viernes, 24 de febrero de 2017

Alfredo Irujo y Javier Caballero, elegidos consejeros del Consejo General de la Abogacía Española

Los anteriores decanos del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona Alfredo Irujo y Javier Caballero han sido elegidos hoy, día 24 de febrero, consejeros electivos del Consejo General de la Abogacía Española.

Las nuevas consejeras y consejeros, junto a la presidenta del CGAE, Victoria Ortega.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha elegido esta mañana a los once nuevos consejeros electivos, cargos a los que optaban los veintitrés candidatos que se habían presentado. Los candidatos elegidos son, además de Caballero e Irujo, Josep Canício Querol (Colegio de Abogados de Tortosa); Juan Antonio Garcia Cazorla (Colegio de Abogados de Sabadell); Cristina Llop Velasco (Colegio de Abogados de Zaragoza); Luis Nieto Guzmán de Lázaro (Colegio de Abogados de Salamanca); Jesús Pellón Fernández-Fontecha (Colegio de Abogados de Cantabria); Mª Carmen Pérez Cascales (Colegio de Abogados de Elche); José Arturo Pérez Moreno (Colegio de Abogados de Almería); Nielson Sánchez Stewart (Colegio de Abogados de Málaga); José Francisco Serrano Siquier (Colegio de Abogados de Albacete).

Las elecciones han tenido lugar durante la reunión que ha celebrado el Pleno del Consejo. De las cuatro mujeres que presentaron su candidatura a consejero electo han sido elegidas dos: Cristina Llop y Mª Carmen Pérez Cascales. Los once consejeros elegidos tomarán posesión de sus cargos en el próximo Pleno de la Abogacía.

Las elecciones fueron convocadas por la Comisión Permanente en su sesión de 19 de enero para cubrir once plazas de consejeros electivos entre abogados de reconocido prestigio. La Comisión Permanente proclamó en su reunión del viernes 10 de febrero las candidaturas que cumplían todos los requisitos exigidos y que presentaron en tiempo y forma la documentación solicitada.


El Consejo General de la Abogacía cuenta con doce consejeros electivos, que han de ser abogados de reconocido prestigio, elegidos libremente por el propio Pleno del Consejo, y cuyo mandato tendrá una duración de cinco años. Junto con los 83 decanos de los Colegios de Abogados, forman el Pleno del Consejo General de la Abogacía.

jueves, 23 de febrero de 2017

La Abogacía rechaza la aplicación del IVA al servicio de Justicia Gratuita del Turno de Oficio

La decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, ha mostrado el rechazo de la Abogacía a la posible aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al servicio de Justicia Gratuita prestado por los letrados del Turno de Oficio. La decana ha asegurado que supone un recorte de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que ha reclamado la “suspensión inmediata” de la norma, al tiempo que ha garantizado que los abogados “no van a dejar desasistidos” a los beneficiarios del servicio.

Mª Josefa Urtega y Blanca Ramos, durante su comparecencia ante los periodistas.
Blanca Ramos, que ha comparecido junto a la presidenta de la Comisión del Turno de Oficio, María Josefa Urteaga, ha recordado que, en fecha reciente, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España ha interpretado, en consulta vinculante, que el servicio que prestan los abogados por Turno de Oficio en nuestro país debe estar sujeto a IVA.

Ha explicado que lo ha hecho amparándose en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los servicios que prestan los abogados en el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en Bélgica, pero “dicho sistema es diferente al que existe en España, que posee una estructura organizativa ejemplar y única en Europa”, ha precisado Ramos, quien ha explicado que “el sistema belga no tiene naturaleza pública y obligatoria, como sucede en el nuestro, que se organiza a través de los Colegios de Abogados y se presta por 43.000 profesionales de forma permanente, sin coste para los ciudadanos que tienen reconocido el derecho y cuenta con uno de los mayores niveles de satisfacción por parte de los usuarios”.

La decana ha manifestado que el servicio de Justicia Gratuita constituye “la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho y se presta por abogados desde la más absoluta independencia, pero no es libre ni en su contratación, ni en su precio”, y que se trata de un servicio “de carácter social, encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía, dirigido fundamentalmente a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sin elección de cliente y exiguamente compensado conforme a los baremos previamente fijados por las administraciones competentes”.

La decisión obligaría a emitir facturas con IVA al beneficiario de asistencia jurídica gratuita por un servicio que el Estado presta a través de los Colegios de Abogados a quienes carecen de recursos para litigar. Según ha indicado Blanca Ramos, “la medida resulta ilógica e innecesaria, no supone un beneficio real para el ciudadano e incrementa la burocracia y el trabajo de quienes lo prestan. Además, supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de cincuenta millones de euros anuales”.

La decana ha señalado que la Abogacía, “desde su más firme compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía, que no es sino reflejo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, está obligada a garantizar la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita “con calidad y de forma continuada”. “Se trata de una obligación irrenunciable –ha insistido-, que convierte el servicio en un sistema reglado por normas administrativas y sometido a control público. Por tanto, no puede estar sujeta a IVA”.

Por estos motivos, desde los Colegios de Abogados y por la Abogacía institucional se ha solicitado la suspensión inmediata de esta norma, de forma que no se grave con IVA el Turno de Oficio y se ha instado a las autoridades competentes a abordar las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio como se ha venido haciendo, de forma eficiente y eficaz.


