lunes, 23 de junio de 2014

¿Tutela judicial efectiva?

Artículo escrito por Alfredo Irujo Andueza, decano del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, y publicado en Diario de Noticias y Diario de Navarra el sábado 21 de junio de 2014

Existe la convicción en amplios sectores de quienes por profesión se dedican a la labor de pedir justicia de que en los últimos años se ha producido un importantísimo retroceso en lo que se refiere a la tutela judicial efectiva que jueces y tribunales deben prestar a todos los ciudadanos.

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal estableció, para la jurisdicción contencioso-administrativa -aquella que trata de los pleitos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas- la preceptiva imposición de costas para quien viera desestimadas sus pretensiones. Con ello se establecía para esta jurisdicción lo que ya venía recogido para la jurisdicción civil, que el que perdía el litigio, debía pagar las costas procesales.

El impacto de esta ley en la actividad de los órganos judiciales de Navarra quedó claramente reflejada en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del año 2012, donde se consignó que el número de asuntos ingresados en ese orden jurisdiccional se había reducido un 27,01%.

Pudiera parecer en un primer momento que la equiparación a efectos de la condena en costas entre el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y el civil resultaba adecuado. Sin embargo, en modo alguno es así. Mientras que los conflictos entre particulares pueden resolverse sin necesidad de acudir a los tribunales, ya sea mediante el acuerdo transaccional, la mediación o el arbitraje, disponiendo ambas partes de idénticas armas de defensa, la resolución de los conflictos entre los ciudadanos y las administraciones públicas ha de producirse, forzosamente, por la vía de los recursos administrativos o judiciales y teniendo presente que los actos de la Administración, si no se impugnan, obligan al ciudadano y, además, son ejecutivos; esto es, se pueden ejecutar aun cuando se discutan.

Por poner un ejemplo, ante una orden de demolición de una edificación, ante la imposición de una multa por una construcción ilegal o ante la adjudicación de un contrato o de una plaza de funcionario, no le queda otro remedio al ciudadano que no está conforme con la actuación de la Administración, que recurrir y acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde si no ve atendidas sus pretensiones será condenado al pago de las costas procesales. La alternativa al recurso solo es una: no hacer nada y aceptar la actuación administrativa, sin posibilidad de discusión alguna.

Es la perversión del sistema. Nada se puede acordar o convenir con la Administración, no se puede acudir a un arbitraje que resuelva el conflicto. El ciudadano, o se aquieta y se ve condenado de antemano, o, si discute, deberá tener en cuenta que si ve desestimadas sus pretensiones será condenado al pago de las costas procesales.

La complejidad jurídica de muchas de las situaciones en las que se puede ver inmersa una persona hace que muchas veces no resulte previsible un determinado resultado. Por otra parte, el solo riesgo de tener que abonar según qué costas actuará de freno para cualquier defensa de derechos e intereses legítimos que, insisto, de no acudir a los tribunales, se perderán para siempre.

En esta situación, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución?

Como adelantábamos, se ha producido una reducción del número de asuntos que ingresan en la jurisdicción contencioso-administrativa del 27,01%.

Esto no es todo. Llega el año 2013, y con él la puesta en práctica de las previsiones contenidas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales. Solo en la jurisdicción contencioso-administrativa se ha producido, ya según la Memoria del TSJ de Navarra para el año 2013, una nueva reducción en el número de asuntos ingresados del 19,35%, lo que ha de sumarse a la disminución producida el año anterior.

Por otra parte, la aplicación de esta ley ha supuesto una reducción en el número de asuntos ingresados en los juzgados de primera instancia de Navarra del 10,46% y una disminución en el número de apelaciones civiles del 20,94%.

¿Dónde queda, nuevamente, la tutela judicial efectiva?

La respuesta es que muy lejos de donde demanda la Constitución y el sentido común, pues no se solucionan los problemas de la Justicia obstaculizando de tal manera su acceso que para muchos resulte un lujo difícil de alcanzar.

De sabios legisladores será rectificar…

 

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