lunes, 20 de febrero de 2017

“La posible creación de un banco público navarro sería compleja, aunque fuera una institución de crédito”

María Amparo Salvador, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, cree que con la desaparición de las cajas de ahorros navarras ha mutado la competencia exclusiva que Navarra tiene en la materia “para transformarse en una competencia en relación con las fundaciones bancarias”, y considera muy improbable la posible creación de un banco público por parte del Gobierno de Navarra, aunque adquiriera la forma de un instituto de financiación.

María Amparo Salvador, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra.
María Amparo Salvador pronunció en la sede del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona la conferencia titulada ‘La competencia de Navarra en materia de bancos y cajas de ahorro’, incluida en el II Curso de Especialización en Derecho Foral Navarro. Fue presentada por el anterior decano del MICAP, Alfredo Irujo, y también intervino el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, José Noval, quien destacó la colaboración entre el Colegio y la UN para hacer posible el Curso, que consideró muy positivo para completar la formación de los futuros letrados.

María Amparo Salvador recordó que en el artículo 56.1 f) de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) se indica que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de cajas de ahorros “sin perjuicio del régimen especial de convenios en esta materia”. La conferenciante se preguntó por qué incluía esa precisión “que además no figura en ningún otro estatuto de autonomía de España”, y afirmó que la referencia a un régimen especial en materia de cajas de ahorros se debe a que “es una competencia de las que se denominan de carácter histórico, como lo es el Convenio Económico o la competencia que Navarra tiene en materia de administración local”.

Tras justificar su tesis, indicó que dicha competencia histórica “se refiere, básicamente, a la existencia de un método pactado con la Administración del Estado para modificar los estatutos de las cajas de ahorros en Navarra, y a la posibilidad de que sus órganos rectores tengan un diseño diferenciado del que existía en el resto de las cajas de ahorros españolas”.

María Amparo Salvador examinó cuál ha sido la evolución del ejercicio por parte de la Comunidad Foral de Navarra de la competencia en materia de cajas de ahorro en el periodo que va desde la aprobación de la Lorafna (1982) hasta la conclusión del proceso de fusión de Caja Navarra y la Caja Municipal de Pamplona en el año 2000, así como en la etapa que se inicia en 2002 con la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y se cierra en 2004, cuando el Gobierno de Navarra aprueba los nuevos estatutos de Caja Navarra, que buscaban dotar a la entidad financiera de unos órganos rectores más profesionalizados e independientes, reduciendo el peso que tenía la representación política al tiempo que separaba en dos órganos distintos las funciones de gestión y control de la Caja.

Asimismo, analizó cómo fueron utilizadas las competencias en el contexto de la crisis financiera y en la reforma de 2010 que trajo consigo la creación de la Junta de Entidades Fundadoras de la CAN, un órgano con funciones consultivas, no ejecutivo, y la integración en 2001 en la efímera Banca Cívica junto a Caja Sol, Caja de Burgos y Caja Canarias, y en la compra por CaixaBank, que abonó 120 millones de euros, en marzo de 2012.           

La profesora se planteó si con la desaparición de las cajas de ahorros navarras ha desaparecido también la competencia que la Comunidad Foral tiene reconocida en esta materia. Sostuvo que, más bien, “habría mutado para transformarse hoy en una competencia en relación con las fundaciones bancarias”,  e indicó que de hecho la Fundación Caja Navarra “mantiene algunos de los rasgos de la competencia histórica que Navarra poseía en la materia”.

La oradora se refirió asimismo a un proyecto que ha sido objeto de debate en foros políticos: “Cuál sería el marco en el que en Navarra, quizá, podría crearse, si es que así se decidiera, un banco público”. Según dijo, “habría de aclarar si lo que se plantea es una sociedad por acciones, lo que en lenguaje coloquial se entiende por un banco. Si así fuese en teoría podría plantearse, pero en la práctica sería muy complejo lograrlo porque hoy en día es el Banco Central Europeo quien tiene que otorgar la licencia bancaria y el procedimiento para el otorgamiento es complicado”. “Más allá de la cantidad de recursos económicos que sería necesario utilizar –insistió María Amparo Salvador- encuentro serias dificultades. Ya ha habido intentos en Cataluña y Valencia y que yo sepa en ninguno de los dos casos han conseguido de momento la licencia bancaria”.


