miércoles, 19 de mayo de 2021

La pandemia condiciona las actuaciones del Servicio de Extranjería, que aumentaron en 2020

Durante el año 2020 se realizaron 155 designaciones de oficio de los abogados y abogadas del Turno y Servicio de Extranjería del MICAP en relación con los procedimientos judiciales en los que se han visto inmersos ciudadanos de otros países, lo que supone un aumento respecto al año anterior en el que se designaron 107 expedientes judiciales. En un año muy condicionado por los efectos de la pandemia del COVID 19, 92 de estas 155 designaciones fueron por denegaciones de renovaciones o autorizaciones, que aumentaron como consecuencia de la crisis económica causada por la epidemia que ha provocado que muchos extranjeros se quedaran sin empleo y por lo tanto no puedan acceder a la renovación de su permiso de trabajo y residencia, denegándoseles también las solicitudes de reagrupación familiar, aunque disminuyeron las expulsiones.


Si añadimos a estas 155 designaciones las 49 asistencias realizadas a extranjeros detenidos, el número de intervenciones de las y los letrados del Turno ha ascendido a un total de 204. Las asistencias del año 2019 fueron 63, un retroceso que contrasta con el incremento en las designaciones por denegaciones administrativas en materia de extranjería, lo que las intervenciones totales aumentaran en 2020 puesto que el año anterior se relazaron un total de 170.

Las 49 asistencias a extranjeros  detenidos contrastan con las 63 del año anterior, un 22,2% menos. El principal motivo de este descenso es evidente: a causa de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19 no fueron llamados para prestar sus servicios entre el 12 de marzo y el 8 de junio. Son 76 los abogados y abogadas inscritos en el turno y su cometido es plantear las alegaciones frente a las órdenes de expulsión y recurrir las resoluciones administrativas relacionadas con la nacionalidad, la residencia, la expulsión, la reagrupación familiar y demás cuestiones relacionadas con el derecho de extranjería

El estado de alarma activado el 15 de marzo de 2020 provocó que se suspendieran las detenciones de extranjeros por estar en situación irregular o para ejecutar órdenes de expulsión ya decretados, consecuencia directa del cierre y desalojo de los CIES tras la clausura de las fronteras a causa de las limitaciones de movilidad, por lo que no se podían ejecutar las órdenes de expulsión ya dictadas ni se incoó por tanto ningún procedimiento sancionador de expulsión nuevo. 

También influyó en el descenso de asistencias la supresión de los Sanfermines, unas fechas en las que habitualmente aumentan las detenciones de extranjeros en situación irregular. De hecho en los diez días de guardia especial correspondientes a las fiestas de 2019 fueron atendidos  14 extranjeros.

Detenciones anuladas

Además, la Brigada de Extranjería ha dejado de detener a los extranjeros en situación irregular que identifica por la calle. Tras varias sentencias judiciales que decretaban la nulidad de las detenciones practicadas por mera estancia irregular, la Brigada ha sustituido la detención por la citación al extranjero para que comparezca en sus dependencias, por lo que las asistencias que se han realizado durante el año 2020 ha sido a quienes han acudido a la citación mencionada, extranjeros detenidos por la comisión de algún delito y que estaban en situación irregular, asistencias a detenidos que se encuentran en prisión y que el propio Centro Penitenciario notifica que se hallan en situación irregular o que han sido condenados a penas superiores a un año o asistencia en la comparecencia del Juzgado de Guardia cuando se solicita su internamiento en CIE. Los centros de internamiento, aunque permanecieron cerrados durante los primeros meses de la pandemia, reabrieron en verano.

Desde la reanudación de las detenciones por parte de la Brigada de Extranjería a partir de  junio, la gran mayoría fueron porque, además de encontrarse en situación irregular, la persona había sido previamente detenida por algún delito, por lo que la mayoría de los procedimientos de expulsión se han incoado por el procedimiento preferente a pesar de que se puede decir que va en contra del derecho comunitario al ser sumario, por lo que los y las letradas solo tienen 48 horas para presentar alegaciones y no existe plazo de salida voluntaria cuando se dicta la orden de expulsión.

La memoria del Servicio recalca que durante el año 2020 “se ha seguido sin requerir la asistencia letrada en las solicitudes de asilo, la Brigada de Extranjería ha seguido haciendo caso omiso a nuestra solicitud de asistir a los solicitantes de asilo en la entrevista alegando que la asistencia letrada no es preceptiva y que ninguno de los solicitantes de asilo ha pedido ser asistido por letrado”.

