jueves, 18 de abril de 2019

475 mujeres atendidas y 1.102 actuaciones, balance del SAM en 2018


Los 40 abogados y abogadas que durante el año 2018 han formado parte del Servicio de Asistencia a la Mujer (SAM), del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP), realizaron 1.102 actuaciones para las 475 mujeres asistidas, teniendo en cuenta que en ocasiones por cada mujer se efectúan más de una actuación, ya sea dentro de los asesoramientos o de las asistencias.


354 de las asistencias tuvieron lugar en los juzgados (el 54% del total en el de Violencia de género de Pamplona, el 9% en el Juzgado de Guardia de Pamplona y el 5% en el de Violencia de género de Aoiz) y el resto en las comisarías de los diversos cuerpos policiales (15% ante la Policía Foral, 6% en la comandancia de la Guardia Civil y el 10% en la comisaría de la Policía Municipal).

Según el objeto de los 610 asesoramientos realizados a 397 mujeres, destacan los 234 prestados por violencia física, 79 por asuntos de familia, 57 por violencia sexual y 56 por violencia psicológica. 23 de las mujeres asesoradas eran menores de edad y 70 tenían entre 18 y 24 años, siendo la mayoría mujeres de entre 30 y 44 años (225). Por nacionalidad, 248 de las 475 asistidas eran navarras y 30 del resto de España. Además 16 eran magrebíes, 5 africanas, 38 de países europeos, 130 latinoamericanas y 4 asiáticas y de otras procedencias.

Además de las asistencias mencionadas, el Colegio de Abogados de Pamplona tramitó durante el año 2018 un total de 640 expedientes de justicia gratuita incoados por mujeres víctimas de violencia de género. Éstos suponen el 8,33% del total de las designaciones de turno de oficio durante el año 2018. Por jurisdicción: 502 fueron designaciones para asuntos penales, siendo 127 para asuntos relacionados con la jurisdicción de familia y 10 con la jurisdicción civil. Por partido Judicial, en Aoiz se tramitaron 61 asuntos.

En San Fermín
El Servicio de Asistencia a la Mujer (SAM) atendió durante los Sanfermines a 24 mujeres, principalmente por delito de maltrato físico y psíquico, y de ellas 5 los son por delitos contra la indemnidad sexual, manteniéndose por tanto estable la cifra de mujeres atendidas por este servicio.

Si bien fueron sido 24 las mujeres asistidas, el número de intervenciones de las y los letrados es muy superior. Las víctimas reciben asistencia en dependencias policiales y judiciales y los letrados prestan asistencia tanto en las declaraciones de las víctimas como en las de los detenidos o investigados, en las solicitudes de medidas de protección y medidas civiles, solicitudes de medidas de prisión preventiva, etc. En concreto durante los Sanfermines del  año pasado se realizaron 51 intervenciones.

Por nacionalidades, 15 de las mujeres asistidas eran navarras, 4 latinoamericanas, 3 procedían de países europeos y 2 de países del Magreb. En cuanto a las edades, 6 tenían entre 18 y 24 años; 4 entre 25 y 29; 4 entre 30 y 34; 6 entre 35 y 39; 2 entre 40 y 44; 1 entre 45 y 49 y 1 entre 60 y 64. De los 26 asesoramientos prestados 15 lo fueron por causas relacionadas con la violencia física y psicológica, 5 sobre violencia sexual, 3 por quebrantamiento de condena y 4 por amenazas y coacciones. Del total de 25 asistencias 14 correspondieron a violencia física y psicológica, 4 a violencia sexual, 5 a amenazas y coacciones y 2 a quebrantamientos de condenas.

jueves, 11 de abril de 2019

Presentado el informe de la misión de observación del juicio por el asesinato de Berta Cáceres


El pasado martes se presentó en la sede del CGAE el informe de la misión de observación del juicio por el crimen que acabó con la vida de a Berta Cáceres, activista medioambiental y premio Goldman de medio ambiente, y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

La presentación contó con la intervención de Blanca Ramos, decana del M. I. Colegio de Abogados de pamplona y consejera del CGAE; Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres; y Gonzalo Sáenz, técnico de proyectos de la Fundación Abogacía Española.

El informe recoge el trabajo presencial realizado por Ramos y Sáenz como miembros de la delegación española que se desplazó a Honduras entre los días 24 de octubre y 4 de noviembre de 2018. El objetivo de este viaje fue realizar un seguimiento del proceso y del cumplimiento de las garantías; hacer visible la labor de la abogacía, en especial la que defiende los derechos humanos en Honduras que se desarrolla en situación de riesgo; y emitir una opinión jurídica sobre lo observado durante el proceso judicial, con la finalidad de colaborar en la mejora de la Justicia.

