La Subcomisión de Extranjería del Consejo General
de la Abogacía de España considera que las devoluciones inmediatas de las
personas que accedan al territorio nacional, contempladas en la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, incumplen el Derecho Internacional, y anuncia que en
cuanto la Ley sea publicada en el BOE planteará una propuesta de actuación que
respete los derechos humanos y no tenga en cuenta la figura del rechazo en frontera.
La Subcomisión de Extranjería del CGAE celebró una sesión
plenaria el 27 de marzo, al día siguiente de la aprobación de la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, un texto que incluye una enmienda que, asegura “pretende
legalizar las devoluciones inmediatas y sin garantías jurídicas de las personas
que accedan a territorio nacional por vía terrestre”.
Los miembros de la Subcomisión acordaron expresar
su rechazo “a la forma y el fondo de la enmienda aprobada”, porque “se han
utilizado caminos que soslayan los necesarios informes previos, y tememos que
no por motivos de urgencia, sino ante la seguridad de que estos informes serían
desfavorables”. En un comunicado hecho público al finalizar el pleno, sus
integrantes afirman que “el texto es contradictorio en sí mismo, pues el
apartado 2 de la nueva Ley reclama la sujeción al Derecho Internacional en la
ejecución de las devoluciones inmediatas, y sin garantías jurídicas los
rechazos jamás pueden cumplir tal Derecho Internacional. Ni se cumple con ello el
objetivo de legalizar las devoluciones en
caliente, ni por tanto es probable que se exculpe a los agentes imputados,
ni tampoco se otorga seguridad jurídica a nadie por su falta de claridad”.
Añade el comunicado que las sucesivas propuestas
que desde el partido del Gobierno se han presentado “no han hecho sino empeorar
la norma, al ampliar su ámbito de aplicación, que en un principio venía
restringido a tan sólo entradas masivas o de grupos, y ahora se puede aplicar a
cualquier caso individual”.
La Subcomisión de Extranjería del CGAE anuncia que
“en cuanto la Ley sea publicada en el BOE”, pondrá a disposición del Gobierno y
de los medios de comunicación una propuesta de protocolo de actuación conjunta
por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes jurídicos “que
permita una aplicación normativa que verdaderamente respete el Derecho Internacional
de derechos humanos, y que, por tanto, no tendrá en cuenta la nueva figura que
se ha pretendido crear del rechazo en
frontera”.
El manifiesto concluye indicando que “las maniobras
hechas en los últimos días para aparentar que se da cumplimiento al menos al
derecho de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla están siendo absolutamente
insuficientes”, y que “las oficinas abiertas para la solicitud de asilo en
frontera -de acceso claramente limitado por las circunstancias de los propios
puestos fronterizos donde se sitúan- son ineficientes para todos aquellos que
no consigan superar los impedimentos previos y además insuficientes para la
demanda que está habiendo -tan sólo de ciudadanos sirios- que deben esperar en
condiciones inadecuadas a que simplemente se les tramite la solicitud y sean
trasladados a un CETI sobresaturado”.
