A partir del jueves 12 de
noviembre, cerca de 140 abogados participarán en la sala de conferencias del
MICAP en los XVII Encuentros Estatales Jurídico Penitenciarios, organizados
por el MICAP e impulsados por la Subcomisión de Derecho Penitenciario del
Consejo General de la Abogacía. Según
explica Mikel Armendáriz, coordinador del Servicio Penitenciario, “hace ya muchos años que los profesionales querían que las
jornadas se celebraran en Pamplona, ya que esta ciudad siempre ha sido un
referente en materia de Derecho Penitenciario”.
¿Por qué motivo se considera a Pamplona referente en materia de Derecho
Penitenciario?
Por una parte, porque fuimos uno de los primeros colegios en
instaurar el Servicio Penitenciario, que
además ha sido un servicio que siempre ha funcionado relativamente bien. Por otra parte, porque en Pamplona se hace la web de derecho
Penitenciario, que depende del MICAP pero está abierta a todo el que quiera
acceder a ella. Se trata de la única web especializada en derecho Penitenciario
en la cual puedes encontrar jurisprudencia, doctrina, etc., de manera gratuita.
¿Por qué motivo todavía no se había organizado unas jornadas en el
MICAP?
Siempre se ha intentado que los
encuentros sean en ciudades en las que empieza a prestarse ese servicio, para apoyar a ese
colegio y para que las instituciones vieran que hay interés en esa rama. Este año había dos colegios que
habían comenzado hace muy poquito, por lo que
no hemos visto conveniente que las jornadas fueran allí, porque no
tenían capacidad de organizarlo, debido al trabajo que supone implantar el
servicio. Como la idea de hacer unas jornadas nacionales en Pamplona siempre
está en el ambiente, hemos visto que era el momento propicio.
¿Cuántos abogados está previsto que participen?
Por el momento, las inscripciones
están alrededor de 140. La afluencia de
público suele ser variable, porque cuando hay encuentros la gente del propio
sitio de celebración aprovecha para ir a las ponencias. El número de inscritos
suele fluctuar entre 100 y 120 personas, que es el bloque de gente que suele
desplazarse.
¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo este tipo de jornadas especializadas
en Derecho Penitenciario?
La idea de partida fue que las
personas que nos dedicamos al derecho Penitenciario podamos juntarnos anualmente. En un primer momento, no
había nada sobre Derecho Penitenciario, ni había tampoco los medios para
comunicarse que hay ahora. Así, era muy
interesante ver qué estaban haciendo n otros colegios, como respondían los
jueces de vigilancia penitenciaria de otros sitios, como podíamos recurrir
ciertas cosa. Por lo tanto, no es en sí
un congreso, lo llamamos “encuentros” porque lo que pretendemos, sobre todo, es compartir experiencias. El problema con el Derecho Penitenciario es
que no contamos con un Código Procesal propiamente dicho, entonces, mucho es
improvisado sobre el procedimiento. Ahora ya es diferente, en cuanto a que
viene más gente y a que la gente está muy formada.
¿Qué van a encontrar los participantes en estos encuentros?
Por un lado ponencias, y por el
otro talleres. Hace ya tiempo que
renunciamos a lo que podrían ser las ponencias típicas, muy sesudas, en las que
viene un magistrado del Tribunal Supremo, porque eso no nos sirve en nuestro
día a día. Tratamos de invitar gente que nos pueda ofrecer información útil para
la práctica diaria. En este caso, la primera ponencia la va a realizar el
Magistrado Juez del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Pamplona, Eduardo Mata, que tiene un gran prestigio y es además una persona muy querida y
respetada en el ámbito del Derecho Penitenciario. En cuanto se supo que las
jornadas iban a ser en Pamplona,
prácticamente se dio por hecho que participaría. La idea es que hable
del nuevo código penal que ha entrado en vigoren julio y de cómo el Juez de
Vigilancia Penitenciaria puede aplicarlo.
Además, va a venir Maribel Mora, Senadora y encargada de la
Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía,
a hablar de la Salud en las prisiones.
El año pasado estuvimos hablando de la hepatitis, y de las limitaciones
de los presos a la hora de acceder al tratamiento. Porque si fuera hay
limitaciones, imagínate una persona que esté preso. Y dentro de la población
penitenciaria, hay un porcentaje altísimo que tienen hepatitis B. Así que se
decidió que todos los años se reservaría
una ponencia para dedicarla al tema de
salud, porque entendemos que es un tema a seguir.
También está programada una
ponencia sobre Sistemas de seguridad en
los Centros Penitenciarios, a cargo de Laura Moreno Yuste, colaboradora del observatorio del derecho penal
de la Universidad de Barcelona.
Y otra comunicación, a cargo de
Santiago Hernández Castrillo, jefe del Área de traslados de personas
condenadas, de la Subdirección General
de Cooperación Jurídica internacional del Ministerio de Justicia, que va
a hablar sobre los Convenios de cumplimiento de penas en otros países, con
especial referencia a la aplicación de la Ley 23/2014. Está centrada en el
cumplimiento de penas fuera de España y sobre los procedimientos para traer a
esa persona aquí, siempre que sean
ciudadanos españoles que quieran cumplir la pena en España.