La familia de Berta Cáceres, constituida como acusación privada, pretendía que se investigase la implicación de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA) en el asesinato, tras haber obtenido del Gobierno, al parecer de forma ilegal, la concesión de la explotación de una instalación hidroeléctrica cuya construcción suponía el desplazamiento de comunidades indígenas. Esta situación motivó numerosas protestas lideradas por Berta Cáceres, que trascendieron a nivel internacional, lo que conllevó la retirada de fuentes de financiación y, por parte de personas vinculadas a la empresa DESA, se llevaron a cabo fuertes presiones para terminar con estas protestas. Las amenazas que Berta Cáceres sufrió condujeron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas de protección que de nada sirvieron ya que, finalmente, fue asesinada.

Además de estudiar la información sobre la causa penal y de reunirse con diversos representantes institucionales, Sáenz y Ramos hicieron un seguimiento diario presencial de las audiencias del juicio y de la documentación obrante en la causa a la que fue posible acceder. Por otro lado, a pesar de intentar recabar la opinión del Fiscal General de la Nación, no resultó posible mantener una reunión con él, porque no atendió la solicitud cursada a través de la Embajada.


Irregularidades y cuestiones jurídicamente controvertidas

En el informe presentado se recoge un análisis del proceso.  El documento pone de manifiesto diversas irregularidades, tales como la inaccesibilidad a la prueba obrante en la causa por las partes; que el ministerio Público no facilitara acceso a información sobre prueba que se encontraba en su poder, lo que obligó a ser requerida en más de treinta y cinco ocasiones;  la convocatoria de audiencias sin notificar a las víctimas; la falta de medios de investigación; el incumplimiento de los plazos programados; la sustracción de una parte de la causa a una magistrada que irregularmente la sacó del juzgado;  y la falta de entendimiento entre la acusación pública y privada que perjudicó notablemente el esclarecimiento de los hechos y los objetivos de la investigación criminal. 

El documento recoge también cuestiones jurídicamente controvertidas, como la inadmisión injustificada de pruebas que podían resultar fundamentales;  la limitación a la publicidad del proceso sin explicar si ello ponía en peligro otros bienes superiores o procesos ulteriores; la inadmisión del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que lideraba Cáceres,  como acusación privada, pese a que puede considerarse que el asesinato de Berta Cáceres, además de acabar con su vida, tenía como objetivo debilitar el movimiento que lideraba; el inicio del juicio sin haberse resuelto lo procedente sobre la recusación del Tribunal; la falta de acusación a la empresa que estaba construyendo la presa (DESA); y la declaración “en abandono” de la acusación privada.



Durante la presentación del documento, Laura Zúñiga hizo un llamamiento a la reflexión sobre la fiabilidad del sistema judicial hondureño y el nulo papel que han tenido las víctimas en el proceso. Cuestionó la voluntad y el compromiso del Estado hondureño para sancionar determinados delitos. Y reivindicó su derecho a la Justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Para finalizar el acto, Gonzalo Sáenz leyó un comunicado de las 19 organizaciones internacionales que formaron la misión de observación en el que se puso de manifiesto la preocupación por la tardanza en la notificación de la sentencia, el temor a que la redacción final de la misma no coincidiera con el fallo oralmente anticipado y el riesgo que ello pueda suponer para la efectividad de la condena.

Descargar Informe


martes, 9 de abril de 2019

Blanca Ramos participa esta tarde en la presentación del informe de la misión de observación del juicio por el asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres


Blanca Ramos, decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona y presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española; y  Laura Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres,  van a presentar hoy martes 9 de abril, a las 17.30h el informe de la misión de observación que el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y la Fundación Abogacía Española enviaron a Honduras para observar el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, activista medioambiental y defensora de los derechos humanos.

En el informe realizado por esta misión de observación se consignan los relatos sobre las diversas irregularidades encontradas en el proceso. Además, se darán a conocer las conclusiones adaptadas al contexto jurídico social que vive el país centroamericano en la actualidad.

En la presentación, que tendrá lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, también intervendrá Gonzalo Sáenz, técnico de Proyectos de la Fundación Abogacía Española, quien formó junto a Ramos parte de la delegación enviada por la Fundación Abogacía Española a Tegucigalpa, capital de Honduras, entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2018, en un viaje de observación internacional del juicio por el asesinato de Berta Cáceres. El objetivo de esta misión fue la vigilancia del cumplimiento de los estándares internacionales existentes en la materia.

El informe resultante pone de manifiesto una serie de irregularidades que pueden resultar determinantes para la causa, para su resultado final, para el respeto de los derechos de las partes en Juicio y para los posibles recursos tanto a nivel nacional como internacional.

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