“Si lo que se pretende es otra cosa que aunque se le llame banca en realidad no es un banco sino una especie de institución financiera del tipo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), estaríamos hablando de otra cosa que nada tiene que ver y qué, quizá, realizaría una función parecida a la que hace Sodena”, reflexionó la profesora Salvador. “En ese caso –añadió-también hay exigencias desde el derecho público, dependiendo de cuál fuese el vehículo de financiación que se eligiera, como la necesidad de obtener otro tipo de autorizaciones”. Consideró que esta opción “es más factible”, aunque plantea otros problemas diferentes por ejemplo desde el punto de vista del principio de estabilidad presupuestaria, porque un banco da créditos acudiendo a los recursos de los depositantes y por tanto con financiación ajena, mientras que si el instrumento que se pretende utilizar es un instituto de financiación los créditos se estarían concediendo con recursos del Gobierno de Navarra, por eso digo que plantearía problemas desde la perspectiva del principio de estabilidad presupuestaria, entre otros”.

miércoles, 8 de febrero de 2017

El Plan Estratégico de la Abogacía incluye 23 objetivos y 163 medidas para el periodo 2017-2020

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha presentado el Plan Estratégico de la Abogacía, con el que se pretende afrontar los retos sobre asuntos como la regulación del ejercicio profesional, la deontología, el servicio público de Justicia, la internacionalización de la profesión, los desafíos tecnológicos y el acceso universal a la Justicia, entre otros.
El Plan es la “hoja de ruta” de la Abogacía para el periodo 2017-2020 e incluye cinco ejes estratégicos con los que se trabajará para lograr una abogacía confiable y preparada, defensora y garante del servicio público de la Justicia, comprometida con los derechos de los ciudadanos, innovadora y tecnológicamente avanzada y, finalmente, una abogacía europea con visión global. Se aborda, por tanto, el correcto ejercicio de la profesión, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas con la finalidad de contribuir a la consecución de una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
Los objetivos que se ha fijado la presidenta de la Abogacía se articulan a través de 163 medidas, entre las que cabe destacar el impulso de la calidad de la Justicia a través de la participación activa de la Abogacía para alcanzar con todos los actores jurídicos un Pacto de Estado por la Justicia. Además se propone la creación de una Comisión Nacional de Calidad de la Justicia que audite e incentive las mejores prácticas en la Administración de Justicia. Establecimiento y reconocimiento de especialidades en la profesión de abogado para responder a la creciente complejidad social que incide en el ordenamiento jurídico.
Otro de los objetivos es el refuerzo del control deontológico con la creación de un Consejo Deontológico Asesor formado por profesionales reconocidos, expertos en deontología y representantes de sectores de diversos ámbitos, y también se persigue una formación inicial de excelencia y mejorar el acceso a la profesión. Es el momento de realizar una serie de mejoras de interés público dirigidas a fortalecer la calidad en la prestación de servicios legales mediante el impulso de la acreditación de habilidades prácticas necesarias para el ejercicio de la profesión.

La presidenta se refirió asimismo al impulso de la abogacía preventiva mediante un sistema de resolución de conflictos alternativo al proceso judicial, como la mediación y el arbitraje, para lograr el acuerdo a través de una negociación privada donde las partes estén apoyadas y asesoradas en todo momento por un abogado. El Plan Estratégico contempla asimismo la implantación de un sistema regulador de la publicidad de los abogados que preserve tanto las especificidades de la normativa legal como las singularidades del abogado defensor, en la que la publicidad deberá atender la dignidad de la profesión. Se creará un órgano independiente consultor y revisor, con capacidad para resolver extrajudicialmente conflictos en esta materia.

Entre las medidas destacadas por Victoria Ortega figura también la mejora de la normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita con la finalidad de maximizar la calidad y sostenibilidad del servicio. La nueva norma debe implicar la actualización de los baremos en todo el Estado y asegurar la prontitud en el pago. Programa de trabajo con los medios de comunicación sobre presunción de inocencia, mediante el impulso de actividades formativas con otros organismos jurídicos y asociaciones de prensa para que los profesionales de la información cumplan con su obligación de informar respetando el derecho a la presunción de inocencia.


