Blanca Ramos es una letrada pamplonesa con una larga trayectoria profesional, miembro de la Junta de Gobierno del MICAP y con muchas responsabilidades en su cartera. Esta mujer amable, accesible y aparentemente tímida muestra una serenidad que seguramente esconde muchas preocupaciones y un carácter luchador en el ejercicio de su profesión. Muestra de ello es su faceta humanitaria, comprometida con la defensa de los derechos humanos; esto le ha llevado a formar parte por primera vez de un proyecto de la Fundación CGAE, que hace unos meses le ha llevado a Guatemala como Comisionada para una misión humanitaria. De esto charlamos con ella en un día, como otro cualquiera, de eventos, prisas y citas a las que hay que llegar a tiempo.
¿Qué le lleva a Blanca Ramos a comprometerse como si le sobrara el tiempo?
Sobrarme el tiempo, la verdad es que no me sobra. En el despacho y en el Colegio hay mucho trabajo para hacer, problemas de distinta índole que hay que ir resolviendo, pero a esta propuesta no podía negarme. No tiene ningún mérito; como a todos, me interesan los temas humanitarios y en este caso, a Guatemala me lleva un compromiso del Colegio de Abogados de Pamplona y de la Fundación del CGAE. Nuestro Colegio destina una parte de su presupuesto a colaborar con instituciones cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia, ayuda a colectivos relacionados con el mundo jurídico.
¿Cómo te involucras en el proyecto?
Alfredo Irujo me propuso participar en este proyecto de apoyo de la Fundación del Consejo a la labor de los abogados defensores de derechos humanos en Guatemala, tras una conversación con José Mª Prat, Patrono de esa Fundación; me pareció que tenía ante mí una oportunidad de aportar algo, aunque fuera insignificante, en defensa de los derechos humanos y no lo dudé mucho. Lo ví como una obligación personal. Ha sido, además, una experiencia profesional muy enriquecedora y muy conmovedora en el plano personal. Alfredo sabe que le agradezco muchísimo que pensara que podía estar a la altura de ese compromiso.
Llegas a Guatemala, y qué te encuentras…
Un país muy interesante, gente muy agradable, con una enorme diversidad, culturas diferentes, pero con mucha violencia. El día que llegamos, hubo un tiroteo, mataron a una mujer y dejaron varios heridos junto al lugar donde nos alojábamos. Guatemala es inseguro, con un índice de violencia y de impunidad altísimo. El número de muertes violentas no ha dejado de crecer desde los acuerdos de Paz y manejan cifras de un país en conflicto. Luego está la realidad de los pueblos indígenas, de los restos del paramilitarismo que existió durante el conflicto armado y que aún no ha sido desmantelado; el trabajo muy valorado de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, dependiente de Naciones Unidas… Es una realidad un poco deprimente.
Blanca nos cuenta que Guatemala tiene unos 12 millones de habitantes; en 2009 720 mujeres fueron asesinadas, la condición femenina va asociada a maltrato, violación y discriminación. Más de 5.000 las mujeres han muerto de esa forma en la última década.
Entrando en materia; son muchas las trabas y limitaciones con que se encuentran los profesionales guatemaltecos.
Las dificultades de los abogados o defensores de derechos humanos guatemaltecos son enormes y no por carencias formativas, sino por los problemas que encuentran en su ejercicio diario, no sólo por las amenazas y la hostilidad entre las que trabajan, sino también por el obstruccionismo que muchas veces encuentran, la falta de coordinación de la administración ante las denuncias, de mecanismos de acceso a la justicia…
Parece que todo está en contra de defendido y defensor: las amenazas, represiones, agresiones y la corrupción del sistema.
La situación de las víctimas y defensores de derechos humanos en Guatemala es muy precaria. Sufren amenazas y coacciones y se mueven en un entorno muy hostil. No hay coordinación en las denuncias, las investigaciones se paralizan inexplicablemente, no se ejecutan las órdenes de aprehensión porque la propia Policía dice que no se atreve a hacerlo; los jueces tienen miedo, la administración no reacciona y la creación de nuevas instituciones públicas especializadas en la protección de derechos humanos, al parecer, no ha mejorado mucho la situación. El panorama no es alentador, pero, por eso mismo, se hace necesario trabajar en el fortalecimiento de la defensa y asistencia legales y que la opinión pública se sensibilice con el tema.
Y ahí entráis vosotros…
Lo que tratamos de hacer con este proyecto es ayudar a esos defensores mediante la asesoría jurídica, la verificación y el análisis del procedimiento penal concreto, al que la Fiscalía, a nosotros, nos ha permitido acceder por completo. Contribuimos, también, con la elaboración de un informe que presentará, entre el resto de pruebas, la Fiscalía de Derechos Humanos, en el que se abordan los hechos, las circunstancias en que se produjeron y un examen del derecho comparado y de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿En qué consiste acompañar y defender al defensor?
