miércoles, 16 de abril de 2014

Atención al ciudadano y deontología profesional





Como reflejo de la situación social, la ciudadanía ha aumentado sus exigencias ante la actuación profesional de los abogados; las personas demandan mayor información, más detallada y clara, así como un conocimiento preciso de las consecuencias económicas de cualquier proceso judicial. Estas exigencias hacen necesario un esfuerzo constante en el trato y la comunicación con el cliente, con el fin de lograr la mayor satisfacción de esta relación.


En este sentido, durante el año 2013 se ha experimentado un aumento en el número de reclamaciones respecto a 2012, si bien un 66,66% de las mismas se han archivado; no toda disconformidad con el profesional tiene encaje en el examen deontológico de su conducta. Éstos son los resultados de la estadística:
  • 144 reclamaciones (58 del turno de oficio)
  • 75 reclamaciones de particulares
  • 1 reclamación desde el juzgado
  • 7 reclamaciones entre letrados
  • 3 reclamaciones por otros motivos
  • 11 expedientes informativos (5 archivados, 4 a disciplinario, 2 en tramitación al cierre del ejercicio)
  • 29 expedientes disciplinarios (6 archivados, 8 con sanción, 15 en tramitación al cierre del ejercicio)
Con estas actuaciones desde el colegio se pretende velar por la formación, ética y dignidad de los profesionales de la abogacía, así como el respeto a los derechos de los particulares destinatarios de sus servicios.

(Datos: memoria anual 2013 del MICAP).

martes, 1 de abril de 2014

El MICAP y el Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita

La Constitución española de 1978, en su artículo 24, consagra como derecho fundamental de todas las personas el obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que llegue a producirse indefensión.

Para que todas las personas puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones y eliminar la discriminación que se pudiese derivar de la falta de recursos, el artículo 119 de la Constitución establece que «la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Como complemento, el artículo 20.2 LOPJ dispone que «se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar». Esta Ley es la 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que, según dispone en su artículo 1, será de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, así como al asesoramiento previo al proceso.

En la Comunidad Foral de Navarra, el órgano encargado de coordinar y supervisar la Comisión de Justicia gratuita es la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo con el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. Y si usted formula su solicitud en los partidos judiciales de Pamplona y Aoiz será el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona quien la tramitará y hará llegar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para ratificar la aprobación o denegación del abogado de oficio solicitado.


Información sobre el derecho a la justicia gratuita y su reconocimiento
1.Si de la solicitud presentada y documentos requeridos resulta acreditado que el beneficiario se encuentra incluido en el ámbito de los Art. 2, 3 y 5 de la LJG 1/96, siendo la pretensión del solicitante encuadrable dentro de un único procedimiento Judicial del que resulte preceptiva la intervención de Abogado, el MICAP procederá a designar PROVISIONALMENTE abogado, comunicándolo al Colegio de Procuradores, para que, en caso de ser preceptivo, designe PROVISIONALMENTE Procurador de Oficio, que asuma la representación del solicitante en el proceso judicial que se trate, conforme establece el Art. 15 de la LJG 1/96. Si el peticionario no cumpliera las indicadas condiciones o la petición principal fuera manifiestamente insostenible o carente de fundamento no se procederá al nombramiento provisional de abogado de oficio, notificándolo así al solicitante y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. El abogado designado podrá, no obstante, comunicar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que considera Inviable la pretensión del solicitante, salvo en supuestos de defensa de un acusado o imputado. Si la Comisión considera inviable la pretensión se procederá a desestimar la solicitud de Justicia Gratuita, notificándolo al peticionario, procediendo, en caso de considerarse viable la pretensión, a nombrarse por el MICAP un segundo abogado de Oficio (Art. 32 a 35 LJG1/96).

2. La designación de profesionales tiene carácter PROVISIONAL, debiendo ser verificada y confirmada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno de Navarra. En caso de no estimarse su solicitud las designaciones quedarán sin efecto, debiendo abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados provisionalmente, como determinan los Artículos 15 y 18 de la LJG 1/96 y el Art. 19 de su reglamento. No obstante, el peticionario puede recurrir la denegación definitiva del beneficio de justicia gratuita emitida por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno de Navarra en el plazo de cinco días desde su notificación mediante escrito dirigido a la Comisión, para su remisión al Juzgado competente, que citará a las partes a una vista y tras la prueba pertinente dictará Auto manteniendo o revocando la resolución de la Comisión. Contra dicho auto no cabrá recurso alguno. La intervención letrada no es preceptiva para la impugnación de la denegación de la justicia gratuita.