Revisar el criterio de la condena en costas para que el principio de vencimiento (imposición de costas a la parte que ha visto desestimadas todas y cada sus pretensiones) no suponga una limitación al acceso a la tutela judicial efectiva es otro de los objetivos, junto a la reivindicación activa de la supresión de las tasas judiciales para las pymes y ONGs y el compromiso de la Abogacía con el impulso de una mejor preparación tecnológica de los profesionales para responder a los nuevos retos y realizará propuestas de soluciones eficaces. Respecto a LexNET Justicia, la Abogacía hará un seguimiento del servicio de soporte del Ministerio de Justicia a los usuarios y presentará iniciativas de mejoras en esta plataforma digital.

miércoles, 1 de febrero de 2017

La Universidad de Navarra y el MICAP organizan el II Curso de Especialización en Derecho Foral Navarro

El Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) y la Universidad de Navarra han organizado el II Curso de Especialización en Derecho Foral Navarro, cuyas sesiones tendrán lugar entre los días 10 de febrero y 3 de marzo. El Curso está dirigido a alumnos de la Universidad de Navarra, profesionales del derecho y cualquier persona interesada en el derecho de Navarra, y está planteado como un lugar de puesta en común y transmisión de conocimientos y experiencias sobre la aplicación del derecho navarro, entre profesionales del sector y estudiantes universitarios.

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La primera de las sesiones está prevista para el 10 de febrero en el aula M1 del edificio Amigos de la Universidad de Navarra, y contará con la intervención de Luis Javier Fortún (Jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación del Parlamento de Navarra) y Asunción de la Iglesia (Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra), quienes disertarán sobre ‘Cortes y Parlamento de Navarra: historia y actualidad de una institución’.


El 17 de febrero se celebrará la segunda jornada en la sede del MICAP.  María Amparo Salvador (Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra) y José Contreras López (Director del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa del Gobierno de Navarra), ofrecerán la conferencia ‘La competencia de Navarra en materia de bancos y cajas de ahorro. La nueva ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas’.

La tercera sesión tendrá lugar el 24 de febrero en el aula M1 del edificio amigos de la Universidad, y correrá a cargo de Eugenio Simón Acosta (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra) y Javier Sáenz de Olazagoitia (abogado y doctor en Derecho). Su charla se titula ‘Fundamentos del Convenio Económico. Presión Fiscal: realidad y comparativa’.

El curso se cerrará el 3 de marzo en el aula de formación del con las conferencias de Mª Ángeles Egusquiza (Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra) y Xabier Basozábal (Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Navarra) sobre ‘Actualidad en algunas materias de Derecho navarro patrimonial’. Además, el día 4 de marzo ha sido programada una visita guiada al Archivo Municipal de Pamplona y al Archivo Real y General de Navarra, dos instituciones relacionados con el origen, conservación y desarrollo del derecho navarro.

El derecho navarro presenta especificidades tanto en el ámbito del derecho privado como en el del público. En el ámbito del derecho privado, Navarra, como otros territorios que cuentan con un derecho civil especial, tiene instituciones jurídicas propias que cualquier profesional del derecho, e incluso cualquier ciudadano, debe conocer. También el conocimiento del derecho público navarro es fundamental para un jurista. Nuestro Estado de las Autonomías conlleva que prácticamente en todos los sectores de la vida económica y social exista legislación autonómica que rige la actividad de los particulares y empresas.

El objetivo de este Curso no es un tratamiento sistemático del derecho navarro, sino que se abordarán, cada año, cuestiones de plena actualidad, a través del análisis de temas controvertidos, con apoyo en casos reales, jurisprudencia, y sobre todo, la experiencia de los ponentes. En el funcionamiento de las sesiones primará el aspecto práctico y el intercambio de conocimientos y opiniones. El dinamismo de este Curso tendrá su reflejo en la página web, en la que se expondrán cuestiones de actualidad, podrán colgarse materiales de trabajo y videos explicativos.


El plazo límite para realizar las inscripciones concluye el día 6 de febrero. Se ofertan 50 plazas y la preferencia será por orden de solicitud de inscripción.

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Viernes, 17 de Febrero,a las 17:00 horas.
Curso Derecho Foral. Charla: La competencia de Navarra en materia de bancos y cajas de ahorro. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común en las administraciones públicas.
Computable para SOJ, OFIMEH, Turno Administrativo y Turno Civil.
Sala de Conferencias del MICAP.

Martes, 21 de Febrero de 2017 a las 16:30 horas.
Mediación. Reunión de seguimiento CEMICAP, sesión I.
Computable para permanencia y acceso en el CEMICAP en el año 2018.
Sala de Conferencias del MICAP.

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