La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, moderó el pasado lunes día 20 de junio un debate sobre propuestas electorales en materia de Justicia, en el que participaron representantes de los principales partidos. El debate estuvo articulado en tres bloques, y se planteó con la idea de subsanar lo que la presidenta del CGAE consideró un error de los políticos, en referencia a la ausencia en la campaña electoral de propuestas relacionadas con la Justicia.
Al cierre del debate, Ortega recordó el compromiso de la abogacía con la retribución digna de los profesionales que integran el turno de oficio, la necesidad de un Pacto de Estado, la importancia de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y la necesidad de una política “responsable” con los refugiados, y pidió a los partido mayoritarios “diálogo y consenso” para llegar a acuerdos.
Los participantes en el encuentro fueron: Mª Jesús Moro, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, en representación del PP; Juan Carlos Campo, magistrado desde 1989, actualmente en excedencia, en representación del PSOE; Jaume Moya, licenciado en Derecho y postgrado en Gestión Inmobiliaria, trabaja como procurador de los tribunales, en representación de Podemos. Y Patricia Reyes, abogada, diputada y concejal en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en representación de Ciudadanos.
Modelo de Justicia
Moro (PP) propuso regenerar el CGPJ y apostó por consensuar un modelo con los partidos y escuchar a todos los profesionales. Sobre la elección de sus miembros, aseguró que la actual Comisión Permanente se hizo más ágil para tomar decisiones. Además, defendió una Estrategia Nacional más allá del Pacto de Estado por la Justicia, donde se escuche a todos los profesionales y se planifiquen las reformas.
Campo (PSOE) propuso que los vocales sean designados en sede parlamentaria, y consideró que es necesaria en el Parlamento una comisión de evaluación para los nombramientos con personas de reconocido conocimiento. Respecto al Pacto de Estado por la Justicia, defendió un Acuerdo Social con todos los colectivos, basado en reformas normativas (planta judicial), reformas organizativas (con ruptura de esquemas tradicionales) y reformas tecnológicas (en base al esquema judicial de interoperabilidad).
Moya (PODEMOS), propuso que los vocales sean elegidos por los ciudadanos, entre profesionales con 10 años de experiencia y reconocido prestigio y que un órgano colegiado vele por la transparencia de este procedimiento.Reyes (CIUDADANOS) propuso reducir el número de vocales del CGPJ y reformar la institución para asegurar su independencia. Propuso la vuelta al sistema de 1980 y que se recoja en la Constitución que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados. Asimismo, propuso un Pacto de Estado por la Justicia basado en transformar el CGPJ con criterios de participación ciudadana y modernizar el sistema judicial. Y apostó por un plan de modernización en la Justicia con una inversión de 500 millones de euros entre2016-2017 y 800 millones posteriores como plan de choque, el expediente electrónico judicial y más jueces.
Reformas legislativas
La representante del PP destacó la necesidad de contar con una nueva LECRim y trabajar por una Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Sobre la fiscalía, propuso desarrollar el actual Estatuto y mejorar su procedimiento de nombramiento, defendiendo un mayor papel del instructor y del juez de garantías. También reconoció que la Ley de Seguridad Ciudadana se modificó y aprobó con los informes recibidos.
El representante del PSOE optó por la derogación de las normas aprobadas sin consenso y que perjudican a los ciudadanos, como el art 324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (reducir plazos de instrucción), 315 del Código Penal (prisión permanente revisable), tasas judiciales y Estatuto de los Trabajadores. También propuso modificar el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, reformar el Consejo Fiscal y una nueva LECrim para que los jueces no instruyan y den garantías al fiscal.
El representante de Podemos denunció la Ley de Seguridad Ciudadana como una ley mordaza y calificó como ley Berlusconi la limitación de los periodos de instrucción. Moya anunció su derogación, además de las tasas judiciales para pymes y ONGs, y también de la reforma laboral. Además propuso la recuperación de la Jurisdicción Universal. Sobre el fiscal general del Estado propuso revisar de forma integral su nombramiento para que participen los ciudadanos en su elección. Defendió, al igual que Ciudadanos, aprobar una ley de defensa del denunciante de la corrupción.
La representante de Ciudadanos censuró que en la pasada legislatura se haya legislado por decreto y a espaldas de los profesionales, y puso como ejemplo la limitación del tiempo de instrucción y la puesta en marcha de LexNET que entraron en vigor al mismo tiempo. Reyes denunció que con la reforma de la Jurisdicción Universal se ha abierto un espacio de impunidad. Propuso la derogación de las tasas judiciales para pymes y ONGs que ya contó al final de la XI Legislatura con el apoyo del PP. Debe asegurarse la independencia del fiscal general del Estado a través del Consejo Fiscal. No está a favor del fiscal instructor, pero abierto al consenso, y redefinir su papel y retomar el Código Procesal Penal.
Justicia Gratuita y Abogacía
Sobre la Justicia Gratuita, el PP apostó una ley duradera y que la gestión siga a cargo de los Colegios de Abogados, además de un acuerdo con las CCAA para actualizar baremos. Sobre los servicios profesionales, Moro recordó la incompatibilidad en el ejercicio entre abogado y procurador y se manifestó preocupada por hablar de privatización en los másteres de acceso.
Campo (PSOE) apostó por un gran consenso para saber qué Justicia Gratuita queremos, y que llegue a todos los que necesiten asesoramiento, como es el caso de los presos. Además apostó por homologar baremos. Defendió la existencia de los colegios profesionales, pero reconoció que hay ciertos sectores en los que no es necesario exigir la colegiación, por lo que propuso revisar el concepto de obligatoriedad.
Podemos propuso elaborar un nuevo texto de Justicia Gratuita con una justa retribución a todos los participantes en este servicio; acabar con las designias express y apoyar la especialización de los diferentes servicios. Moya dijo “no” a la liberalización a ultranza de los servicios profesionales, y considera “fundamental” el papel de los Colegios Profesionales. Sobre la Ley de Acceso propuso evitar su privatización mediante una amplia política de becas.
Ciudadanos propuso un salario digno y dotar de recursos a la Justicia Gratuita, para que abogados y procuradores cobren a tiempo. Defendió que se revise la Ley 1/1996. Sobre la Directiva europea de servicios, Reyes propuso escuchar a los colegios profesionales ante cualquier reforma y que la formación es fundamental. Sobre la Ley de Acceso aseguró que todos deberían tener la posibilidad de contar con becas.
Los participantes
La representante del PP, Mª Jesús Moro, ha sido diputada en las dos últimas legislaturas, directora del Grupo de Investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías del Congreso y portavoz de la Comisión de Justicia de 2012 a 2015.
El representante del PSOE, Juan Carlos Campo, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía; vocal del Consejo General del Poder Judicial, y secretario de Estado de Justicia. En las Elecciones Generales de 2015, fue elegido diputado por Cádiz y ejerció como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia.
El representante de Podemos, Jaume Moya, fue elegido diputado por la formación En Comú Podem por la provincia de Lleida en las elecciones generales de 2015, y ha sido Vocal en la Comisión de Justicia.
La representante de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha ejercido en el turno de oficio y ha trabajado como funcionaria de Justicia. Ha sido Secretaria Tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados y actualmente es vocal de la Diputación Permanente.
