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| El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. |
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que su Ejecutivo
revisará el sistema de tasas judiciales y “aumentará el número de beneficiarios
de la justicia gratuita”. El Consejo de Ministros podría dar luz verde mañana,
viernes, a un informe en ese sentido. Esta modificación del sistema de tasas se
incluirá vía enmienda en la Ley de Justicia Gratuita que está tramitándose en
el Congreso.
Durante una visita a Logroño celebrada el miércoles, 11 de febrero, el presidente Rajoy ha avanzado que en “muy breve plazo” aprobarán el proyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), reformas con las que pretenden “acercar la
Justicia al ciudadano”, al considerarla una “política social por derecho
propio”.
Según Rajoy, su Ejecutivo ha puesto en marcha
las reformas “más amb
iciosas y complejas” en el ámbito judicial con el objetivo
de tener una Justicia “más próxima, accesible, ágil, eficaz y, ante todo, más
justa”, dotándola además de “medios humanos y materiales”, reformas que “ya están dando resultado”.
El presidente del Gobierno ha asegurado que la Justicia “es un servicio
ciudadano”, y también un “pilar del Estado de derecho”. “Estamos incrementando las
garantías de los derechos de los ciudadanos, y dotando al Estado de nuevos
instrumentos ante ciertos delitos, como el odio; una lucha más eficaz contra la
violencia de género o la implantación de medidas más estrictas para combatir la
corrupción en lo que es un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia
democrática”, ha apostillado.
Rajoy ha añadido que “de la Ley del Código Civil a la de Enjuiciamiento
Criminal, se trata de reformar para que la justicia se adapte a las necesidades
actuales de la sociedad”. En este punto, ha recordado que próximamente se
aprobará el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que “reforzará el
papel vertebrador de la justicia”.
El presidente del Gobierno ha señalado como objetivos ineludibles y
prioritarios “desatascar los juzgados” así como “agilizar la instrucción
judicial” son “prioridades del Estado”, para lo que “se han tomado medidas para
evitar que los procesos no se eternicen en sede judicial”.
