lunes, 17 de diciembre de 2012

Iniciativa del MICAP contra la Ley de Tasas Judiciales


El pasado sábado día 15 se publicó la Orden Ministerial conforme a la cual, a partir del día 17 de diciembre se empiezan a exigir las liquidaciones derivadas de la Ley de Tasas Judiciales.

Se ha consumado lo que para todos los actores de la Justicia (jueces, fiscales y abogados) constituye un despropósito y un exceso inexplicable.

La Justicia es demasiado importante, un pilar básico del estado de Derecho, como para pasar por alto este momento y obliga, desde un mínimo de responsabilidad, a realizar una serie de declaraciones:

1º.- Sería deseable, exigible por los ciudadanos, que intervenciones tan trascendentes en materia tan sensible se realizaran desde un consenso que les diera una mínima perdurabilidad.

2º.- Resultaría imprescindible que en reformas de este calado se escuchara a los actores de la Justicia antes mencionados. No parecen gratificantes para la ciudadanía, y desde luego para la abogacía no lo son, las posiciones enrocadas de un Ministerio, que parecen más propias del despotismo ilustrado que de un Estado social y democrático de Derecho.

3º.- Consciente la abogacía institucional del cometido que legalmente le corresponde respecto del funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia, continuará e incrementará su leal colaboración.

4º.- Esa lealtad es la que le obliga a poner de manifiesto ante la Administración y ante la sociedad la injusticia que se comete con las nuevas tasas judiciales, así como a poner a disposición de los ciudadanos todos los resortes con los que cuenta para propiciar la declaración de inconstitucionalidad de la ley, su derogación o modificación o para paliar las consecuencias de su aplicación.

5º.- A tal efecto, el Colegio de Abogados de Pamplona se pone a disposición de los colegiados y ciudadanos en general para ser receptor de cuantas quejas se formulen por los usuarios de la Justicia por la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva como consecuencia de la aplicación de la Ley de Tasas, así como para orientar acerca de las posibles actuaciones a realizar en cada caso.


 

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