Artículo escrito por Alfredo Irujo Andueza, decano del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona publicado el sábado 29 de noviembre de 2014 en Diario de Noticias (Reproducido con permiso del periódico).
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres, según fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución número 54/134 de 17 de diciembre de 1999. Parece adecuado, por ello, aprovechar la ocasión, en primer lugar, para ratificar el compromiso de la abogacía institucional con la defensa de las mujeres víctimas de esta violencia y, en segundo lugar, para destacar la importancia del trabajo realizado desde el Servicio de asistencia jurídica a las víctimas de este tipo de violencia (SAM) que presta el Colegio de Abogados de Pamplona, ofreciendo asesoramiento y asistencia letradas, con la finalidad de contribuir a minimizar el riesgo de una mayor victimización en los procesos penales en los que se trata de combatir la violencia de género.
Con carácter previo ha de señalarse, respecto a la intervención letrada en estos procedimientos, que confluyen dos posiciones jurídicas enfrentadas:
Por un lado están el derecho y el deber de protección de los intereses sociales con mayor grado de vulnerabilidad, como son los de las víctimas de este tipo de hechos delictivos. Ahí la asistencia jurídica prestada por los abogados y abogadas se convierte en un factor fundamental en la lucha contra la violencia de género, que se lleva a cabo junto a todos los organismos, instituciones públicas (Inafi) y servicios implicados en la asistencia a las víctimas: Judicatura, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Servicios Sociales y Sanitarios y cualesquiera otros que persigan el mismo interés. Todos ellos tratan de prestar una atención integral y coordinada a los problemas padecidos por las víctimas como consecuencia de su situación, dando respuesta a sus necesidades en el ámbito jurídico, psicológico y social.
Por otro lado está el derecho del detenido, imputado o acusado a un proceso penal con todas las garantías, como consecuencia del deber del Estado de respetar y garantizar su derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Hechas estas consideraciones previas, es preciso aludir a una opinión publicada en ese periódico en la que se indicaba que el sufrimiento de las mujeres maltratadas o víctimas de agresiones sexuales continúa con el trato, en general negativo, que entienden les proporcionan los profesionales que trabajan con las mujeres denunciantes, entre los que se cita a los abogados, y que deja en evidencia su falta de formación y sensibilización.
A pesar de que dicha opinión es claramente minoritaria (a la vista del reconocimiento por parte de la mayoría de las usuarias del trabajo realizado por los letrados, así como de las distinciones otorgadas por diversas asociaciones ciudadanas), debe señalarse que el Colegio de Abogados de Pamplona cuenta con servicios específicos destinados a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad (económica, social, de género...), servicios constituidos por profesionales a los que se exige una formación que no se requiere para el ejercicio privado, precisamente por el hecho de tratarse de un servicio público. En concreto, los abogados y abogadas del SAM, colectivo afectado por esa crítica infundada y claramente injusta, no sólo han mostrado libremente su preferencia por ese servicio y su interés por dedicarle su tiempo y sus conocimientos, sino que, de forma objetiva, tienen acreditada la superación de una formación continua y específica en la materia, que culmina con los cursos de especialización jurídica en violencia de género que el Colegio de Abogados de Pamplona viene celebrando desde hace más de catorce años (el 7 de noviembre se celebró la XIV edición), en los que se abordan fundamentalmente cuestiones jurídicas y psicológicas y se cuenta con la visión y aportaciones de otros agentes intervinientes.