En el caso concreto del proyecto en el que me he involucrado, se trata de apoyar al abogado Edgar Pérez y a la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala en su labor de defensa de las víctimas, en el orden interno y, en su caso, internacional, elaborando primeramente ese Informe, que recoge las conclusiones que hemos obtenido en nuestra visita y estudio posterior. Para eso, nos reunimos con el abogado, con las víctimas y testigos protegidos, con el Fiscal de Derechos Humanos, el responsable de política criminal, Fiscal de exhumaciones, Procuraduría de derechos humanos, psicólogos, antropólogos, etc. Y se trata también de que la opinión pública conozca la situación de estos defensores de derechos humanos en Guatemala, que se garantice su seguridad y la de las víctimas y que el proceso se lleve adelante con independencia y respeto al derecho.
La falta de recursos económicos se traduce en falta de justicia. ¿Puede la ayuda internacional contribuir a mejorar la situación?
Eso es indudable. En este caso concreto, una de las víctimas solicitó asesoramiento legal y mostró interés en adherirse al proceso penal como querellante adhesivo y la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) gestionó los recursos para contratar al abogado. Nosotros fuimos invitados por este Organismo. Sin la ayuda de UDEFEGUA, no hubiese sido posible el seguimiento del proceso como se está haciendo. Por desgracia, en la mayoría de los casos, no ocurre así, por falta de medios. La ayuda internacional puede contribuir a la mejora de la situación, por supuesto, no sólo con la cooperación económica, sino también por el peso que tiene allá la difusión de esta información.
Leyendo la documentación sobre el Caso Pocohil, que será uno de tantos y no de los más graves, se nos ponen los pelos de punta…
El caso Pocohil es uno de muchos, aunque quizá lo distinga el hecho de que el Fiscal va a presentar cargos por tortura, detención ilegal, abuso de autoridad, coacciones, desórdenes públicos, resistencia con agravación específica, discriminación, instigación al delito, etc, que no es lo habitual. Afortunadamente, no estamos ante un caso en que se hubiera llegado al asesinato, algo que ocurre con relativa frecuencia. El asunto se enmarca dentro del clima de violencia, miedo y venganza del que hablaba antes.
Pocohil es una aldea, al lado de Chichicastenango en el Departamento de El Quiché, uno de los que sufrieron con mayor dureza el conflicto armado. Las víctimas son personas indígenas, de cultura maya, gentes con gran dificultad para entender y expresarse en castellano y que, en un momento determinado, solicitaron la exhumación de los cadáveres de sus familiares desaparecidos, que fue autorizada sin problemas. Cuando se llevaba a cabo, se produjo una reacción violenta contra esas personas, incluídos defensores de derechos humanos, antropólogos, el representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, Policías, etc, llegando a sufrir castigos físicos (chicotazos o latigazos) y psicológicos (medidas ilegales de presión, como cortar el agua o prohibir que los hijos fueran a la escuela), sin que las autoridades locales lo impidieran.
La letrada nos cuenta que este caso se distingue de otros por la falta de adopción de medidas cautelares frente a los encausados, a los que, cuando nos fuimos, todavía no se había conseguido aprehender y la relación entre los hechos y la actuación de las autoridades locales y ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Pese a las dificultades, no tiran la toalla.
Es difícil, pero no podemos pensar que es imposible. Hay que intentar que todos los procesos judiciales se lleven a cabo en un marco de respeto al derecho y con independencia, dejando realizar a los abogados su trabajo. En Guatemala, en España y en todos los países del mundo. Lo que ocurre en Guatemala es especialmente llamativo por la tolerancia que existe hacia determinadas actuaciones, porque se percibe también mucha resignación entre la gente, pero tambien hay muchas personas muy valientes trabajando y esa es la única forma de conseguir los objetivos.
Guatemala no es el único país donde se vulneran los derechos humanos. ¿En qué otros países interviene la Fundación?
La Fundación ha centrado su proyecto de asistencia y apoyo a la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos en su inicio en México y Guatemala. En México se actuó en apoyo a la defensa de las víctimas y familiares del Campo algodonero (feminicidios de Ciudad Juárez), que finalizó con la Sentencia, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de condena al Estado mexicano a identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltrato y privación de vida de tres personas. Asimismo, se actuó en apoyo a la defensa legal de Valentina Rosendo, en un caso de tortura, ante la misma Corte, en Mayo de 2010. Tambien se ha implicado en la promoción del derecho a la Justicia Gratuita en Serbia.
