La Junta de Gobierno del M.I. Colegio de Abogados de
Pamplona (MICAP) ha resuelto la convocatoria anual de apoyo a proyectos
solidarios, siendo beneficiarios en esta ocasión los presentados por la Fundación Abogacía,
la ONG Alboan y la Fundación Amanecer.
Cada año, el MICAP incluye en sus presupuestos una partida
específica con destino a los proyectos, instituciones o actividades que la
Junta determine, cuyo objetivo sea promover la defensa de los derechos humanos
y los valores de justicia y solidaridad en el Tercer Mundo, que en esta ocasión
estaba dotada con 4.000 euros. Tras la correspondiente convocatoria pública, la
Junta de Gobierno ha resuelto adjudicar las ayudas a la Fundación Abogacía, que
recibirá 2.000 euros para su proyecto de Apoyo
a presos españoles en el extranjero; Alboan, de los Padres Jesuitas,
percibirá 1.000 para el proyecto de Asistencia
Legal a Víctimas de Violencia Sexual en Kivu Norte, en la República
Democrática del Congo; y la Fundación
Religiosa Amanecer, de la Congregación Hijas de la Caridad, contará con 1.000
euros para el proyecto Derecho y Justicia
social para niños y adolescentes de la calle en Cochabamba, Bolivia.
Fundación Abogacía
Fundación Abogacía ha mostrado reiteradamente su
preocupación por el hecho de que los españoles privados de libertad en la mayor
parte de los Estados del extranjero carecen de la garantía a una asistencia
jurídica letrada. Los presos que se encuentran en dos países, Perú y Ecuador,
centran en este momento la atención de la Fundación Abogacía.
Perú, el mayor productor de cocaína del mundo, tiene la más
numerosa población reclusa española en el extranjero, unas 320 personas, en
prisiones con un duro régimen penitenciario como las de Callao y Lurigancho.
Las solicitudes de traslado a España para el cumplimiento de la pena, acordadas
por un convenio bilateral, se están alargando más de un año o nunca llegan a
resolverse. Otros beneficios penitenciarios legalmente reconocidos tampoco se
están aplicando a los españoles, ni a otros extranjeros, por problemas de
coordinación interinstitucional, tal como admiten las propias autoridades
peruanas.
En cuanto a la situación que se vive en Ecuador, hasta
agosto de 2014 la sanción penal para el delito de tráfico de estupefacientes
era la misma con independencia de la cantidad transportada. Ahora, el castigo
es proporcional a la cantidad de droga, y la Fundación trabaja para que esta
reforma legal se cumpla efectivamente para los españoles, que por lo general son
portadores de pequeñas cantidades. Con la nueva ley muchos de los condenados
según la legalidad interior debían salir en libertad inmediatamente, pero no ha
sido así y se encuentran en una especie de retén
legal, esperando a que se reconozca que han cumplido ya toda la pena que se
establece en el nuevo código penal para los pequeños portadores.
El proyecto que ahora va a recibir la aportación del MICAP
pretende, por un lado, el desarrollo de acciones de sensibilización sobre las
personas que podrían incurrir en esos delitos, y, al mismo tiempo, realizar
gestiones con las autoridades, principalmente de Ecuador y Perú, para que
funcionen los canales de atención legal y aplicación de beneficios
penitenciarios a los españoles presos en sus centros penitenciarios.
ALBOAN
El proyecto presentado por la Fundación ALBOAN, en
colaboración con la ONG Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles (SFVS), se
desarrollará en la República Democrática del Congo, reconocida como el país del mundo
donde más mujeres sufren la violencia sexual. Cada 5 segundos aproximadamente 4
mujeres (de todas las edades) son agredidas sexualmente, sobre todo en las
regiones del este del país y especialmente en Kivu Norte, donde se centra el
proyecto.
La violencia sexual es un arma de guerra utilizada tanto por
grupos armados como por fuerzas gubernamentales que buscan intimidar de forma
extrema a la población y disuadir a las comunidades de colaborar con facciones
opuestas. Pero lo más grave es que, además, personas del entorno (familia,
vecinos, amigos, etc.) pueden llegar a participar en esta forma salvaje de
agresión amparándose en la sensación de impunidad generalizada que rodea estos
delitos.
Lamentablemente, un alto porcentaje de los casos de
violencia sexual no son denunciados y, cuando se denuncian, en muchas ocasiones
no son investigados ni llegan a los tribunales porque las víctimas desconocen
los derechos que les amparan y porque deben enfrentarse a múltiples obstáculos,
incluido el económico. El coste del proceso legal puede ser muy alto, sobre
todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población vive con menos de
un dólar al día, ya que la legislación congoleña establece que cada parte tiene
que abonar los gastos legales en casi cada etapa de los procedimientos:
exámenes y certificados médicos, honorarios de los abogados y la participación
de testigos o expertos necesarios en el tribunal.
En consecuencia, la mayor parte de las víctimas suele
depender de la ayuda de ONG’s o asociaciones, pero con el proyecto ahora cofinanciado por el
MICAP Alboan persigue cubrir esos costes económicos, atenuar las demoras en el
correcto desarrollo de los procesos judiciales y evitar que se ven afectados
por casos de corrupción, y paliar la falta de capacidades técnicas humanas.
Fundación Amanecer
La pobreza empuja a muchos campesinos bolivianos a emigrar a
ciudades como Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que ya acogen al 70% de la
población del país. Generalmente, esas personas no encuentran trabajo y no
logran integrarse en el medio social urbano, lo que se traduce en consecuencias
tan lamentables como el abandono de niños que recurren a la mendicidad, que con
frecuencia caen en la drogadicción y el alcoholismo, y que ven cómo sus
derechos son violados en un ambiente de violencia familiar y social.
En 1981 la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, alquilaron dos habitaciones en Cochabamba para dar albergue
nocturno a los niños de la calle y así iniciaron la labor de Amanecer, que más
adelante sería la Fundación Amanecer, que ya cuenta con 2 albergues, 4 hogares
y una escuela que acogen a niños y adolescentes de 7 a 18 años.
Todos los centros cuentan con un equipo multidisciplinario y
ofrecen un programa integral de prevención, protección, promoción, educación,
capacitación y rehabilitación. El objetivo de la Fundación es dar una
oportunidad a quienes malviven en la calle para ser personas de bien, útiles
para sí mismos y para la sociedad. Se les motiva y se les da una formación que
les permitirá mejorar la problemática situación a la que se han visto abocados.
La ayuda que va a recibir del MICAP servirá para llevar a cabo este proyecto,
centrado en el sur de la ciudad de Cochabamba.
