lunes, 13 de mayo de 2013

Comisión de arbitrajes y dictámenes sobre honorarios profesionales

Durante el año 2012, un total de veintinueve abogados ejercientes participaron, voluntariamente y de forma gratuita, en las tareas abordadas por esta Comisión: realización, a instancia de los Tribunales, de dictámenes de honorarios excesivos cursados en litigios; elaboración de arbitrajes sobre adecuación de honorarios; y resolución de las diversas consultas que, día a día, plantean los colegiados y diversas instituciones.

Es importante recordar que el artículo 14 Ley de Colegios Profesionales establece la Prohibición de recomendaciones sobre honorarios. Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición Adicional 4ª Ley 2/1974 , de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, añadida por Ley 25/2009, de 22 de diciembre: "Los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita".

El Artículo 5 de la Ley de Colegios profesionales establece igualmente como función de los colegios informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.

El precio de los servicios ha de ser libremente establecido por las partes.

La Comisión de honorarios del MICAP se reúne con carácter mensual y se atienden, tanto a las consultas relacionadas con honorarios profesionales que se presentan a través del correo honorarios@micap.es, como la redacción de informes solicitados por los Juzgados en cuestiones de Jura de Cuentas o Tasaciones de Costas.

Criterios para la elaboración de informes y dictámenes de honorarios:

El protocolo colegial para la tramitación de las numerosas y constantes consultas relativas a honorarios formuladas por los Abogados, se ha mantenido, debiendo ser éstas presentadas por escrito en la Secretaría del Colegio.

Como consecuencia de la “Sentencia Cipolla” en el año 2008, en la que se declaró que la prohibición absoluta de apartarse del baremo mínimo privaba los abogados de la posibilidad de competir más eficazmente, pidiendo unos honorarios más reducidos que los fijados por el baremo, se tomaron las medidas oportunas y quedaron derogadas las Normas de este Colegio en Junta General de 28 de marzo de 2008.

En 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 29/2009 denominada “Ley Ómnibus”, que en la modificación al artículo 14 de la Ley de Colegios Profesionales, prohibió expresamente a los Colegios profesionales la recomendación de honorarios. Este Colegio no necesitó realizar ninguna medida al respecto ya que desde la derogación de las normas, viene recomendando la elaboración de hojas de encargo profesional. Se mantienen únicamente, criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas tal y como autoriza la nueva disposición adicional cuarta de la Ley de Colegios profesionales.

Dictámenes de honorarios.

Comparativamente con años precedentes, en 2012 se registraron 117 expedientes, lo que supone un importante aumento con los registrados en los dos años anteriores,
Los dictámenes de honorarios se resuelven por la Comisión, previo estudio de la propuesta que realiza uno de los abogados colaboradores de la Comisión, que no interviene posteriormente en la resolución. A ellos hay que agradecer el detenido estudio de las actuaciones judiciales completas, estudio sobre el que principalmente descansan los fundamentos de los dictámenes finalmente suscritos por la Comisión.




Arbitrajes

Desde el Colegio se impulsa una vía arbitral de resolución de conflictos sobre materia de honorarios, lo que supone el cumplimiento por parte del Colegio de Abogados en las obligaciones que, en materia de defensa de los Consumidores y Usuarios establece la ley Omnibus, impulsando este sistema extrajudicial de resolución de conflictos y evitando acudir a la vía judicial para resolver los mismos. Su utilización requiere el sometimiento voluntario de las partes a los dictámenes, que se elaboran siguiendo una dinámica similar a los dictámenes realizados a instancias de los Tribunales.

A finales del año 2003 se ha aprobó la nueva Ley de Arbitraje que obligó a emprender una nueva reforma de los procedimientos. El año 2012 experimentó un notable aumento en las nuevas solicitudes de sometimiento a arbitraje, que pasaron de ser 4 en el año 2010 a 12 en el año 2012. El siguiente cuadro contiene los detalles:

Igualmente, este año se han solicitado 2 informes periciales.
(Información extraída de la memoria de actividades del MICAP 2012)

 

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