viernes, 24 de marzo de 2017

José Manuel Pérez Pardo de Vera gana el VIII Concurso de Microrrelatos sobre Abogados

José Manuel Pérez Pardo de Vera, natural de Santiago de Compostela y letrado en Madrid del Banco de España, es el ganador del Premio Anual del VIII Concurso de Microrrelatos sobre Abogados, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad de la Abogacía, gracias a su relato “Toño, abogado”, que ya había sido considerado el mejor entre los recibidos en el mes de junio.

Victoria Ortega, Jose Manuel Perez y Enrique Sanz.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, y el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, entregaron el premio, dotado con 3.000 euros, al autor, quien agradeció a ambas instituciones la organización del certamen, “gracias al cual me pongo a prueba, disfruto, hago algo que me encanta y conozco personas con las mismas inquietudes”. Recordó que cuando conoció el concurso “me quedé fascinado con la belleza que encerraban los relatos a pesar de la brevedad, por lo que agradezco también a los participantes por escribirlos”.

Por otro lado, destacó el componente de “reto y creatividad” que supone el concurso. “Los abogados tenemos creatividad, pero dentro de un determinado marco, aquí la tenemos que poner en práctica con los límites de la brevedad y de las cinco palabras obligatorias”. Asimismo, resaltó la capacidad de llegar a la gente gracias a los relatos. Por eso  “quise reflejar en mi relato tres realidades: la crisis de los refugiados, la realidad de las tumbas sin nombre y una experiencia personal de un amigo que murió a los 18 años en el mar”.  

Por su parte, la presidenta de la Abogacía destacó que en las IX ediciones que ya lleva el concurso en marcha “hemos alcanzado los 50.000 relatos, lo que dice mucho de la afición por escribir en este país”. Además, señaló la importancia de la iniciativa, ya que “todos los relatos hablan de abogados, abogados de todo tipo, de su labor diaria, del Turno de Oficio, de los que empiezan y los que siguen la tradición familiar… todo un mundo coral”. “Nos sentimos muy orgullosos de esta convocatoria”, aseguró al tiempo que agradeció al autor “el momento que nos haces vivir” con la historia contada en su relato.

Al acto también asistieron Manuel de la Peña Garrido y María Sergia Martín Gonzalez, ‘Towanda’, ganadores de los meses de julio y agosto, respectivamente, a los que también se les entregó un diploma acreditativo con su relato como el mejor de los meses indicados.

Además acudieron Antonio Garrigues, Fernando Grande-Marlaska y José María Pérez “Peridis”, que formaron parte del jurado de esta edición, así como algunos de las firmas invitadas del libro de microrrelatos editado con los ganadores y mejores historias de la anterior edición, como Eduardo Torres-Dulce, Vicente Guilarte, José Juan Toharia o Patricia Rosety, y miembros de la Mutualidad de la Abogacía y del Consejo General de la Abogacía.

El jurado premió el relato de José Manuel Pérez Pardo de Vera por su temática y la forma de tratarla, así como por considerar que es el que mejor representa una historia humana sobre abogados hilando con acierto las cinco palabras obligatorias de ese mes: refugiado, campo, mar, alambrada y abogado. En esta edición se han recibido casi 8.000 relatos, batiendo de nuevo todos los récords de participación.

Por otra parte, Ángel Montoro Valverde, abogado colegiado en Toledo, ha sido el ganador del mes de febrero de la IX edición del Concurso de Microrrelatos de Abogados, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad, con su relato “Restaurante El Fallo”, premiado con 500 euros. Su relato ha sido considerado el mejor entre los más de 700 presentados al concurso el mes pasado. “Restaurante El Fallo” pasa así a la final del concurso, junto con los otros 9 relatos finalistas mensuales y los dos que resulten más votados por el público, en la que el ganador obtendrá un premio adicional de 3.000 euros y serán todos publicados en el libro recopilatorio de esta IX edición. 

sábado, 18 de marzo de 2017

“El cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad es fundamental para el despacho de abogados”


Enrique Ávila Gómez,  jefe del Área de Seguridad de la Información del Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información de la Guardia Civil y director de Centro nacional de Excelencia en Ciberseguridad, impartió el pasado martes en la sala de conferencias del MICAP una charla sobre ciberseguridad en el entorno jurídico, orientada a las necesidades de los despachos de abogados.