3. La designación solo es de aplicación para procedimientos judiciales, siempre que la intervención de abogado y procurador sea preceptiva o requerida por el Juzgado, al amparo de lo previsto en el Artículo 21 de la LJG 1/96. dicha asistencia jurídica se extenderá dentro de una misma instancia judicial, a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. En ningún caso pueden actuar simultáneamente un Abogado particular y un procurador de oficio o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renunciara a sus honorarios ante el MICAP (Art. 27 LJG 1/96).

4. En el supuesto de obtener algún beneficio económico por la intervención de los profesionales designados deberá abonar los honorarios de los mismos con el límite legalmente establecido (Art. 36.3 LJG). Igualmente, se le informa de que si en los tres años siguientes de haberle sido reconocido el beneficio de justicia gratuita viniere a mejor fortuna (cuando sus ingresos por todos los conceptos superen el doble del salario mínimo interprofesional) vendrá obligado a abonar las costas causadas en su defensa y las de la parte contraria, caso de existir condena en costas. (Art. 36.2 de la LJG 1/96)

5. El contenido material del derecho, se encuentre recogido en el Art. 6 de la LJG 1/96: Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador cuando su intervención sea preceptiva o requerida por auto judicial motivado, inserción gratuita de anuncios o edictos preceptivos en el curso del proceso, exención de pago de las tasas judiciales y de los depósitos necesarios para la interposición de recursos, asistencia pericial gratuita a cargo de personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales en los términos del artículo 130 del reglamento notaria, reducción del 80% de los derechos arancelarios para la obtención de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios que no tengan relación directa con el proceso y sean requeridas por el órgano judicial, reducción del 80% en los derechos arancelarios correspondientes a notas certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil que guarden relación directa con el proceso o sirvan para fundamentar la justicia gratuita

6. Como beneficiario del derecho a la Justicia Gratuita, puede renunciar a la designación de Abogado y Procurador de Oficio nombrando libremente profesionales de su confianza (a quienes deberá abonar sus honorarios), en cuyo caso deberá comunicarlo expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los Colegios de Abogados y Procuradores, sin implicar pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia Jurídica Gratuita, establecidas en la indicada Ley (Art. 28 LJG 1/96).

miércoles, 19 de marzo de 2014

¿Sabe la ciudadanía navarra qué son las Tasas Judiciales?

Desde el primer día, nuestro Colegio se ha opuesto a la existencia de las tasas judiciales, uniéndose en este rechazo a abogados, jueces y fiscales, por la restricción que supone para el usuario a la hora de acceder a la Justicia. Pero… ¿sabe la ciudadanía navarra qué son las tasas judiciales?


¿Qué son las Tasas Judiciales?
Las Tasas Judiciales son tributos a favor de la Administración Estatal que deben satisfacer los usuarios por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. Se regulan por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero.


¿Qué gravan las Tasas Judiciales?
Las tasas Judiciales gravan el ejercicio de los siguientes actos procesales:
- La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
- La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
- La interposición del recurso contencioso-administrativo.
- La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
- La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
- La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
- La oposición a la ejecución de títulos judiciales.


¿Quién debe pagar las Tasas Judiciales?
Las Tasas Judiciales las debe pagar quien promueva los actos procesales anteriormente citados, salvo en los siguientes casos:

a) Exenciones objetivas:
- Las demandas y recursos relativos a procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre éstos.
- Las demandas y recursos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
- La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
- La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
- La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
- La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo
- Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
- Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

b) Exenciones subjetivas:
- Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
- Ministerio Fiscal.
- La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
- Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

c) Otras exenciones
- En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.
- En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.


¿A cuánto ascienden las Tasas Judiciales?
a) En el orden jurisdiccional civil:
- Verbal y cambiario = 150 €
- Ordinario = 300 €
- Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal = 100 €
- Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales = 200 €
- Concurso necesario = 200 €
- Apelación = 800 €
- Casación y extraordinario por infracción procesal = 1.200 €

b) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
- Abreviado = 200 €
- Ordinario = 350 €
- Apelación = 800 €
- Casación = 1.200 €

c) En el orden social:
- Suplicación = 500 €
- Casación = 750 €

d) Cuando el sujeto pasivo sea persona jurídica se satisfará, además, la siguiente cantidad, hasta un máximo de 10.000€:
- De 0€ a 1.000.000€ el 0,5%.
- De 1.000.000€ en adelante el 0,25%.

e) Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, el 0,1% de la base imponible de la tasa hasta un máximo de 2.000€.

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