En septiembre de 2015 fue renovado el convenio de colaboración
suscrito por el MICAP y el Ayuntamiento de Pamplona que ofrece asesoramiento,
información e intermediación frente a las entidades bancarias a personas que se
encuentren en riesgo de perder su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria. El servicio,
de carácter gratuito, se presta a través de la Oficina de intermediación en
cuestiones de ejecución hipotecaria (Ofimeh) y busca solucionar el problema o atenuar
sus consecuencias mediante acuerdos como la dación en pago, el realojo, la
renegociación de la hipoteca, periodos de carencia, etc.
 |
| Matías Miguel, coordinador de la Ofimeh y del CAF Sarriguren. |
Es un servicio abierto a los propietarios de viviendas situadas
en Pamplona que constituyan su domicilio habitual y permanente y que se
encuentren en alguna de estas situaciones: Que todavía no hayan dejado de pagar
la cuota hipotecaria pero necesiten información sobre las consecuencias derivadas
de un posible impago; que no hayan dejado de pagar la cuota hipotecaria pero
busquen una solución con la entidad financiera dado que se prevén dificultades
para pagar las cuotas futuras; que se haya dejado de pagar pero todavía no se
haya interpuesto demanda, o que se haya dejado de pagar y se haya interpuesto
demanda por la entidad bancaria y el ciudadano se encuentre inmerso en cualquiera
de las fases procesales. Esta intermediación puede simultanearse con la
petición de Abogado de Oficio que se tramita en el propio Colegio de Abogados.
Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, periodo de
vigencia del último convenio, se han gestionado un total de 90 expedientes de
intermediación hipotecaria, de los que 32 se encuentran finalizados y 58
todavía en tramitación. De ellos, 9 han finalizado con mediación y acuerdo (en
un caso mediante dación en pago, en dos se han renegociado las cantidades y en
seis se optó por otras fórmulas); en 10 la mediación finalizó sin acuerdo; en
13 no hubo mediación y se recurrió al asesoramiento jurídico especializado y
entre los 58 que estaban pendientes en 10 casos se encontraban próximos a
alcanzar un acuerdo de mediación.
Igualmente desde la Ofimeh se han derivado a los servicios
de orientación jurídica del MICAP (SOJ) a 37 ciudadanos cuyos expedientes se
encontraban en fase judicial.
Las entidades bancarias que plantearon los procesos de
ejecución hipotecaria en los que intervino la Ofimeh fueron CaixaBank (37),
Laboral Kutxa (11), Caja Rural (10), Ibercaja (8), Banco Santander (6), Bankia
(5), BBVA (4), Banco Popular (2) y otros (7). En 9 de los casos los afectados
no habían dejado de pagar la hipoteca, 40 habían abonado las mensualidades pero
tenían dificultades, 36 habían dejado de pagar y no existía reclamación de la
entidad bancaria, y 5 adeudaban cuotas y se habían producido reclamaciones.
“Ojalá pudiera
desaparecer, pero no lo creo”
El
coordinador de la Oficina de intermediación en cuestiones de ejecución
hipotecaria, Matías Miguel, dice que es difícil valorar los datos referidos a
las atenciones prestadas por la Ofimeh
tanto en comparación con los del año anterior como en los porcentajes de
acuerdo, “porque cada caso es distinto y las circunstancias tampoco son las
mismas”. Sí que tiene claro que le gustaría poder anunciar que desaparece la Ofimeh “porque no
hay nadie que haya necesitado nuestros servicios”, pero añade rápidamente que
va a ser difícil que eso ocurra al menos a corto plazo.
Su
desconfianza nace de noticias como la hecha pública hace un par de meses por el
Consejo del Poder Judicial, que ponía de manifiesto que en 2015 aumentaron los
lanzamientos, “y sin embargo, apenas se ha comentado cuando hace algún tiempo
las noticias sobre desahucios aparecían casi diariamente en los telediarios y
en los periódicos… Sigue siendo una
realidad pero ahora parece que pasa más desapercibida, que está más oculta”.
La
razón puede estar, en opinión de Matías Miguel, en los cambios sociales
propiciados por las sucesivas fases que va atravesando esta interminable
crisis. “Hace dos o tres años cuando se iba a producir un desahucio se
producían protestas que tenían un coste social muy grande y que daban una
imagen muy negativa de los bancos, y además para ellos no era negocio quedarse
con un piso que no iban a poder vender. Eso hacía que estuvieran más abiertos a
buscar algún tipo de soluciones, pero ahora se empieza a mover otra vez el
mercado inmobiliario…”
Advierte
que “también ha cambiado el perfil de los afectados por el problema, porque al
principio eran inmigrantes mayoritariamente, que era el sector más débil de la
población, carecían de cualquier tipo de apoyos y estaban en una situación más
precaria, después empezaron a verse afectados los españoles, que tienen su vida
completamente establecida y con apoyos familiares y sociales que permitieron
sortear la crisis durante más tiempo”.