Y algo importante. ¿Con qué recursos se cuenta?
Como figura en sus estatutos, la Fundación se nutre de una dotación inicial y de las aportaciones y donaciones que se realizan por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sientan identificadas con sus fines. Y tratan, tambien, de que los proyectos vayan autofinanciándose.
¿Cuál es el papel de las instituciones españolas?
Creo que Guatemala es un país prioritario en la cooperación española y existen planes concretos para combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, así como contribuir al afianzamiento del Estado de Derecho y la consecución efectiva de los acuerdos de paz, en cuya firma tuvo un papel relevante España. Hay muchas ONG trabajando en el respeto a los derechos humanos, mujer, pueblos indígenas. Tambien hay cooperación de Comunidades Autónomas y entidades locales y multilateral, a través de organizaciones del sistema de Naciones Unidas, cuya presencia, me pareció, era muy valorada.
Algo fundamental: el voluntario.
No sé definir el perfil de un defensor voluntario. Podría decirte que las personas que he conocido que se han embarcado en este tipo de causas tienen en común que nada humano les resulta ajeno, su capacidad para comprender realidades diferentes y adaptarse, además de tener conocimientos jurídicos en la materia, que son necesarios para poder ayudar en ese aspecto.
En España hay muchísimos abogados implicados en causas humanitarias y sociales de este tipo. En este proyecto concreto, referido al caso Pocohil, nos embarcamos tres compañeros, Mª José Molina, del Colegio de Granada, Mikel Córdoba, que trabaja en la Fundación y yo. El año pasado, en México, hubo una participación similar. En Pamplona tres compañeras y compañeros del Colegio de Abogados, que conozco bastante que, hace ya algún tiempo, también en Guatemala y con una situación muy complicada en el país, se implicaron en proyectos de asesoramiento en asuntos de derechos humanos y conservación del derecho indígena. Hay compañeros expertos en la materia que prácticamente se dedican a estos temas en exclusiva…
Uno de los objetivos de las acciones de fortalecimiento de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala es contribuir a la sensibilización en Guatemala y España ¿Existe apoyo profesional y social, se difunden y se conocen bien estos proyectos?
Desde mi punto de vista, la Fundación, con el apoyo del Consejo, está intentando difundir estos proyectos, haciéndolos llegar, primero a los Abogados, a través de su página web y las publicaciones específicas y luego al resto de la sociedad. La Organización en Guatemala tambien incluye programas de difusión y sensibilización a los profesionales y a los ciudadanos.
La misión en la que participamos se organiza en el marco de un proyecto llamado Fortalecimiento Unidad Defensores Derechos Humanos Guatemala, que ejecuta la Asociación de Investigación y Especialización sobre temas iberoamericanos (AIETI – España) y cuenta como socios con la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y la Fundación del CGAE. Hay muchos profesionales trabajando en esa materia, en Guatemala y en España. La Fundación CGAE, inicialmente en México y ahora en Guatemala, pretende fijar las bases para formalizar el apoyo de la Abogacía Española a la labor de los abogados defensores de derechos humanos de otros paises que encuentran limitaciones graves para el ejercicio de esa defensa. Se trata de que esos Estados respeten el derecho a la defensa y lo protejan, que garanticen, aplicando estándares internacionales, el respeto a los derechos humanos. Así, se establece una comunicación con asociaciones de abogados, organizaciones de defensores de derechos humanos y otras instituciones colaboradoras para identificar y examinar casos concretos de vulneración de derechos humanos y en los que existe una dificultad añadida para el ejercicio de la defensa. Una vez seleccionado el caso, se interviene, de forma gratuita para los interesados, con el asesoramiento, el acompañamiento a nivel local y, si se considera oportuno, ante los Organos Internacionales de protección de los derechos humanos.
Blanca se sienta en la mesa en la que hoy reciben a los medios de comunicación, como presidenta de la Comisión del Turno de Oficio del MICAP. Antes de abandonar nuestra conversación y despedirnos, cuenta las últimas actividades de comunicación de la Fundación.
En la web de la Fundación CGAE (www.fundacioncgae.org) se explica detalladamente el Proyecto, en la Revista Abogados, que se hace llegar a todos los compañeros de todos los Colegios de España, igualmente, se ha publicado un artículo explicativo de la misión y, una vez redactado el Informe que se va a presentar, se difundirá. El año pasado compareció en la sede del CGAE Carlos Castresana, Fiscal y ex comisionado de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala de Naciones Unidas para dar una conferencia sobre esa experiencia de trabajo en Guatemala y, por su parte, la ONG UDEFEGUA tambien posee su propia publicación, en la que se pone al día de las acciones que van realizándose.
(Fotografías: Blanca Ramos)