Ávila combina su formación técnica con una  licenciatura en Derecho por la universidad Complutense, y es además colegiado no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Desde esta posición, como conocedor del mundo tecnológico y del mundo jurídico, resalta que éste último “va muy por detrás de la tecnología”. Y recuerda a los profesionales del Derecho que “el ciberespacio reúne dos características fundamentales que lo convierten en un entorno singular. “La primera es que es aterritorial, y por tanto en él los estados no ejercen como tales. Y la segunda, que sus lapsos temporales son mucho más cortos”.

¿Qué implicaciones tienen estas dos características para el ejercicio de la abogacía?
Implican que estamos un poco fuera de cobertura y de entendimiento de qué es el ciberespacio. No es una vida paralela, una vida  virtual, sino una dimensión que se superpone a nuestra propia vida. Y así lo tenemos que asumir, porque somos sociedades hipertecnologizadas,  dependemos cada vez más de la tecnología. Y por tanto, tenemos que saber cómo funciona.

Desde el punto de vista jurídico, y tengo experiencia en este campo porque mi familia tiene un despacho de abogados propio, resulta imprescindible establecer medias de seguridad adecuadas. En este sentido, el despacho es como una PYME, pero además tiene requisitos adicionales de seguridad, porque interviene una legislación específica. El cumplimiento normativo es fundamental para un despacho de abogados. Y el ejercicio profesional requiere que el perímetro de seguridad de la información y el cumplimiento normativos sean conocidos y aplicados.

¿Qué implica este cumplimiento normativo por parte de los despachos?
Por un lado, implica adquirir competencias tecnológicas;  por otro, conocer y adquirir servicios especializados. Debemos empezar a asumir que ese cumplimiento normativo es obligatorio, porque además, hay una posible responsabilidad penal en caso de un incumplimiento grave. Hay que poner unas medidas  básicas para la Ley de Protección de Datos, por supuesto. Y también para mantener la seguridad de la información. El abogado tiene que saber qué es cifrar un archivo, qué es intercambiar información de forma segura y proteger así su perímetro de información.

¿Existe también para un despacho pequeño el riesgo de ser el objetivo de un ciber ataque? 
Todos somos objetivos de ciber ataque porque no somos capaces de calcular por qué somos valiosos. Podemos ser valiosos por intermediación. Por ejemplo, tal vez a través de nuestro despacho, ataquen a un despacho mayor o a un cliente que tiene valor por un motivo que nosotros desconocemos.  Y lo atacan a través de nosotros porque tenemos mucha información que, además,  es de alto valor.
Pensemos en términos de reputación, o de guerra económica, como puede ser por ejemplo el caso de un competidor que quiere echar del mercado a una empresa a la que nosotros representamos legalmente. Se puede dar un ataque a través de nuestro despacho para averiguar cuál es su problemática, si está con un ERE,  simplemente para conocer unas cuentas que están depositadas, o para hacer público un problema jurídico grave que la empresa no quiere que trascienda. Ese tipo de cosas pasan.



¿Qué necesitan más los abogados, competencias tecnológicas o un adecuado conocimiento de los servicios a los que pueden recurrir?
Las dos cosas. Suelo hacer la broma de que hay dos seres humanos absolutamente peligrosos. Uno es un ingeniero que cree que por leer una ley la  comprende, y puede organizar un follón grave, porque aunque lo crea, un ingeniero no es capaz de entender en profundidad la epistemología de la ciencia jurídica. El otro ser humano peligroso es el abogado que maneja un medio técnico, por supuesto con honrosas excepciones. Tampoco entiende bien el mundo tecnológico, pero piensa que las categorías conceptuales son iguales y se pueden trasladar directamente al ciberespacio. Y también  está absoluta y radicalmente equivocado. Por lo tanto,  el abogado tiene que adquirir competencias y servicios. Las dos cosas.

¿A qué tipo de servicios se refiere?
Servicios que protejan la información. Y para esto, se requiere por ejemplo que toda la información esté cifrada. Hay algo que siempre se debe de tener en cuenta,  y es que cuando pierdes el control físico sobre la información, deja de ser tuya y no sabes qué va a pasar con ella.

Sería algo así como dejarse una carpeta con  documentos impresos en un lugar público.
Claro. Con la diferencia de que distribuir información en soporte papel requiere más tiempo y recursos que distribuir un archivo electrónico. Además, los documentos digitales tienen otras características. Por ejemplo, si no sabes qué son los meta datos adjuntos de un fichero de Word que has creado, no sabes cuánto daño se puede hacer a través de la lectura de esos meta datos, ya que permiten saber cuándo se creó, quién lo creó, de qué manera… Y cuatro o cinco meta datos más que se incluyen por defecto.

