jueves, 12 de noviembre de 2015

El debate seguridad vs. libertad abre la XVII edición de los Encuentros Estatales Jurídico Penitenciarios

El decano del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, Alfredo Irujo, ha inaugurado esta mañana la XVII edición de los Encuentros Estatales Jurídico Penitenciarios, cuyas sesiones de trabajo se desarrollarán a lo largo de tres jornadas en la sala de conferencias de la sede colegial.

Acto inaugural de los encuentros.
Blanca Ramos, presidenta de la Comisión del Turno de Oficio y Derechos Humanos del MICAP, y Carlos García Castaño, Presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, han acompañado en la apertura de los encuentros a Alfredo Irujo, quien ha destacado la importancia que el MICAP concede al Derecho Penitenciario, como lo prueba el hecho de que la web que el colegio dedica a la especialidad es la referencia en materia penitenciaria para todo el Estado.

Tras el acto de apertura ha comenzado la exposición de las ponencias. La primera de ellas ha corrido a cargo de Eduardo Mata Mondela, magistrado Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pamplona, que ha centrado su charla en las repercusiones penitenciarias de las modificaciones del código penal. Sobre una de ellas, la introducción de la pena de prisión permanente revisable, el conferenciante ha explicado que “hay un cambio de competencia, hasta ahora los jueces de vigilancia de penitenciaria autorizábamos las libertades condicionales, conocíamos los recursos de grado, pero en los casos de la pena de prisión permanente revisable eso se ha extraído de los jueces de vigilancia penitenciaria y ha pasado al tribunal sentenciador”.

El magistrado ha mostrado sus dudas con otra de las modificaciones: “La posibilidad de hacer una revisión o suspender la ejecución sólo se podrá hacer una vez cumplido un mínimo de 25 años en el interior de la prisión, y con un carácter más sustantivo que penitenciario, es ciertamente muy discutible porque así como previene límites mínimos de cumplimiento, no hay un límite máximo, lo que puede significar que, de hecho, se convierta en una pena de prisión perpetua y definitiva, que no acabe nunca sino con la vida del penado, aunque es verdad que cada dos años, una vez cumplidos los 25 de cumplimiento de pena, debe revisarse cada dos”. “Por eso la pena de prisión permanente revisable, particularmente no me convence, en absoluto”, ha recalcado el ponente.

También ha cambiado el carácter de la libertad condicional. Eduardo Mata ha indicado que, hasta ahora, suponía el seguir en el exterior cumpliendo la pena de prisión bajo determinado condicionado, “pero ahora ya no se sale al exterior para seguir cumpliendo la pena, sino que te la suspenden. ¿Eso qué significa? Pues que en el caso de que te revoquen la libertad condicional el tiempo que has pasado en el exterior cumpliendo las condiciones ya no te sirve para cumplir la pena, ya no te cuenta para extinguirla, sino que tendrías que entrar en prisión a cumplir todo el resto que te quedara pendiente”.

Además, ha vaticinado problemas de interpretación sobre el plazo de suspensión de la ejecución de la pena de libertad condicional. “El plazo mínimo es de 2 años y el máximo de 5, y a su vez también existe una regla imperativa en el sentido de que ese plazo de suspensión no podrá ser inferior a la parte de la pena pendiente de cumplimiento, y no se ha hecho la previsión de que la pena pendiente sea superior a 5 años, sean 6, sean 7… Sin embargo, según la previsión normativa no se pueden imponer plazos de suspensión superiores a 5 años, lo cual infringe la otra parte de la disposición que dice que no puede ser inferior a la parte pendiente”.

El magistrado entiende que la solución pasa por una nueva previsión legislativa, “pero a mi entender, entretanto, esa laguna se debería reintegrar: Si se cumplen los requisitos esenciales para la libertad condicional se debería autorizar, y en cuanto al plazo de suspensión, si por ejemplo faltaran 6 años para terminar la pena, habría que poner el plazo de 6 años, interpretando que esa cláusula que habla de 5 se refiere a penas hasta los 5 años, y si es superior pues habrá que ponerlo superior. Es la única manera de salvarlo porque de lo contrario estamos en un círculo contradictorio y sin sentido”.

“Otro gran problema que plantea la libertad condicional es el de su aplicación temporal”, ha advertido Eduardo Mata, quien ha argumentado que con el anterior modelo, más beneficioso para el reo, en caso de revocación el tiempo que el recluso ha pasado en libertad condicional sirve para extinguir la pena. Las modificaciones introducidas por la Ley orgánica entraron en vigor el 1 de julio dicen que ese nuevo modelo tiene que aplicarse todos los expedientes de libertad condicional independientemente de la fecha de los hechos delictivos, de la fecha de la sentencia. Se ha preguntado si el nuevo modelo se tiene que aplicar a sentencias condenatorias anteriores, “esto no está bien resuelto, ahí hay un debate abierto. A mi juicio no debe aplicarse la nueva regulación a sentencias anteriores porque es una aplicación retroactiva más perjudicial para el reo, y por tanto a sentencias anteriores habría que aplicar el modelo anterior y no el nuevo”.

El caso de los trabajos en beneficio de la comunidad también se ve modificado. Hasta ahora, cuando constituyen realmente pena, la competencia para controlar ese tipo de trabajos era de los jueces de vigilancia penitenciaria, pero ahora cabe la posibilidad de esos trabajos sean impuestos no como pena sino como condición de una suspensión de una pena privativa de libertad. “Seguimos siendo competentes en el primer caso, pero no en el segundo, en esos casos el seguimiento debe hacerlo el Juzgado de lo Penal o la Audiencia que ha impuesto esa condición”, ha señalado el ponente.

