“La abogacía es un pilar
fundamental de la justicia y por tanto del Estado de Derecho. Además, desarrolla una importante función
social, principalmente a través del Turno de oficio, que es especialmente
importante en tiempos de crisis”. El Decano del MICAP, Alfredo Irujo, destaca
esta dos ideas de entre los 10 puntos recogidas en la Declaración de Vitoria, el texto leído a modo de conclusión por
Carlos Carnicer durante la clausura del XI congreso Nacional de la Abogacía,
que ha tenido lugar los días seis, siete y ocho de mayo en la capital vasca.
Así, Irujo apunta que “no se
pueden abordar reformas de calado en la justicia sin contar con la abogacía o a
la contra de los abogados o incluso de otros actores u otros operadores
jurídicos”.
En este sentido, el decano recuerda la Ley de Tasas, “que suscitó el enfrentamiento
de todos los que tenían algo que ver con la administración de justicia frente
al Ministerio; y la prueba es que se ha tenido que rectificar, se ha tenido que
eliminar las tasas”. Así, Irujo aboga
por “el diálogo y la participación de todos los operadores jurídicos para
realizar cualquier reforma relacionada
con la justicia”.
Esta búsqueda de consenso,
concluye, es vital “para conseguir el ansiado pacto de estado sobre la justicia”,
de forma que los cambios políticos o de gobierno no afecten de manera notoria
al desarrollo de la Ley.
Como segunda idea, el decano del
MICAP recuerda que la abogacía “tiene
una importante función social que desarrollar, “no solo cuando se presta
servicio a un cliente, sino también través del turno de oficio, defendiendo a
las personas más desfavorecidas,
especialmente en épocas de crisis, donde precisamente esas personas son
las más perjudicadas”.
Los 10 puntos de la Declaración de Vitoria
1.-
El nuevo tiempo iniciado en plena crisis económica, política y de valores exige
la adaptación de los abogados y sus instituciones, teniendo siempre
presente la dimensión humana de la profesión. Contamos para ello con el apoyo
institucional y el respaldo del Jefe del Estado quien ha destacado públicamente
la relevancia de la abogacía para el funcionamiento del Estado de Derecho.
2.-
Todos, absolutamente todos, debemos intensificar la defensa de los derechos
humanos. No podemos mirar para otro lado ante la injusticia.
3.-
La abogacía española reafirma su función social y su compromiso con los más
desfavorecidos, defendiendo el actual sistema de Turno de Oficio y
Asistencia Jurídica Gratuita, ejemplo de servicio público eficiente y de
calidad y exige a las administraciones públicas un trato digno y
una remuneración digna y puntual para esos servicios y los miles de abogados
que los prestan, merecedores del máximo reconocimiento.
4.-
Debe promulgarse una LEY ORGANICA DEL DERECHO DE DEFENSA, que completando
nuestro sistema de Justicia, regule el asesoramiento y la defensa
jurídica y refuerce otros derechos conexos, como la formación, la
confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las
comunicaciones, la deontología o el secreto profesional.
5.-
Apostamos por la mejor formación inicial y permanente para alcanzar la
excelencia. Necesitamos la especialización para afrontar los retos del futuro
que nos permitan continuar con una abogacía siempre adelantada a los tiempos.
Es necesario imaginar hasta lo inimaginable, aumentando el nivel de exigencia y
buscando nuevas fórmulas en el ejercicio profesional.
6.-
La evolución tecnológica y científica, su incidencia en los derechos de los
ciudadanos, nos obliga a innovar y profundizar, para hacerla compatible con la
seguridad jurídica y convertirlos en garantía de Justicia.
7.-
No deben abordarse reformas de calado, tanto procesales como sustantivas, sin
que la abogacía sea oída. Es preciso desarrollar los máximos esfuerzos en
la búsqueda de consensos, desde el dialogo y la participación. Solo así se
evitarán afecciones a los derechos fundamentales como las habidas, entre otras,
con las tasas, la conocida como ley mordaza o la reforma del Código Penal.
8.-
La Abogacía reclama, y se ofrece a coliderar, un gran Pacto de Estado por la
Justicia, base de la convivencia y la paz social, que permita reconstruir y
regenerar un sistema de Justicia estable, con el compromiso de todos, para
conseguir que funcione de forma segura, ágil, previsible y neutral.
9.-
La defensa jurídica es y debe seguir siendo exclusiva de la abogacía. Sin
derecho de defensa, sin abogacía, sin contradicción, en igualdad de las
partes, no puede haber Justicia.
10.-
Solo desde la unidad se puede mantener la fortaleza necesaria para ejercer el
liderazgo social que nos reclaman los ciudadanos en una sociedad cada vez más
necesitada de asesoramiento y defensa