A continuación reproducimos el escrito realizado por el Decano del MICAP, Don Alfredo Irujo Andueza, como respuesta a unas declaraciones de John Stacey, presidente de la Comisión Europea para la Efidiencia de la Justicia (CEPEJ) publicadas el 16 de octubre en el Diario de Navarra. Este escrito fue remitido al mencionado medio de comunicación.
Pamplona, 16 de octubre de 2013. Ante las manifestaciones realizadas a ese periódico por el presidente de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, don John Stacy, respecto del número de abogados que España necesita, y sobre la responsabilidad de éstos en la lentitud de la Justicia, parece oportuno realizar las siguientes precisiones:
1º.- La delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española elaboró, en mayo de 2013, un informe comparado sobre la colegiación obligatoria y las funciones de las abogacías de los estados miembros de la Unión Europea, en el que se examinaba, país por país, entre otras cuestiones, el número de abogados existentes y la proporción entre éstos, el número de habitantes, el número de empresas y la superficie.
Si bien no siempre que se habla de abogados en el ámbito de la Unión Europea nos estamos refiriendo a profesionales del mismo perfil (algunos países excluyen de la denominación, por ejemplo, a los abogados de empresa o a los no ejercientes), con lo cual las comparaciones no resultan precisas, es lo cierto que no puede afirmarse que España sea el país europeo con más abogados, ni que tenga más abogados que los que necesita.
Según el mencionado informe, en España existe una concentración importante de abogados por habitante (puesto séptimo), pero una situación normalizada teniendo en cuenta tanto la extensión del territorio como el tejido empresarial (puesto décimo). Las economías más importantes de la Unión Europea destacan por una mayor concentración de abogados por empresa (Reino Unido ocupa el puesto primero, Alemania el tercero, Luxemburgo el cuarto), mientras que los países con mayor ralentización lideran el índice de abogados por persona (Malta el primer puesto, Grecia el tercero, Italia el cuarto, Chipre el quinto). En la distribución geográfica (abogados por km2), los datos son mixtos (Italia ocupa el segundo lugar, Reino Unido el cuarto, Alemania el sexto, España el décimo, Francia el vigésimo).
2º.- Por lo que respecta a la responsabilidad de los abogados en la lentitud de la Justicia, la afirmación de que “muchas veces la causa de los retrasos son los abogados”, se antoja injusta por su generalidad y por no ajustarse a la realidad que vivimos.
Cualquier operador jurídico podrá responder fácilmente que quien dirige cualquier proceso es el juez, que es quien en cada momento ofrece a las partes plazos concretos para sus respectivas actuaciones. Realizadas éstas, por imperio legal, en esos plazos preclusivos, sólo restará la decisión judicial que será adoptada con mayor o menor celeridad en función del volumen de trabajo del tribunal, de su capacidad de trabajo, de su disponibilidad, de su eficacia, etc. Quien siempre está sujeto a plazo en sus actuaciones es el abogado.
Manifestar que la abogacía es la causa de los retrasos es tanto como decir que hay muchos pleitos porque los ciudadanos se empeñan en acudir innecesariamente a los tribunales y terminan colapsándolos. La eficiencia de la Justicia no pasa, naturalmente, por reducir, coartar o menoscabar los derechos de las personas, ni por culpabilizar al derecho de defensa.