Durante el año 2020 descendieron también las intervenciones letradas ante en las comparecencias ante el Juez de Guardia sobre autorizaciones de internamientos en CIE, que como ya se ha indicado permanecieron cerrados desde mediados de marzo hasta finales de septiembre a causa de la pandemia. Debido a la suspensión temporal de las detenciones en materia de extranjería, este año han disminuido también las intervenciones por interposición de habeas corpus en las ejecuciones de las órdenes de expulsión.

Este año en concreto el mayor número de asistencias por nacionalidades ha correspondido a ciudadanos marroquís, que aumentan hasta un total de 18, y casi no ha habido a ciudadanos comunitarios debido al cierre de fronteras. Crece el número de colombianos asistidos porque se les está denegando a muchos de ellos el asilo solicitado hace un par de años y se les están incoando procedimientos de expulsión. Tras ellos, los colectivos más numerosos son los natrales de la República Dominicana, Argelia, Nigeria, Nicaragua, Perú, Cuba, Brasil y Honduras, y en menor número los procedentes de Ucrania, Pakistán, Ecuador, Sahara Occidental, China, Senegal, Chile, Ghana, Estonia, Eritrea, India, Burkina Faso, Rusia, Argentina, Botsuana, Bangladesh, Panamá y Rumanía.

martes, 11 de mayo de 2021

El CGAE inicia una campaña sobre la importancia del asesoramiento legal antes de firmar contratos

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)  ha puesto en marcha  “Sin abogadXs no hay Justicia”, una campaña de comunicación que pone de manifiesto la importancia de contar con el asesoramiento de un profesional de la abogacía a la hora de firmar contratos o de afrontar otro tipo de compromisos económicos, para evitar problemas posteriores.

Para ello, la campaña muestra distintos ejemplos de cláusulas de difícil comprensión para el ciudadano que pueden derivar en serios problemas cuando se adquiere un bien o servicio sin comprender bien las condiciones aceptadas.

Como parte de esta campaña estará disponible un video en el que una persona lee los términos y condiciones para contratar el arrendamiento de un apartamento turístico, acción que le ha llevado nada menos que tres horas de lectura ininterrumpida.

El objetivo de esta iniciativa, que tiene prevista una duración de diez días y será visible tanto en redes sociales como en medios digitales, es llamar la atención sobre la complejidad o la longitud de muchos de los contratos que un ciudadano de a pie puede firmar y que, si no se leen detenidamente, pueden dar lugar más adelante a complicaciones.

El slogan de la campaña “Leemos la letra pequeña por ti y mucho más” hace referencia a la inabarcable extensión de las condiciones que incluyen muchos contratos, lo que hace que la inmensa mayoría de ciudadanos las acepten sin leerlas. Sin embargo, muchos de esas condiciones son abusivas y pueden ser reclamadas ante los tribunales y, en su caso, declaradas nulas.


Además del mencionado vídeo, la campaña incluye otros ejemplos referentes al contenido del contrato de una hipoteca, del uso de redes sociales, un seguro de un coche y el alquiler de un alojamiento. 




















miércoles, 5 de mayo de 2021

Dos abogados del MICAP participan en Turquía en un misión del Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo (OIAD)

Una delegación del Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo (OIAD), integrada por abogadas y abogados de Suiza, Francia e Italia y de la que también formaban parte los representantes del MICAP Alfredo Irujo y Miguel Martínez de Lecea acudieron entre los días 4 y 8 de abril a Turquía con el fin de realizar el seguimiento de dos procesos que afectan a cuatro abogados. Tras la asistencia a uno de ellos, Irujo y Martínez de Lecea, únicos españoles en la delegación, concluyen que los procesados carecen de garantías legales, denuncian “la parcialidad de los jueces y la vulneración del principio de presunción de inocencia”, y defienden la utilidad de este tipo de misiones para dar visibilidad a los problemas a los que se enfrentan los abogados opositores al Gobierno. 

Desde el intento de golpe de estado de 2016 las autoridades turcas han ejecutado una implacable campaña de arrestos de la que han sido víctimas abogados de 77 de las 81 provincias del país opositores al Gobierno o a alguna de sus decisiones. Hasta la fecha, más de 1.600 abogados han sido procesados, 615 han sido arrestados, y 450 abogados han sido condenados a 2.786 años de prisión por su supuesta pertenencia a una organización terrorista armada o por difundir propaganda terrorista. Además, 15 de los abogados perseguidos son decanos o exdecanos de Colegios de Abogados provinciales.