Hubo en la administración pública un incidente grave de tipo político porque se dejó en una sentencia de un órgano jurisdiccional se incluyeron los meta datos de un fichero y se vio claramente que el archivo se había redactado con posterioridad al anuncio de la sentencia, porque los meta datos indicaban que ese archivo había sido tratado a posteriori, es decir, haciendo trampas y cambiando elementos.  Con lo cual es susceptible de recurso y susceptible de convertirse en un problema político. Si no sabes que eso se puede hacer, tienes un problema y necesitas actualizar tus competencias.

Hablamos, en este caso,  de una información a la que no es complicado acceder.
Para nada. Basta con pulsar el botón derecho del ratón sobre el archivo y acceder a las propiedades del documento. Otro ejemplo puede ser el de una fotografía que está geo posicionada, y por consiguiente transmite información sobre dónde se ha hecho, en qué momento, con qué teléfono…. Y esto puede provocar una situación jurídica en la que se aporta una prueba sin caer en la cuenta de que contiene datos adjuntos. Y esto puede ser un problema, porque tal vez lo que el abogado está tratando de demostrar  se ve contrariado por la información contenida en esos meta datos.

Y también se van a dar cambios importantes, motivados por la tecnología,  en determinadas especialidades. Por ejemplo, muchos de los ingresos de los despachos de ámbito penal que se derivan de asuntos relacionados con el tráfico, tales como accidentes de tráfico, responsabilidad civil… Eso se va a acabar, porque no va haber accidentes de tráfico cuando tengamos los coches autónomos, y con ellos va a desaparecer una parte de la profesión. 



¿Cree que, en este contexto,  es interesante que un despacho incluya entre sus colaboradores a un experto en tecnología, por ejemplo un ingeniero informático, parta poder anticiparse a este tipo de situaciones?
Es todavía más complicado y más intenso. El conocimiento en este mundo es pluridisciplinar. No son abogados, no son ingenieros… Son científicos de datos, economistas, semánticos, filósofos… Ese conocimiento pluridisciplinar requiere desarrollar algo que se denomina inteligencia colectiva. Y dentro de esa inteligencia colectiva hay una rama que es la inteligencia jurídica.

Sin embargo todos estos cambios van a producir  muchas nuevas oportunidades para quien sepa verlas. Por ejemplo, la responsabilidad civil del mal funcionamiento de un algoritmo. Eso va a dar mucho juego.  Por ejemplo, los Smart Contracts o contratos inteligentes, que son algo fundamental.  
También la vigilancia tecnológica.  Aunque el nombre pueda llevar a error, es algo que se lleva haciendo desde hace bastante tiempo en los despachos más poderosos. Se está legislando de forma muy farragosa a muchos niveles, y mantener un conocimiento actualizado sobre todas las novedades es prácticamente imposible, incluso dedicándote a ello de manera exclusiva.

Por ejemplo, en temas medioambientales, las competencias son europeas, nacionales, autonómicas y locales, y no es fácil estar al tanto de todas las novedades.  Pero es posible hacer uso de herramientas de inteligencia, normalmente plataformas de vigilancia tecnológica, en las que uno se suscribe  a un boletín que presenta resultados exclusivamente de nuestros temas de interés.  Y emplean algoritmos que aprenden  de tus necesidades. Si no, como seres humanos, ya no tenemos  siquiera la capacidad de estar al día. Hay demasiada información y estamos intoxicados por ella. Lo denominan infoxicación. Estamos infoxicados, con lo cual no podemos  tomar decisiones.

Sin embargo, el abogado tiene que ser capaz de tomar decisiones. Es lo principal de la profesión. Y para eso, tiene que obtener la información cuando la necesitan. Por un lado, está la actividad  hacia fuera, que es adquirir la información necesaria. Y por otro, la actividad hacia adentro, que no es otra que proteger la propia información. Tiene que tener protección, a nivel de perímetro. Y pare so el abogado necesita aprender a negociar una buenas condiciones contractuales con un proveedor de servicios. Si no sabe qué está negociando, no sabe qué servicios le están dando en realidad,  ni es capaz de controlar la información. Y si no sabe cómo, tiene que contratar a alguien que lo haga por él.