Todo
ello hace que la Oficina siga siendo necesaria y hace inviable su deseo de que
se quede sin casos que atender: “Las personas que acuden a este servicio van a
perder uno de sus bienes más preciados, un sitio donde poder estar con sus
hijos, con su familia, el que viene aquí es porque se enfrenta a un problema
vital, y yo no sé decir si es más dramático el caso de una madre soltera con un
hijo o el de una pareja con tres”. “Unos
y otros –añade- están en una situación completamente desesperada, ¿crees que
pueden tener la cabeza fría para escuchar propuestas o para hacerlas? ¿Qué
acuerdo van a encontrar el director de la sucursal de un banco y la persona a
la que ese banco va a privar de su casa? Por eso creo que es mucho mejor que
intervenga un profesional que va a escuchar a las dos partes para ver si es
posible alcanzar un punto de encuentro. Con nosotros, al menos, tienen una
persona que les escucha, alguien que además está capacitado técnicamente como
abogado para intentar buscar salidas o darle un consejo, y eso creo que ya es
muy importante cuando estás en esa situación, alguien que desinteresadamente te
va a escuchar, que se va a mover por tu asunto, y que si tiene que ir a
quinientas reuniones va a ir a las quinientas”.
CAF Sarriguren
El convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés y el
MICAP para la implantación de un servicio de asesoramiento jurídico comenzó en
abril de 2011, limitado a la materia de familia, desde entonces, se ha ido
prorrogando hasta la fecha, ampliándose en septiembre de 2014 al asesoramiento
en materia de vivienda, y posteriormente, en septiembre de 2015, al área de
consumo.
 |
| Matías Miguel, en su despacho. |
El CAF familia
está atendido por 17 abogados que prestan un servicio jurídico a los vecinos
del Valle de Egüés, fundamentalmente relacionado con el Derecho de Familia y la
Mediación Familiar, dirigido a la atención, asesoramiento y orientación de las
familias en conflicto, situaciones legales que se puedan presentar en el marco
de la institución familiar y temas relacionados con la violencia, tanto de
género como en el ámbito de la familia. Durante el año 2015 atendió 129
consultas, de las que 26 fueron planteadas por personas extranjeras.
El servicio de asesoramiento en materia de vivienda se dirige a la atención de
personas con problemas relacionados con hipotecas y el uso de viviendas en régimen
de alquiler, y en cuestiones relacionadas con la materia que puedan suponer una
situación de posible vulneración de derechos en esta materia a las familias,
con el fin de evitar en lo posible posibles abusos que se pudieran cometer. Lo
atienden 4 abogados expertos en esta materia de vivienda.
Por otra parte, en septiembre del año 2015 y ante la
complejidad de las situaciones que pueden derivarse del gran número de bienes y
servicios que son contratados por los particulares, se consideró necesario
establecer un servicio a través del cual el consumidor del Valle de Egüés reciba una orientación sobre los
derechos y obligaciones en la materia. Ambos servicios atendieron el año pasado 79 consultas
referidas a la renta básica (1), vivienda (1), propiedad (9), préstamos
hipotecarios (25), desahucio (2), consumo (21), arrendamiento (18) y otros (2).
Matías Miguel, que también coordina los servicios del CAF,
destaca que empezó como asesoramiento en materia de vivienda y que se decidió
ampliarlo al área de consumo, “con muy buena acogida, porque muchas veces, por
desconocimiento, nos vemos en unas situaciones en las que no sabes qué hacer,
por ejemplo con el típico problema del contrato del teléfono móvil, y ni se te
ocurre planteárselo a un abogado porque no te compensa cuando es algo que puede
estar rondando los cien euros. Pero aquí sí pueden hacerlo porque solo
asesoramos y orientamos, les decimos que pueden acudir al Servicio de Consumo
del Gobierno de Navarra, si es el caso, o les decimos cómo presentar una
reclamación”. Es un modelo que, a juicio de Matías Miguel, puede
exportarse a otros municipios, “porque siempre va a haber compañeros dispuestos
a trabajar, y no por el dinero porque no les compensa ni de lejos”.