Endika Zulueta, en primer término, junto a Eduardo Mata y Blanca Ramos.
Libertad versus seguridad
A continuación ha tomado la palabra el abogado Endika Zulueta, que ha repasado desde un punto de vista muy crítico las últimas leyes orgánicas -Código Penal, nueva legislación antiterrorista, Ley de Seguridad Privada, Ley de Seguridad Nacional-, de las que ha dicho que tienen “como principio rector y como valor supremo la seguridad, en detrimento de las libertades públicas” y ha tratado de buscar términos o concepciones alternativos a lo que ofrece el Estado, “qué entendemos nosotros por seguridad, por libertad y por derechos fundamentales”. Ha sugerido que para analizar estos conceptos, e incluso la profesión en su conjunto y hasta la vida misma, debemos ejercitar más la libertad de pensamiento saliéndonos del marco de lo que se ha venido en llamar el pensamiento único. En este sentido ha invitado a los presentes a reflexionar sobre “por qué si estamos en una situación en la que no hay ninguna inseguridad, objetivamente vivimos en la época más segura de la historia de la humanidad, al menos en el mundo occidental en el que nos movemos, con el índice de longevidad más alto, muchas enfermedades que se curan, los índices de criminalidad más bajos que se han conocido, sin embargo se nos hace creer que no estamos seguros, y esa sensación de inseguridad acaba calando en la población”.

Ciertamente –ha dicho el ponente- tenemos unos miedos reales. “Ahora, con la crisis económica, que no es más que una estafa, se han producido unos recortes sociales y eso si produce miedos: la gente que tiene trabajo teme perderlo, y la que no lo tiene teme no encontrarlo; la que tiene casa teme no poder pagar la hipoteca y que la echen, y la que no la tiene teme que no pueda tenerla nunca… tenemos miedos a un menor acceso a la educación, a la sanidad y esos miedos son reales”.

El Estado debía garantizar los mecanismos adecuados para aminorar esos miedos, pero no lo hace. Por el contrario, según Endika Zulueta “realiza una política que los acrecienta, buscándose e inventándose peligros exteriores. Es algo que siempre ha existido. Antes era el miedo al rojo de Moscú y ahora al terrorista yihadista que nos dicen que intenta destruir nuestra civilización occidental. Y ante ese miedo al más allá, a alguien que está lejos de nosotros y con el que estamos en guerra permanente, tenemos que ceder espacios de libertad para que el estado nos proteja de esos enemigos que intentan matar a nuestros hijos”.

El abogado ha mantenido que en un estado democrático “la seguridad debe estar relacionada con los derechos fundamentales. La seguridad debe entenderse como la máxima protección de los derechos sociales, educación, sanidad, vivienda y trabajo, y un ámbito en el que se puedan ejercer libremente los fundamentales, reunión, manifestación libertad de expresión…“ El conferenciante sostiene que manteniendo a la población amedrentada el estado puede recortar libertades y, al mismo tiempo, proteger el sistema socioeconómico. “Este Estado formalmente democrático tiene un concepto de seguridad como el de la Ley de Orden Público del franquismo, de 1959, que concebía la seguridad como la seguridad interior, del propio Estado, no la seguridad que nos dan unos derechos fundamentales. Se protege el propio Estado, el sistema socioeconómico a costa de recortar nuestras libertades. Nos engañan con un supuesto binomio de seguridad a cambio de libertad cuando en un estado democrático no hay tal binomio, porque en un estado que se presenta como democrático son conceptos complementarios, tengo que tener seguridad para poder ejercer nuestras libertades públicas. Como el estado lo plantea como un binomio, nos quita libertad para dar una supuesta seguridad, al final, si cedemos, lo que conseguimos es no tener libertad ni seguridad”.

Zulueta cree que los abogados pueden jugar un papel destacado para intentar dar la vuelta a esta situación. Para ello deben “reforzar nuestra confianza, tener más conciencia crítica, transformar el miedo en prudencia, buscar el apoyo mutuo y hacer frente a esta nueva ola represiva empleando nuestra propia argumentación jurídica, que creo que está mucho más fundamentada constitucionalmente que la que tienen ellos”.


Como suele ser habitual en sus intervenciones, Endika Zulueta ha defendido los valores de la profesión y ha animado a los asistentes a ponerse al servicio de la sociedad: “Los abogados y abogadas podemos no sólo ser buenos profesionales, sino los mejores en el ámbito de actuación que tenemos en este nuevo contexto social, jurídico y político, creo que tenemos la obligación de sacar lo mejor de nosotros mismos en cada ámbito que nos movamos, en el de los amigos, lo social, lo familiar y, especialmente aquí hablando, en lo profesional. Y para sacar lo mejor de nosotros mismos tenemos que tener amplitud de miras e ir un poco más allá de aprender. Una jornada así está muy bien porque sirve para aprender nuevas leyes, nuevas experiencias de otros compañeros… pero yo invito a hacer un plus, a mirar también hacia adentro, que abramos la mente y el corazón, y que tengamos una perspectiva diferente ante las leyes, los jueces, nuestros clientes y ante la vida”.

 

© 2014 MICAP Gabinete de Comunicación online. Rediseñado sobre la plantilla Templateism

Back To Top