Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) acogió una jornada sobre el Derecho a la Vivienda, organizada en colaboración con el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española, en la que se puso de manifiesto que el disfrute de una vivienda no sólo no puede considerarse un derecho, sino que parecen existir restricciones que tratan de evitar que algún día llegue a serlo. Pero también pueden encontrarse motivos para la esperanza, como las sentencias que empiezan a condenar algunos de los abusos cometidos por los bancos con los préstamos hipotecarios.

Koldo Casla, investigador de Amnistía Internacional sobre vivienda y salud.


Tras la presentación a cargo de Blanca Ramos, decana del MICAP, y de Alfredo Irujo, anterior decano y patrono de la Fundación Abogacía Española, intervinieron Javier Rubio, abogado de la Comisión Jurídica Estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, y Koldo Casla, investigador sobre los derechos a la vivienda y a la salud de Amnistía Internacional.

Las titulizaciones hipotecarias
Javier Rubio disertó sobre las titulizaciones hipotecarias, “una técnica de ingeniería financiera que consiste en agrupar cientos o miles de préstamos concedidos por una entidad bancaria para constituir con ellos un fondo separado de la entidad que los concedió para que sean participados, para que los compren, otras entidades e inversores. De esa forma saca esos préstamos de su balance y logra la liquidez suficiente para seguir prestando; el banco que ha prestado dinero para la compra de un piso hace caja, lo recupera, y vende ese préstamo a inversores que lo compran”. Añadió que esta práctica, “multiplicada por mil, por cien mil o por un millón se convierte en una dinámica irrefrenable de concesión de préstamos que en las últimas etapas previas al pinchazo de la burbuja llevó a una concesión claramente irresponsable, cuando no delictiva, de préstamos”.

Por eso, el abogado sostuvo que a pesar de que es ahora cuando comienza a hablarse de las titulizaciones y empiezan a conocerse, la realidad es que “jugaron un papel fundamental en la generación de la burbuja inmobiliaria y de la crisis que estamos viviendo en España”. Javier Rubio aseguró que se trata de una práctica generalizada, hasta el punto de que, según algunas estimaciones, “más del 60% de los préstamos hipotecarios en España estarían titulizados”.

El conferenciante señaló que “la práctica financiera de las titulizaciones, que es una trastienda de la concesión de préstamos bastante opaca, desde un punto de vista legal ofrece posibilidades de defensa a las personas afectadas por la hipoteca muy importantes, aunque todavía por descubrir, es un terreno desconocido en el que tenemos que avanzar. Están produciéndose resoluciones judiciales, cada vez más, que avalan que las entidades que han titulizado no pueden reclamar judicialmente sus préstamos”.

Javier Rubio, abogado de la PAH, durante su intervención.
El argumento que utilizan los jueces es que los bancos, al haber titulizado, ya no son los dueños legítimos de esa deuda y por lo tanto no son los titulares del derecho a reclamarla, el intento de cobro por parte del banco al afectado no es ajustado a derecho: “Tendrá que ir quien haya comprado ese derecho y en su caso reclamarlo, pero no el banco porque ya lo ha sacado de su balance. El fenómeno de la titulización fue un gran abuso y supuso un enorme enriquecimiento y empoderamiento de las entidades financieras, pero ahora está haciendo el camino de vuelta y los bancos se enfrentan a la contradicción de que no pueden cobrar porque el juez les está diciendo que ya no son los dueños”.

A pesar de las sentencias desfavorables, Rubio cree que la banca no se encuentra especialmente preocupada “porque atesora mucho poder y sus tentáculos diría que incluso llegan hasta el Poder Judicial. Las resoluciones judiciales, de momento, son esperanzadoras pero escasas”.

Derechos desalojados
Por su parte, Koldo Casla, Investigador sobre los derechos a la vivienda y a la salud de Amnistía Internacional, ofreció una charla titulada Derechos desalojados. Derecho a la vivienda, desalojos y desahucios en España Indicó que son muchos los tratados europeos e internacionales ratificados por el Estado español que reconocen el derecho a la vivienda y que, asimismo, existe jurisprudencia de órganos como el Tribunal de Estrasburgo y de otros cuasi judiciales, como el Comité Europeo de Derechos Sociales o los comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que enmarcan las políticas públicas, incluida la referida a la vivienda, en el ámbito de los derechos humanos.

Pero la realidad es muy distinta, tal y como se pone de manifiesto en un informe que ha elaborado Amnistía Internacional cuyo objetivo era evaluar “el aumento vertiginoso de las ejecuciones hipotecarias y desalojos por el impago de la hipoteca en un momento en el que la protección del derecho a la vivienda iba hacia abajo”, y que se realizó mediante entrevistas a 44 personas afectadas de Madrid y Cataluña, las dos comunidades que registran más desalojos hipotecarios.