Por último, está previsto
intercambio de experiencias en los SOAJPS, coordinado por Carlos García
Castaño, presidente de la subcomisión de Derecho Penitenciario del CGAE. Es una
especie de ponencia de coaching, en
la que compartimos nuestras experiencias, como hacemos el trabajo, y qué
problemas encontramos.
Eso son las ponencias. ¿Qué
temas se van a tratar en los talleres de
trabajo?
Antes de definir los talleres de
trabajo, se suele mandar cuestionarios a todos los colegios para elaborar una
especie de estadística sobre qué temas interesan más para tratarlos en los
encuentros. La idea es llegar
conclusiones y a líneas de actuación conjuntas. Por ejemplo este año
vamos a hablar del cumplimiento en las cárceles de los criterios de los jueces
de vigilancia. No entendemos como una
prisión como la de Pamplona se niega a cumplir algo que el juez de Vigilancia
viene continuamente diciendo, como son
las comunicaciones con gente que ha estado en prisión. Sistemáticamente, el
juez las aprueba, pero la cárcel sigue
negándolas, así que nos interesa ver cómo está la situación en otros colegios.
También vamos a tratar un tema
novedoso, como es el del acceso al expediente personal, por parte de los
abogados y del propio preso. Y el código
deontológico dentro de Instituciones Penitenciarias, que no sabemos muy bien
cómo funciona.
Otro taller va a ser sobre Justicia Restaurativa, que es Mediación
en el ámbito penitenciario. Y otro va a
ser sobre la Redacción de un protocolo de clasificación inicial en tercer grado
con acceso directo en CIS para personas condenadas a penas cortas o menos
graves. En estos momentos, este tema
está planteando muchos problemas a los abogados, con gente que está entrando a
prisión a cumplir condenas muy cortas. Hablamos de gente que está entrando a
cumplir penas de cuatro meses de cárcel, seis meses, hasta incluso un año.
Este tipo de penas, ¿por qué se dan? ¿A qué tipo de delitos
corresponden?
Bueno, por ejemplo suelen ser
delitos por impagos de mutas que luego se han convertido en prisión. Eso se da.
Hablamos de un procedimiento penal que se ha sancionado con una pena de multa,
pero que esa persona no puede hacer frente a esa multa y automáticamente se
transforma en prisión.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
No es necesario que sean multas
muy altas. Por ejemplo, 700 €. Y menos. Lo que ocurre es que generalmente la
persona cumple los cuatro meses enteros, porque no da tiempo a clasificarles, ya
que la clasificación tarda en hacerse mes y medio o dos meses y ene se tiempo,
cumplen ya la mitad de la condena. Además, como la mayoría de las prisiones
suele clasificar en segundo grado, ese
segundo grado lo tiene que recurrir el abogado. Y al recurrirlo, entra
en el juzgado de vigilancia penitenciaria, que tarda otro mes o mes y medio en
resolverlo. El resultado es que aunque el juez te dé la razón, esa persona ya
ha cumplido tres meses y medio o cuatro, que es lo que tiene que cumplir, así
que se pega cuatro meses dentro de prisión.
Lógicamente, si tienes dinero
pagas la multa. Son penas de pobreza. A una persona que tiene medios nunca le
va a pasar eso. Desgraciadamente la crisis hace que muchas personas que estén
en paro y no tengan recursos se vayan cuatro meses a la cárcel. A nadie le
gusta estar en la cárcel, y mucha gente entra en prisión porque no le queda
otro remedio.
Un ejemplo relativamente común
pude ser una persona a la que le han retirado el carné por una alcoholemia y
luego le pillan conduciendo. Ese quebrantamiento, que es el segundo delito, le
condena a una multa. Pero esa persona no puede pagarla –no puede pagar 700 € ni
siquiera en plazos- , y como ya tiene una condena previa, se transforma la pena
de multa en prisión, y no se puede suspender, porque ya tiene un delito
anterior, así que entra en prisión.
Lo que queremos – y es de lo que
va la ponencia- es la redacción de un código para que los CIS puedan acoger a
esas personas con penas cortas, con un estudio previo, para clasificarlas
directamente en tercer grado. Queremos articular un sistema para personas con
penas tan cortas, y que en muchos casos
llevan una vida totalmente normal, pero han tenido la desgracia de vivir dos
hechos puntuales que le han marcado la vida. Queremos para esas esas penas cortas un procedimiento de ingreso
en el CIS, con un estudio previo del centro penitenciario y siempre que se den
unas condiciones dentro de la situación de la persona, para poder incorporarla
inmediatamente al tercer grado, permitirle salir a trabajar… No es un perdón de
la pena. Lo que queremos es permitirle cumplirla en unas condiciones que las
permite la ley y que sean más adecuadas.
