El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes 3 de junio el reglamento de la Ley de Acceso a las profesiones de abogado y procurador y que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, según fuentes del Ejecutivo. Esto significa que los licenciados en derecho no sólo necesitan el título universitario, sino también un curso de formación específico y superar una prueba de acceso establecida por el Ministerio de Educación, para poder colegiarse y ejercer la profesión de abogado, entendiendo que la formación universitaria por sí sola no capacita para el ejercicio profesional como abogado o procurador de los tribunales.
Se da fin, de este modo, a una situación anómala para el acceso a una profesión exigente, garantizando una capacitación profesional cualificada. Este nuevo sistema persigue que todos los licenciados que lo superen tengan la suficiente formación teórica y práctica para ejercer, garantizando a la ciudadanía un servicio de calidad.
Este postgrado consiste en un curso de formación complementado con prácticas obligatorias que culminará con una prueba de acceso de carácter anual y estatal, dirigida a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión, y en particular la adquisición de las competencias que deben garantizar los cursos de formación.
La formación estará a cargo de las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas por el CGAE o de las Universidades, debiendo seguirse en ambos casos las pautas marcadas por el reglamento aprobado, que exigen la suscripción de convenios entre los Colegios y las Universidades.
La Ley se aprobó en 2006 previendo su entrada en vigor cinco años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de manera que los estudiantes de derecho matriculados antes de la aprobación concluyeran su licenciatura y que los que lo hicieran posteriormente conocieran de antemano los nuevos requisitos. Los estudiantes que superen el postgrado podrán incorporarse antes y con mayor facilidad al trabajo y contarán con una experiencia y conocimiento más profundo de la profesión.
Se establece una moratoria de dos años para quienes a la fecha de entrada en vigor del reglamento ya estén licenciados, disponiendo de ese tiempo para acceder al ejercicio profesional y colegiarse sin necesidad de superar esta prueba de acceso.
De este modo la abogacía española logra equipararse a la europea, treinta años después de la entrada en la Comunidad Europea. Es una reclamación que la profesión viene realizando desde 1917.
Nota de prensa del CGAE
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