La decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona,
Blanca Ramos, defendió en la ponencia que expuso en las V Jornadas de
Asistencia Jurídica Gratuita, celebradas en Segovia los días 14 y 15 de abril,
la necesidad de que los letrados intervengan en los procedimientos que se
siguen ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, con el fin de garantizar
el derecho de defensa de las personas presas ejercido por profesionales
especializados. Además apuntó que es responsabilidad de los colegios de
abogados y del Consejo General de la Abogacía Española asegurar que se respeta
dicho derecho, para lo que también requirió la implicación de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria.
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| Blanca Ramos, durante la exposición de su ponencia. |
La decana planteó a los más de 200 abogados reunidos
en Segovia que “por ser nuestra función, desde los Colegios de Abogados y del Consejo
General de la Abogacía Española debe asegurarse la garantía del derecho de
defensa de las personas presas en
todos los procedimientos en materia penitenciaria y por profesionales especializados en
la materia, siendo necesaria la implicación de los juzgados de vigilancia para
llevar a efecto tal medida”.
Igualmente, Blanca Ramos defendió que resulta
necesario que todos los Colegios en cuyo ámbito geográfico exista centro penitenciario
dispongan del SOAJP (Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria),
y que la financiación de los SOAJP se realice con cargo a presupuestos de justicia
gratuita, así como que los baremos contemplen las indemnizaciones por la
intervención letrada en los diversos procedimientos en materia penitenciaria. En relación a esta cuestión, propuso que
las designaciones de Abogado sean efectuadas bien por el propio interno (libre
designación), bien por el Colegio de Abogados (a instancia del interno si
acredita insuficiencia de medios, o a requerimiento judicial).
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| Blanca Ramos es presentada a los participantes en las Jornadas. |
Conclusiones: nueva Ley
de Justicia Gratuita
La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia
Gratuita que escuche su voz y mejore un servicio que es público y “no es una
actividad de mercado”, sino uno de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía
recogidos en la Constitución. De esta manera comenzó su análisis de las
conclusiones de las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita el presidente de
la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, Antonio Morán, crítico con la forma
en que las administraciones reconocen el trabajo de los letrados del turno de
oficio y del esfuerzo de los colegios de toda España.
Morán recordó que la actual Ley data de hace veinte
años, -entró en vigor en enero de 1996- periodo en el que la situación social,
económica y jurídica del país ha cambiado sustancialmente, mientras que las
reformas emprendidas hasta ahora no han sido de suficiente calado.
En este sentido, las conclusiones de las Jornadas
proponen la simplificación de los trámites y la eliminación de la burocracia,
que convierte en ocasiones la solicitud de la Justicia Gratuita para los
ciudadanos en “una carrera de obstáculos” para saber si tiene derecho. Piden,
además, que se garantice la cercanía de los abogados a los ciudadanos en sus
demarcaciones territoriales, así como poner fin a la inseguridad jurídica que
sufren los Colegios y letrados de oficio ante la proliferación de normativa de
desarrollo que en ocasiones se contradice, a través de normas claras y
concretas.
Entre las conclusiones de las V Jornadas destaca
también la exigencia de que se incluyan los servicios de orientación jurídica a
presos, mujeres maltratadas, víctimas de trata y migrantes dentro del marco del
Turno de Oficio y Justicia Gratuita y financiados por las Administraciones. Por
último, reclaman la dignificación de la labor del abogado, a través de unas
retribuciones justas y ponerle coto a la variedad de retribuciones dependiendo
del territorio. Al respecto, recordó que un letrado de oficio cobra de media
125 euros en España por ocuparse de un caso a través del turno, y que el coste
medio por ciudadano de la Justicia Gratuita en este país es de 2 euros.
En defensa de los
derechos de los refugiados
Por otra parte, los más de 200 abogados españoles
reunidos en Segovia acordaron alzar de nuevo la voz en defensa de los derechos
de los refugiados, exigiendo al Gobierno de España y resto de Gobiernos de la
Unión Europea “el escrupuloso
cumplimiento de los tratados internacionales y la solidaridad de los
gobiernos con las personas que huyen de la guerra, la persecución y la
miseria”, puesto que, señaló, “la situación que tenemos no es de recibo”.
En este sentido, destacó el Registro de abogados
voluntarios expertos en extranjería y con conocimiento de idiomas que puso en
marcha la Abogacía Española en septiembre de 2015, en la que hay inscritos más
de 1.500 colegiados de todos los puntos
de la geografía nacional, dispuestos a asesorar a los refugiados que sean
acogidos en nuestro país.