Esta cantidad de nuevos conceptos y de información pueden llegar a resultar algo abrumador. ¿Existen empresas que ofrecen servicios acordes a las necesidades de los despachos?
Sí. Y son empresas jurídicas. Y también los propios colegios están empezando emprender acciones que permitan a los colegiados orientarse en este mundo. Y, a partir de ahí, un abogado tiene perfecta capacidad para dilucidar qué es lo que necesita, aunque tal vez no tenga la capacidad técnica. En cualquier caso, ¿Para qué se necesita a un abogado? Lo contrata alguien que no sabe de leyes, para que defienda sus intereses. En ese caso, el abogado es el técnico en esa materia. Y a la inversa, el abogado necesita un técnico, o varios técnicos, o un colegio o una asociación profesional que le indique qué necesidades técnicas tiene en materia de ciber seguridad.

En este sentido, el Ministerio de Justicia ha hecho una cosa muy buena, aunque se critique mucho y  tenga problemas, con la implantación de LexNet. Tiene problemas, pero permite crecer, es prospectiva de futuro. Y también la centralización de servicios a través de la plataforma Office 365 e iniciativas similares. Eso ya protege a los despachos. Ya no necesitan tener sus propios medios técnicos. Y al igual que los abogados, lo están haciendo muchas empresas y muchos autónomos en otros sectores. Esos servicios tienen sus niveles de protección y tienen un cumplimiento normativo que el abogado puede controlar.

¿Qué es, en su opinión, lo que más cuesta incorporar profesionalmente a los abogados?
Por un lado, es importante entender que el mundo analógico de los servicios en general y de los servicios jurídicos en particular, va a desparecer. Cuando muera el último cliente que no sepa manejar un ordenador se habrá acabado el mundo analógico en esta profesión, del mismo modo que se va a terminar el mundo analógico entre los conductores de autobús. El 70% de los puestos de trabajo, es una estimación que se maneja en los medios de comunicación, va a desaparecer. Y esta transformación también va a afectar a puestos intelectuales especializados. Hay  que adaptarse a esta situación, del mismo modo que lo hicieron en su día los artesanos textiles que tuvieron que aprender a operar con telares mecánicos.

El abogado tiene que adaptarse al mundo del siglo XXI, en el que los contratos van a ser inteligentes y van a disparar cláusulas de forma automática, y el abogado va a tener que saber por qué se dispara. Pero saber esto responde a una lógica jurídica, no un tema técnico.

Creo, eso sí,  que el mundo jurídico es el que tiene más proyección en el siglo XXI, porque se parte de cero en muchos aspectos y va a haber muchas cosas por hacer. Va a haber que conceptualizar muchas cosas y trasladar mucha inteligencia jurídica al mundo del ciberespacio. Pare ello se necesita, eso sí, profesionales cualificados.   

miércoles, 15 de marzo de 2017

Un videojuego para conocer nuestro grado de seguridad ante un ciberataque

El ciberdelito ocupa el 0,8% del PIB mundial, con un coste directo de 265 millones de euros para las empresas afectadas. Este impactante dato aparece en el último boletín publicado por la Comisión del Derecho de la Tecnología del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, que también alude a un artículo en el que se revela un panorama alarmante en el parque empresarial, porque el 86% de las empresas no están preparadas para un ciberataque.

Además, cita una noticia que informa de la existencia de un videojuego que descubre las vulnerabilidades del jugador ante un ataque cibernético. Ha sido creado por el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) para conocer el grado de seguridad de que disponemos ante un ciberataque. Para concluir con este tema, ofrece recoger un par de asuntos llamativos recientemente ocurridos en España: la sentencia absolutoria de un empleado ante la acusación de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, y la detención de una red organizada que vendía datos de carácter personal al mejor postor.

Por otra parte, la Comisión del Derecho de la Tecnología recuerda que el 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Este periodo de dos años tiene como objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las Instituciones y también las empresas y organizaciones que tratan datos vayan preparándose y adaptándose para el momento en que el Reglamento sea aplicable.


Con relación a esta normativa, se prevé que este mes de marzo sea publicado el borrador de anteproyecto de modificación de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, que podría quedar aprobada antes de mayo de 2018. El boletín permite acceder a una relación pormenorizada de legislación y guías que pueden ser útiles al respecto, facilitada por la Agencia Española de Protección de Datos, que las ha publicado con el fin de facilitar la adaptación de las PYMES al Reglamento.

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Jueves, 30 de Marzo de 2017, a las 16:30.
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Sala de Conferencias del MICAP.

Martes, 11 de Abril, a las 16:30.
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