Las gestiones que realiza la Fundación Abogacía para que
sean revisadas las condenas de los españoles presos en Ecuador por delito de
tráfico de drogas, gestiones que cuentan con financiación del M.I. Colegio de
Abogados de Pamplona, han logrado la liberación de 15 de reclusos y la reducción
de la pena de otros 4, un resultado notable si se tiene en cuenta que han sido
solicitadas 52 revisiones de condena y aún están tramitándose 24 de ellas.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española,
Victoria Ortega, ha dirigido una carta a los miembros del Consejo en la que
hace balance del resultado de las gestiones llevadas a cabo tras la aprobación por
el Gobierno de Ecuador, en agosto de 2014, de un nuevo Código Orgánico Integral
Penal que, por primera vez, introducía un criterio de proporcionalidad en las
penas por tráfico de estupefacientes, en función del peso y del tipo de droga
portados en el momento de la detención. Esta reforma preveía la revisión de las
sentencias de las personas que fueron condenadas por delitos de tráfico de
estupefacientes, para la aplicación de las nuevas penas más favorables. El
procedimiento judicial previsto se inicia a instancia de parte y tiene
naturaleza contradictoria.
Ortega recuerda que, en aquel momento, una parte de los
españoles condenados por delito de tráfico se encontraban cumpliendo sus penas
en centros penitenciarios de Ecuador y otros habían sido trasladados a España
en virtud del Convenio bilateral entre España y Ecuador. “En este último caso
el procedimiento de revisión de condena se complica, ya que es el Juez
ecuatoriano el competente para resolver en todo caso”, precisa la presidenta.
La Fundación Abogacía comenzó a trabajar en octubre de 2014
para intentar agilizar la revisión y puesta en libertad, en su caso, de estos
españoles presos. “Desde entonces, hemos intentado dar carácter prioritario a
las personas que atraviesan una especial situación de vulnerabilidad” explica
Victoria Ortega, quien añade que “igualmente, hemos seguido el criterio
establecido por el Consulado General de España en Quito, priorizando los
procesos de quienes en aplicación de la nueva norma, ya tendrían sus penas
cumplidas. Es decir, de los cerca de 90 españoles en esta situación, la gestión
impulsada desde este Consejo comenzó las revisiones de las personas detenidas
por mínima y mediana escala, que en función de la nueva tabla ya podrían estar
en libertad”.
Desde entonces, la Fundación ha venido gestionando también
actuaciones encaminadas a la obtención de permisos, terceros grados y
libertades condicionales de los interesados, en tanto sus procedimientos en Ecuador
siguen su curso, y ha mantenido permanentemente informados de la situación de
sus procesos tanto a los interesados como a sus familiares.
Satisfacción por los avances
La presidenta del CGAE resume los resultados del trabajo
realizado por Abogacía Española e indica que son 52 los españoles presos en
Ecuador para los que se ha iniciado la solicitud de revisión judicial,
procedimientos que se han resuelto con 15 sentencias de libertad y 4 de
reducción de condena, estando 2 casos pendientes de recurso. Además hay fechas
de audiencia confirmada para 5 revisiones y están pendientes de fecha otras 2,
y 24 se encuentran en tramitación.
En cuanto a las gestiones realizadas por la Fundación con
los presos que cumplen condena en territorio español para la modificación de
grado u obtención de permisos, Victoria Ortega señala que 34 directores de centros
penitenciarios han recibido cartas informativas de la Presidencia del CGAE, lo
que ha posibilitado que 13 presos hayan disfrutado de permisos en 2015, 12
hayan obtenido el tercer grado y que 5 hayan accedido a la libertad condicional.
“Dado el enorme esfuerzo que la Fundación Abogacía está
realizando, y considerando los resultados positivos que ha conseguido hasta la
fecha, era de justicia que conocieras el estado en que se encuentra el trabajo
impulsado por el Consejo para que tantos ciudadanos españoles reciban la
Justicia que merecen, y que la propia Defensora del Pueblo ha reconocido de
manera explícita en su último informe anual, el correspondiente a 2015”,
concluye la presidenta del CGAE, que muestra su “satisfacción por los avances
que se están logrando”.
En 2014 y 2015 el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona
(MICAP) ha concedido ayudas a la Fundación Abogacía, procedentes de la
convocatoria anual de apoyo a proyectos solidarios, para su labor de asistencia
a los reclusos españoles en el extranjero.