“La Abogacía no va a dejar desasistidas a las personas con menos recursos, que tienen derecho a la defensa”, ha advertido la decana del MICAP, Blanca Ramos, que ha anunciado que, por ello, pondrá en marcha todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados comprometidos en su defensa”.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Las administraciones públicas se enfrentan al difícil reto técnico de convertirse en electrónicas

Las administraciones públicas españolas, como ya lo hiciera la de Justicia, se preparan para convertirse en instituciones electrónicas y cuentan con un plazo que, según establece la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, finaliza en octubre de 2018. ¿Lo conseguirán? José Contreras López, director del Servicio de Secretariado y Acción Normativa del Gobierno de Navarra, lo pone en duda no por los problemas jurídicos que pudiera plantear la ley, sino por cuestiones prácticas derivadas de las aplicaciones informáticas y de la compatibilidad de los sistemas que adopte cada una.

José Noval, Alfredo Irujo y José Contreras, en la sede del MICAP.
José Contreras ofreció la conferencia titulada ‘La nueva ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas’, encuadrada en las sesiones formativas del II Curso de Especialización en Derecho Foral Navarro que organizan el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) y la Universidad de Navarra. Fue presentado por el anterior decano del MICAP, Alfredo Irujo, y también estuvo presente el decano de la Facultad de Derecho de la UN, José Noval.

El conferenciante afirmó que la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas “inaugura una nueva era para la Administración, como en su día fue la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común la que marcó un hito al establecer una nueva regulación técnica del procedimiento administrativo”. En este caso, añadió, “la gran revolución está en que la Ley de Procedimiento administrativo y la Ley de Administración Electrónica se refunden en una sola, es decir, el procedimiento administrativo pasa a ser un procedimiento administrativo electrónico, y eso condiciona fundamentalmente toda la regulación”.

José Contreras indicó que “no se trata de una revolución jurídica en cuanto a las instituciones propias del procedimiento sino en la conversión en un procedimiento totalmente electrónico”, y reconoció que “son muchos los interrogantes que plantea la nueva ley porque supone un cambio en el funcionamiento, y también un cambio en la mentalidad. Todo pasa a ser electrónico, el procedimiento, el registro de la administración, las firmas…”

El responsable del Servicio de Secretariado y Acción Normativa dijo que, con la nueva ley, “a los ciudadanos se les da el derecho a relacionarse con las administraciones públicas mediante procedimientos electrónicos y se incentiva esa participación, de tal manera que los registros pasaran a ser oficinas de asistencia en materia de registros y habrá funcionarios habilitados que lo que harán será asistir al ciudadano para que puedan presentar sus instancias y documentos electrónicamente, ello unido a la obligación que establece la ley para que la gran mayoría de las personas jurídicas se relacionen también con la administración, ya obligatoriamente, de manera electrónica”.  

El objetivo que persigue la Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es que la administración emplee exclusivamente sistemas electrónicos en su tramitación interna, “y con respecto a los ciudadanos se puede llegar hasta donde se puede llegar, no se les puede obligar pero todas las instancias que presenten ante esos registros lo tendrán que hacer mediante procedimientos informáticos. Podrán acceder también voluntariamente desde el ordenador que tengan en su casa a los registros generales electrónicos, y en las oficinas de asistencia lo que se hará es escanear toda su documentación y convertir a formato electrónico todas sus instancias”, explicó el orador.

El reto técnico
La Ley indica que para el mes de octubre de 2018 las administraciones deben tener en funcionamiento todas las aplicaciones que les permitan trabajar con procedimientos electrónicos, pero la duda es si van a poder tenerlo todo preparado: “La Ley ha dado un paso adelante muy importante y hay mucho por hacer, no creo que todo esté en funcionamiento en octubre de 2018, no creo, pero había que poner una fecha y todas las administraciones tienen que esforzarse para tratar de conseguirlo”, opinó José Contreras.

Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es una Ley básica, por tanto es aplicable a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas e incluso a los entes municipales, además de al sector público institucional. La Administración foral fue la primera que aprobó su Ley de Administración Electrónica, lo hizo antes de que lo fuera la Ley 39, “en ese sentido lleva cierta ventaja, pero no está preparada al 100%, como ninguna lo está, porque al final todo depende de las aplicaciones informáticas. Ni siquiera es ese el principal problema, porque ahora todas las administraciones deben ser interoperables, es decir, interconectables, y cada administración se ha dotado de sus propias aplicaciones informáticas, a su medida, y hay que hacer que sean compatibles. Ese es el gran reto que tenemos por delante”.


José Contreras estimó, finamente, que el nuevo texto “no plantea grandes dudas jurídicas, son más bien dudas de operatoria, de orden práctico. Incorpora, por ejemplo, lenguaje y conceptos de la administración electrónica que debemos ir asimilando poco a poco”. Sí que obligará a adaptar la normativa de las comunidades autónomas a la básica, para lo que se establece el plazo de un año, “y en ese tiempo tenemos que revisar nuestra legislación en materia de procedimiento administrativo, como el resto de comunidades, para ver si hay alguna discordancia y prever lo necesario para que pueda entrar en vigor sin problemas”.

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