lunes, 12 de enero de 2015

La Fundación Abogacía Española pide la libertad de españoles encarcelados por Ecuador tras la reforma legal que conlleva la extinción de sus condenas


Una parte significativa de los casi dos centenares de españoles condenados y encarcelados por tráfico de pequeñas cantidades de droga en Ecuador deberían beneficiarse de una reforma legal que conlleva su puesta en libertad. Sin embargo, el Gobierno del país suramericano no ha procedido a la revisión de las condenas y, como consecuencia, no es posible su excarcelación. La Fundación Abogacía Española realiza gestiones con instituciones ecuatorianas y españolas tendentes a desbloquear esta situación, que afecta a presos con graves problemas de salud.

Ecuador puso en marcha, en agosto de 2014, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que ajustaba las penas a la cantidad de droga portada, lo que suponía la revisión de las condenas por tráfico de pequeñas cantidades. Doscientos españoles que se encuentran encarcelados por este delito tanto en Ecuador como en España se verían afectados.

Pero las autoridades ecuatorianas demoran la revisión de las condenas, perjudicando a los presos que, en algunos casos, sufren graves enfermedades. La Fundación Abogacía Española ha contactado instituciones ecuatorianas y españolas, entre ellas el Consejo de la Judicatura de la República de Ecuador, organismo que solicitó a la Fundación una propuesta de procedimiento para la revisión de las condenas de los presos en cárceles españolas, ya que al menos 40 de ellos deberían estar en libertad al quedar extinguidas sus condenas. La Fundación sugirió el procedimiento solicitado, pero aún no se ha puesto en marcha.

Bandera de Ecuador


Además, abogados ecuatorianos, con el apoyo de la Fundación Abogacía, estudian los expedientes penitenciarios de varios casos prioritarios de españoles encarcelados en Ecuador, mientras que en España son los abogados de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria de los Colegios de Abogados quienes están asesorando a los españoles presos en nuestro país a los que beneficia la reducción de penas. Por otra parte, el Consulado español en Quito, con el que la Fundación está en permanente contacto, ha advertido de supuestos intentos de fraude a los familiares de estos presos, a los que les piden dinero para realizar gestiones legales cuyo resultado es, obviamente, incierto.

En octubre de 2014, una delegación de la Fundación Abogacía, compuesta por su vicepresidente Carles McCragh, su coordinador de Proyectos, Francisco Segovia, y el abogado Gerardo Esteva, visitó a 60 presos españoles condenados por delito de tráfico de estupefacientes en Ecuador a quienes puede afectar la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal. En Ecuador están encarcelados 85 españoles, y prácticamente todos ellos están condenados por este delito.

Los representantes de la Fundación se reunieron también con el Consejo de la Judicatura – el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España-, el viceministerio de Rehabilitación Social, el Defensor del Pueblo, y la Defensa Pública (abogados de Oficio). Según pudo comprobar entonces la delegación, las instancias judiciales ecuatorianas no habían arbitrado un procedimiento claro para tramitar la revisión de la pena de presos españoles condenados en Ecuador por tráfico de drogas que cumplen condena en centros penitenciarios españoles. A día de hoy, el procedimiento aún no se ha establecido


CASOS NO DETECTADOS

La visita de la delegación de la Fundación Abogacía Española a Ecuador sirvió para iniciar los trámites de revisión de condena de algunos casos de españoles que permanecían sin ser detectados y para proponer procedimientos que aún no se habían arbitrado, además de abrir nuevos canales de comunicación entre las instituciones ecuatorianas que intervienen en este proceso.

La Fundación Abogacía Española se congratula de que la República de Ecuador haya aprobado un nuevo Código Orgánico Integral Penal en la parte referida a la revisión de las condenas por tráfico menor de estupefacientes, reforma que debería ser un ejemplo para toda la región ya que pone de manifiesto una visión moderna y progresista del derecho penal y la aplicación real en las normas del principio de proporcionalidad de las penas.





 

 

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