Los procesados son Ramazan Demir y Ayse Acinikli, miembros de la organización “Lawyers for Freedom” (Ozgurlukcu Hukukcular Dernegi -ÖHD-), acusados de una supuesta pertenencia a organización terrorista y que en este momento se encuentran en libertad; y Selçuk Kozagacli, Barkim Timtik (hermana de Ebru Timtik, también abogada, que murió el 27 de agosto de 2020 después de 238 días de huelga de hambre en prisión) y Oya Aslan, de la asociación “Progressive Lawyers” (Çağdaş Hukukçular Derneği -ÇHD-) y titulares del Despacho “Cabinet du peuple” (Halkin Hukuk Bürosu), a quienes se acusa asimismo de terrorismo y que se encuentran en prisión provisional, llevando el primero más de cuatro años en esa situación. 

Dicho despacho de abogados -explica Martínez de Lecea-  ha defendido asuntos como, por ejemplo, la peor catástrofe la minería en Turquía ocurrida en Soma, en la que murieron 301 trabajadores, asimismo asuntos de torturas contra las autoridades turcas, asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres y expropiaciones de viviendas por parte de las autoridades turcas. Según la OIAD, “el uso de la legislación penal y antiterrorista para criminalizar las actividades profesionales legítimas de los abogados pone en peligro el Estado de derecho en Turquía. En concreto, el uso de delitos vagamente definidos para detener y procesar a los abogados, los procesos por motivos políticos, y la falta de pruebas, enmarcados en juicios ante tribunales que carecen de independencia e imparcialidad”.

En el primero de los procesos la delegación de la OIAD asistió a una audiencia ante el tribunal al que, por parte de la defensa, se solicitaba la práctica de determinadas diligencias probatorias, así como el levantamiento de la prohibición de salir del país. En ese caso, todas las solicitudes formuladas fueron aceptadas y quedó señalada la fecha para la celebración del juicio el 22 de junio de 2021.

En relación al segundo, el día 5 de abril visitaron a los abogados procesados en la prisión de Silivri, donde recibieron información sobre el caso y escucharon las impresiones de los encausados. Posteriormente, el día 7 de abril los delegados asistieron a la audiencia en la que se trataba sobre la petición de libertad provisional de ambos abogados. Alfredo Irujo señala que “nada cabría objetar al desarrollo de la sesión, en la que las defensas y los propios abogados procesados tuvieron ocasión de manifestarse con libertad, ante el silencio del fiscal. La sorpresa –añade- vino cuando prácticamente sin fundamentación de ningún tipo se decidió por el tribunal el mantenimiento de la prisión provisional sin dar respuesta a las argumentaciones de las defensas, lo que hace que debamos cuestionar seriamente tanto la motivación de la decisión judicial adoptada, como la propia independencia judicial del tribunal que, tras leer su decisión, salió de la sala, literalmente, de estampida”.   

El anterior decano del MICAP agrega que el tribunal sustituía al que llevaba el caso, cuyos titulares habían comunicado, al parecer, que se encontraban enfermos.

“Hemos echado en falta, efectivamente, la preceptiva motivación de las decisiones judiciales, máxime cuando desde la defensa se está realizando una precisa y rigurosa invocación jurídica”, manifiesta Alfredo Irujo, quien indica que de los testimonios recogidos de otros letrados se deduce que “se trata de algo generalizado en determinados tipos de asuntos frente a abogados opositores al Gobierno o defensores de causas que no son del gusto de éste”. Los abogados consultados manifestaron a la comisión del OIAD que a partir de 2016 se ha producido un “cambio radical” en la Justicia en Turquía, al ser sustituido el 60% de los jueces por personas mucho más jóvenes, sin experiencia y sumisos a los intereses del poder ejecutivo. “Es lo que explicaría la falta de garantías a las que se ven sometidos los procesados, la parcialidad de los jueces y la vulneración del principio de presunción de inocencia”, reflexiona Irujo. 

Agrega el representante del MICAP que “da la sensación de que los tribunales carecen de la debida competencia técnica y de la imparcialidad que les debe caracterizar”, e insiste en que la audiencia del día 7 de abril se despachó “con auténtica banalidad” por parte del tribunal, “sin dar la respuesta obligada a las argumentaciones jurídicas de las defensas y sin que el fiscal dijera nada en contra”. Por esa razón considera “de especial interés” el seguimiento de los juicios a cuyas audiencias asistieron y que están señalados, respectivamente, para los días 22 de junio y 15 de septiembre de 2021.

“Misiones como esta en la que hemos participado puede parecer que no dan frutos inmediatos, pero lo cierto es que la presencia de abogados de distintos países siguiendo el juicio con sus togas da visibilidad a los problemas a los que se enfrentan los abogados procesados, y la observación imparcial que realizan y que luego se publicita debe hacer más difícil la vulneración de los derechos humanos”, concluye Alfredo Irujo.


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