Del estudio se deducen diversos motivos de preocupación. En este sentido, Koldo Casla citó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indica que toda interferencia con el derecho a la vida privada y familiar debe ser justificada no sólo en cumplimiento de la ley sino con un análisis de su razonabilidad y proporcionalidad. Una ejecución hipotecaria es una de esas interferencias, y aunque esté justificada por el impago del préstamo o el alquiler la doctrina del TEDH exigiría la participación de un juez que analizase su proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, el procedimiento de ejecución hipotecaria no concede a los jueces esa posibilidad. “Un conocido juez de Barcelona decía que cuando les llega un caso de ejecución hipotecaria no hay personas detrás, no hay hombres, mujeres ni niños. Simplemente hay una entrada en el registro de la propiedad, una confirmación de quién es el acreedor y el deudor y si ha habido pago o no. Si no lo hay solo es cuestión de tiempo que se produzca el desahucio”.

El segundo motivo de preocupación que se deduce del informe, explicó el conferenciante, es la falta de igualdad de armas que se produce en un proceso de desalojo. Recordó que existen oficinas de intermediación hipotecaria, como las puestas en marcha por los colegios de abogados, incluido el MICAP, son procedimientos voluntarios que ayudan a quienes se enfrentan al problema, pero no existe en España un mecanismo obligatorio para las partes por el que tengan que acudir en vía administrativa o judicial para asegurarse de que el desahucio no puede evitarse y es solo la última medida posible, algo que si se contempla en la normativa francesa, alemana o del Reino Unido. “La creación de este tipo de mecanismos ayudarían a salvaguardar cierta igualdad de armas entre las partes”, opinó Casla.

Otro de los aspectos preocupantes reflejados en el informe es la falta de información, consulta o evaluación de impacto. Existen estadísticas del INE, el Consejo General del Poder Judicial o del Banco de España que indican que se han producido 600.000 desahucios entre 2008 y 2014, pero se desconoce cuántas personas se han visto afectadas, el número de hombres, mujeres y niños, su nacionalidad, si se trataba de mujeres víctimas del maltrato, si eran viviendas habituales, garajes o negocios… Esa ausencia de referencias a la sociedad también se pone de manifiesto, por ejemplo, a la hora de desarrollar los códigos de buenas prácticas por parte de las entidades bancarias, que se hicieron sin contar con las personas afectadas o con asociaciones como la PAH. Eso impide, apuntó el orador, que pueda hacerse una evaluación certera del impacto de los desalojos en cada uno de los estamentos sociales.

Medidas regresivas y deliberadas
Estos motivos de preocupación se dan en una fase de recortes al derecho a la vivienda “con medidas regresivas y deliberadas”, entre las que el consultor de AI incluyó cinco tendencias observadas en los últimos años en Madrid y Cataluña, todas ellas en la misma dirección, que llevan a su organización a concluir que se trata de ataques deliberados y regresivos contra el derecho a la vivienda. Los recortes presupuestarios serían la primera de ellas, y puso como muestra el hecho de que el presupuesto estatal para vivienda de 2016 es un 30% del que existía en 2009. La segunda son las medidas adoptadas desde el Gobierno central para frenar iniciativas de comunidades como Navarra que pretendían utilizar las viviendas vacías y que han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, y la tercera es la reducción del periodo de calificación de la vivienda pública, porque en general tiene fecha de caducidad, no dura siempre.

Quizás la tendencia más ilustrativa de esos ataques sea la venta de viviendas a fondos de inversión, algo que sucedió sobre todo en Madrid, donde tanto la Comunidad como el Ayuntamiento les vendieron en torno a 4.800 inmuebles, la mayoría pisos y se convirtieron en arrendadoras de viviendas que eran públicas, pero como Madrid es uno de los lugares donde el periodo de calificación es más corto, entre 10 y 15 años, esos alojamientos comprados por los fondos a precios muy bajos pasan al mercado libre y las rentas que pagaban sus inquilinos han aumentado notablemente.

Finalmente, la quinta medida regresiva contra el derecho a  la vivienda es, según el conferenciante, las restricciones de la renta mínima de inserción, de la que dependen muchas personas para no perder sus viviendas.


Koldo Casla concluyó su intervención apuntando que aunque los datos macroeconómicos hablan de que se ha producido cierta mejoría, “la crisis económica se ha convertido en los últimos años en una crisis de derechos humanos, ciertamente en lo que se refiere a los derechos económicos y sociales y desde luego para el derecho a la vivienda. Depende de nosotros y de nosotras que la recuperación realmente se base en los derechos humanos”

 

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