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El ministro Rafael Catalá junto a Carlos Carnicer. |
Rafael Catalá ha
destacado la proximidad y entendimiento con la Abogacía y su apuesta por el
diálogo en los proyectos normativos. El ministro, que ha analizado las mejoras en
la tramitación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), sobre todo en
relación a la intervención judicial en las escuchas de las comunicaciones y la
necesidad de la asistencia de letrado en la toma de pruebas de ADN, ha afirmado
que su apuesta es mejorar y perfilar la LECrim para que no haya motivos de
inconstitucionalidad. En relación al Código Penal, que se encuentra en
tramitación en el Senado, ha destacado la mejora de los tipos delictivos.
Sobre la Ley de
Jurisdicción Voluntaria, que entrará en breve a debate parlamentario, ha
avanzado que potenciará el principio de alternatividad para que los ciudadanos
tengan más opciones de elección.
Respecto a la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Catalá ha asegurado que el proyecto de ley
se está revisando sustancialmente, en base al principio de colaboración y leal
confianza con los Colegios de Abogados que prestan el servicio. En próximas
fechas la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados abordará el nuevo
proyecto para buscar una fórmula razonable y equilibrada que ofrezca soluciones
a las discrepancias existentes actualmente.
En relación a la reforma de las tasas judiciales,
Catalá ha asegurado que en febrero, en “dos o tres semanas”, se adoptaran las
medidas normativas para una revisión que supondrá una aproximación a los
planteamientos de la Abogacía y que serán más beneficiosas para los ciudadanos
que en la situación actual. De esta forma, el ministro de Justicia busca una
propuesta que sería más coherente con la legislación existente en 2003 que con
la actual.
En cuanto al
anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Catalá ha reconocido
que esta norma no está descartada, pero que no se encuentra entre las
prioridades del Consejo de Ministros.