viernes, 30 de septiembre de 2011

Jornada sobre la responsabilidad en Internet

 

La comisión de nuevas tecnologías del MICAP ha organizado la V jornada sobre Derecho en la sociedad de la información. Este año la jornada, que se celebrará el próximo 27 de octubre, se va a centrar en "la responsabilidad derivada del uso de Internet", y contaremos con ponentes de primerísimo nivel que aportarán su experiencia, conocimiento y visión en materia de derecho civil y nuevas tecnologías de la información:
  • D. Miquel Peguera Poch, profesor de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya, que hablará de "la responsabilidad civil de los proveedores de servicios en Internet".
  • D. Carlos Sánchez Almeida, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y socio de Bufet Almeida, que disertará sobre "la defensa de los derechos civiles en Internet".
  • Paula Hernández Cobo, abogada de Governance, Risk & Compliance de ECIJA, cuya ponencia dará una "perspectiva actual de la responsabilidad de las empresas en Internet".
  • D. Sebastián Muriel Herrero, videpresidente de desarrollo corporativo de Tuenti, que nos pondrá al corriente de las cuestiones actuales sobre "autorregulación de las redes sociales".
  • D. Xavier Bringué Sala, representante del foro "Generaciones interactivas", que hablará sobre "autorregulación del menor: responsabilidad del menor en el uso de Internet".
Esta jornada tendrá lugar en la sala de conferencias del CIVICAN. El plazo de inscripción está abierto; e iremos ampliando la información en micapinforma.com.

Inscríbete aquí.

Ver folleto de la jornada en PDF

jueves, 22 de septiembre de 2011

La Ley de Acceso duplica la colegiación

Falta poco más de un mes para la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía (31 de octubre de este año) y ya se notan los primeros efectos en el MICAP: ha aumentado considerablemente el número de nuevos colegiados (66 altas en los primeros ocho meses de 2011, frente a las 35 del mismo periodo del año pasado).

Sin embargo, los licenciados en derecho que dispongan del título antes del 31 de octubre de 2011 disponen todavía de dos años para poder colegiarse y comenzar a ejercer la profesión sin tener la obligación de realizar el máster y superar el examen, tal y como indica nuestro decano, Alfredo Irujo Andueza, en un reportaje publicado ayer por el Diario de Navarra.

Un dato más: la exigencia de una formación adicional específica para poder ejercer como abogado es apoyada por el 78% de la ciudadanía navarra, frente al 18% que cree suficiente la Licenciatura en Derecho exigida actualmente. Así se desprende del IV Barómetro Externo de la Abogacía en sus conclusiones referentes a Navarra.

Documentos relacionados:
FAQ (preguntas frecuentes) sobre la Ley de Acceso.

martes, 20 de septiembre de 2011

Los abogados están bien valorados por los navarros

El IV Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Ábogacía Española destaca que en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, los navarros han reducido su confianza en el Estado de Derecho. Por el contrario, la ciudadanía apunta que el grado de satisfacción con los servicios recibidos de los abogados sigue siendo muy elevado, con una puntación media del 6,5.

Además, el estudio subraya que los abogados se encuentran en Navarra entre los primeros puestos de valoración ciudadana, por encima del Rey, el Defensor del Pueblo, la Prensa, las Fuerzas Armadas o los empresarios, y por encima de otros colectivos jurídicos como jueces o fiscales.

Esta posición y valoración ciudadana es incluso más positiva si se atiende a la naturaleza de sus funciones, ya que el abogado es abogado de parte, es decir, goza de la confianza total de su representado, pero al mismo tiempo no puede sino concitar recelo en la parte contraria. Esta doble imagen podría dar lugar a una evaluación ambivalente o reticente por parte de la ciudadanía, pero no es así. Los navarros consideran que, mediante la defensa de sus representados, los abogados están realizando una contribución a la justicia: es decir, están llevando a cabo una función de interés público.

Documentos relacionados:
- Informe IV Barómetro Externo de la Abogacía.
- Navarra: imagen de los abogados y de la Justicia.

martes, 13 de septiembre de 2011

IV Barómetro Externo de la Abogacía.


Disminuye la confianza de los españoles en la Justicia y el Estado de Derecho.

"El problema es la gestión". Así resume José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, el descenso en la valoración de la Justicia registrado por el IV Barómetro Externo de la Abogacía, un estudio realizado a través de 4.000 entrevistas.

El 54% de la ciudadanía española considera que España tiene un Estado de Derecho inferior al resto de los países avanzados. Las personas encuestadas consideran que tenemos una Administración de Justicia que funciona mal, tiene una imagen anticuada, es lenta y tiene un lenguaje y procedimientos anticuados; en ocasiones las sentencias no se cumplen y los jueces no siempre actúan con total independencia. En definitiva, la Justicia necesita una reforma profunda y urgente, como ha apuntado Carlos Carnicer, presidente del CGAE:

"Del informe se desprende que estamos en un momento extraordinario para acometer la reforma de la Justicia a través de un Pacto de Estado que permita a cada sector aportar sus mejores ideas y poder dar respuesta a lo que plantean los ciudadanos, de quienes, constitucionalmente, emana la justicia".

A pesar de esta visión negativa, en la encuesta la persona usuaria de la Administración de Justicia reconoce que es la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades y que los tribunales suelen dar la razón a quien efectivamente la tiene; los jueces son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea.

El peor parado es el CGPJ, con una nota del 4,6, concluyendo que necesita una reforma urgente y mayor independencia, en especial del Gobierno y los partidos políticos.

En cuanto al papel de los abogados, existe un alto grado de satisfacción con los servicios prestados a la ciudadanía, destacando la opinión generalizada de la necesidad de exigir al abogado una formación adicional para ejercer la profesión, lo que significa un claro apoyo a la Ley de Acceso entre los ciudadanos.

Para ampliar la información, puede acceder al informe de Metroscopia.

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