La ciudadanía confía en los abogados, a los
que sitúa en el puesto 9 entre 25 grupos sociales e instituciones, siendo los
políticos y los partidos los que ocupan las dos últimas plazas, y pone a la
Abogacía en primer lugar entre todas las profesiones jurídicas, según el
Barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española 2015, titulado La imagen de los abogados y de la justicia en la sociedad española, que también resalta la satisfactoria valoración
del trabajo que realizan.
El Barómetro, una encuesta realizada por
Metroscopia con entrevistas a mil personas, es el quinto de una serie iniciada
en 2002 y se complementa con el Barómetro interno, que recoge las opiniones de los propios abogados sobre la profesión, publicado en el pasado mes de julio. El anterior sondeo corresponde al año 2011.
Si entre 2008 y 2011 la confianza expresada
por los españoles hacia quienes son sometidos a evaluación tendió en conjunto a
decrecer, entre 2011 y 2015 ha tendido de forma generalizada a mejorar. Siguen
ocupando los primeros lugares las instituciones que la ciudadanía percibe como
“altruistas” y asocia más directamente con la defensa del bien común (los
científicos, la policía, las fuerzas armadas, la Seguridad Social, Cáritas y,
sorprendentemente, las Pymes, a las que se estaría reconociendo su capacidad de
resistir e intentar sobreponerse en unas circunstancias sumamente adversas.
En cambio, las instituciones y grupos
sociales que se perciben como dedicados a la defensa o promoción de intereses
sectoriales, ocupan los últimos lugares la clasificación y, como ocurre en
épocas de crisis, experimentan el mayor desgaste de imagen: es el caso de políticos,
partidos políticos, bancos, obispos, sindicatos y Gobierno. La iglesia lo
demuestra: su obra de asistencia social aparece en cabeza de la tabla, pero su
jerarquía está al final.
En novena posición
Según la
encuesta, son los científicos quienes más confianza inspiran a los españoles, con
un 8,2 sobre 10. A continuación figuran los cuerpos de seguridad (7,1), los
pequeños y medianos empresarios (6,9), las ONG (6,7), la Seguridad Social
(6,7), la obra asistencial de la iglesia (Cáritas, 6,6), los militares (6,4),
las emisoras de radio (6,0) y en noveno lugar aparecen los abogados (5,8 frente
al 5,2 del anterior sondeo), seguidos por los notarios y los funcionarios, con
la misma puntuación.
Detrás están
los jueces (5,7), los tribunales de justicia (5,4), el Rey (5,1), el Defensor
del Pueblo (5,1) y la prensa y los periódicos (5). Los ayuntamientos encabezan
los suspensos (4,9), seguidos por la televisión (4,4), el Congreso y el Senado
(4,3), el Gobierno del Estado (3,4), los sindicatos (3,4), los obispos (3,2),
los bancos (2,9), los partidos (2,8) y los políticos son los que menos
confianza inspiran a los ciudadanos, que los puntúan con un 2,6, calificación
que por otra parte no varía con respecto a 2011.
La capacidad
que demuestran los abogados de mantenerse en un confortable lugar medio-alto, año tras año, indica que
su positiva consideración social no es coyuntural sino estable, consolidada y
creciente. Algo que, en principio, podría incluso resultar sorprendente
atendiendo a la naturaleza de sus funciones: a fin de cuentas, el abogado es siempre
abogado de parte; es decir, goza ciertamente de la confianza total de
sus representados, pero al mismo tiempo —y con toda probabilidad en igual
medida—concita desconfianza y recelo en la parte contraria que, a su vez,
confía plenamente en su abogado.
Los
resultados demuestran que los abogados llevan a cabo una función de interés
público. Algo que, curiosamente, no parece tener tan claro la ciudadanía
respecto quienes tienen la función de hacer justicia: jueces y tribunales, que,
además, llevan ya varios años quedando ligeramente por detrás.
Entre
quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado (el 56% de la
población total española), el grado de satisfacción con los servicios
profesionales recibidos sigue manteniéndose a un nivel muy elevado. La
satisfacción de conjunto es puntuada con un 7.0, destacando de modo especial la
atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7.9), así como la
preparación técnica del abogado y su interés por el asunto encomendado
(puntuados con un 7.3 y un 7.2, respectivamente1). Incluso el importe de los
honorarios cobrados merece una evaluación positiva (6.5): la relación
coste/beneficio que implica recabar asistencia letrada parece así ser tenida
por claramente favorable por quienes han utilizado alguna vez los servicios de
un abogado. Algo que queda confirmado por el hecho de que el resultado
conseguido sea evaluado con un asimismo sustancial 6.6.
Mal funcionamiento de la justicia
El Barómetro
del CGAE concluye que la Administración de Justicia española funciona, en
conjunto, mal: lo dice un 53% de los españoles, frente a un 32% que considera
en cambio que lo hace bien. Con el paso de los años las posturas se han polarizado,
acentuándose la distancia entre los porcentajes que emiten un diagnóstico
favorable y desfavorable: era de 8 puntos en 1987, y es de 21 puntos ahora. La
ciudadanía considera a la Justicia una institución organizativamente desfasada y
funcionalmente poco eficiente, pero tiene una opinión positiva de los jueces,
por lo que el 94% de los encuestados reclama una reforma inmediata y a fondo de
la Justicia, de modo que asuntos especialmente graves o importantes y que
causan gran alarma social no tarden años en tramitarse y resolverse, y el 90%
pide un imnediato pacto de Estado sobre la Justicia que la blinde de forma
clara y creíble frente a influencias o intromisiones de carácter político.
En el Barómetro también se preguntó a las personas
entrevistadas si tenían la impresión de que, en conjunto, la situación del
Estado de Derecho es en España igual, mejor o peor que la existente en los
países más avanzados. A lo largo de los diez últimos años se ha producido una
grave erosión en la imagen que la ciudadanía española tiene de su Estado de
Derecho: en el momento actual, un 60% de toda la población cree que nuestro
Estado de derecho está en peor situación que en el conjunto de los países más
avanzados; en 2005 daba esta respuesta solamente un 38%.
