
Los representantes de las asociaciones judiciales y del CGAE. |
El Consejo General de la Abogacía y las cuatro
asociaciones judiciales han constatado que comparten el interés y la inquietud
por la situación de la Justicia, que la mayor parte de las cuestiones a
solucionar les afectan de forma conjunta y que es posible trabajar juntos sobre
los puntos de encuentro y aparcar las posibles diferencias, por lo que han
acordado crear un “Espacio de Justicia” que promueva ese diálogo tanto interno como con las instituciones
políticas y sociales, y que esté abierto a otros colectivos jurídicos y
sociales.
En concreto se han creado cuatro grupos de trabajo –
orgánico, organizativo, procesal y profesional- que abordará entre otros
asuntos: la implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la
Justicia y la confianza del ciudadano en sus tribunales y la mejora del
Gobierno de la Justicia; la organización funcional y territorial de la
Administración de Justicia, la redefinición y coordinación del régimen de
competencias en materia de Administración de Justicia, un plan de inversiones
para varias legislaturas que dote a la Administración de Justicia de los medios
imprescindibles para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, la
adecuación de la Planta Judicial a las necesidades reales de la sociedad, y la
implantación de las nuevas tecnologías; las reformas sustantivas y procesales
que den respuesta a las nuevas demandas de Justicia, desde el derecho de
consumo a la problemática penal, pasando por las áreas laboral,
contencioso-administrativa y la necesaria agilización procedimental; y,
finalmente, el acceso a la Abogacía y a la Judicatura, el acceso universal a la
Justicia y la Asistencia Jurídica Gratuita; la actualización funcional de la
Abogacía y de la Judicatura y la actuación profesional y la garantía del derecho
de defensa.
El Espacio de Justicia, funcionará mediante grupos
de trabajo y desarrollará sus actividades con total independencia de cualquier
tipo de poderes, organismos e instituciones y su objetivo final es consolidar
el Estado Social y Democrático de Derecho y el sistema de valores, derechos y
libertades construido con el esfuerzo y la solidaridad de muchos españoles, así
como conseguir que la Justicia sea una prioridad y no la gran olvidada de todos
los Gobiernos.