viernes, 17 de mayo de 2019

“No aumentan los delitos de odio, sino que se denuncian más”


Aunque cada día nos llegan noticias relacionadas con posibles delitos de odio,  “un delito contra los derechos humanos, además uno de los más graves porque de ahí vienen los genocidios”, la realidad es que no ha aumentado su número y si tenemos la percepción contraria es porque se denuncian más, según indicó Charo Alises en la charla que ofreció en la sede del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, en el marco de la sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, titulada ‘Los delitos de odio y discriminación en España’.
Charo Alises, en primer plano, junto a María Josefa Urteaga.

Tras la presentación a cargo del anterior decano y patrono de la Fundación Abogacía Alfredo Irujo, y de la diputada de la Junta de Gobierno María Josefa Urteaga, que también preside la Comisión colegial del Turno de Oficio y Derechos Humanos, intervino Charo Alises, abogada y doctora en Ciencias de la Comunicación. Actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, donde coordina el Servicio de Atención Jurídica Gratuita, y es presidenta de la Asociación LGTB Ojalá Málaga. Además, desempeña un papel importante en el grupo de juristas de FELGTB y dentro del Equipo Coordinador de la FELGTB.

En la conferencia explicó el concepto y la gravedad de los delitos de odio, cómo afectan a las víctimas y su incardinación en el Código Penal. También analizó el discurso del odio que, unido al de la discriminación, está tan de actualidad y su difuso límite con la libertad de expresión.
Los delitos de odio son infracciones penales que se cometen contra una persona o, un grupo de personas o sus propiedades por su pertenencia a un determinado colectivo debido a su raza, religión, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, ideología, etc. “La gravedad de estos delitos con respecto a otros es que no solo afectan a las víctimas sobre la que se perpetra sino que además lanza un mensaje de intolerancia hacia todo el colectivo al que pertenece”, indicó la ponente.

Sólo se reducirán con la educación
Charo Alises advirtió de que es preciso distinguir lo que es delito de odio y lo que no lo es, “porque si utilizamos el concepto erróneamente le quitamos su valor, si todo lo consideramos delito de odio al final nada lo es, por eso es necesario hablar con propiedad y conocer el tipo para saber discernir cuándo estamos o no ante un caso de delito de odio”. En este sentido, explicó que cuando a una persona le ocurre algo que pudiera hacerle sospechar  que es víctima de uno de éstos “como considera que es muy grave piensa que se trata de un delito de odio y tal vez no es así, puede ocurrir que no entienda bien el concepto, es un problema de percepción por parte de la persona”.
La conferencia se enmarcaba en una sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía

La oradora opinó que aunque pudiera parecer lo contrario no ha aumentado significativamente su número, “quizás es que ahora se les presta la atención adecuada y que eso no ocurría antes. Es que ni siquiera había un registro, creo que fue en 2014 cuando la Policía Nacional empezó a elaborar estadísticas y como antes no se hacía no es posible comparar cifras. Yo realmente no creo que haya ahora más, sino que al denunciarse más están saliendo a la luz y se les da la importancia que realmente tienen”.

Según la conferenciante, tras el incremento de las denuncias “está la concienciación de la sociedad, la cada vez mayor información que tienen las víctimas sobre sus derechos y de cómo pueden denunciar, y también hay una mayor sensibilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya se forman para detectar cuando reciben una denuncia si están ante un delito común o ante un delito de odio”. Añadió que para hacer que disminuyan los casos sólo hay una vía, “como ocurre en casi todo, la educación”.

Finalmente, en cuanto a la colisión entre los delitos de odio y la libertad de expresión, “que es un pilar fundamental de un estado democrático”, Charo Alises recordó que “el Tribunal Supremo ha dicho que en caso de duda siempre hay que optar por la libertad de expresión”.

viernes, 10 de mayo de 2019

Blanca Ramos modera una ponencia durante la primera jornada del XII Congreso Nacional de la Abogacía


La decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, participó el pasado jueves en el XII Congreso Nacional de la Abogacía que se celebra en Valladolid hasta el sábado 11 de mayo. Lo hizo en calidad de moderadora de la ponencia “Derecho del consumo, calidad y certificación de despachos y profesionales”, que formó parte del itinerario 11 y 12, “Regulación profesional y supervisión”.

La presentación se centró en el tema de la estandarización de la calidad en las organizaciones como un elemento que mejora el servicio que recibe el usuario y facilita una práctica profesional alineada con la cultura de la empresa.  Los ponentes fueron Jesús Sánchez, secretario de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona y abogado de Zahonero & Sánchez, Abogados Asociados, SCP.  Y Pilar Bordetas, Directora General de AyC, S.L.

Las ponencias se iniciaron el jueves, tras el acto de inauguración que se celebró durante al tarde del día anterior. Cabe recordar que el eje temático del congreso es la influencia que la tecnología está teniendo en el ejercicio de la Abogacía. La sesión inaugural reunió a más de 2.500 personas, entre ellas la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, quien destacó el gran número de cambios que se han producido en los últimos 50 años, “un mundo en el que la Abogacía presta nuevos y tradicionales servicios legales a una ciudadanía que exige confianza, por supuesto, pero también eficiencia, celeridad y calidad”, señaló.


Ortega aprovechó la ocasión para volver a pedir un Pacto de Estado por la Justicia “que garantice la libertad e independencia real de Jueces y Magistrados; un pacto por la seguridad jurídica y por los ciudadanos”. Y realizó un llamamiento a la unidad: “nunca ha conseguido tanto la Abogacía como cuando ha actuado unida, cuando las Instituciones Corporativas han actuado con un objetivo común y sobre todo y fundamentalmente cuando se ha establecido una conexión directa con la Abogacía profesional”.

Al acto asistieron numerosas autoridades del mundo de la Abogacía, la Justicia y la política, como Mercedes Martín, Delegada del Gobierno en Castilla y León; Pilar del Olmo Moro, Consejera de Economía y Hacienda, Junta de Castilla y León; María Josefa García Cirac, Consejera de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León; Enrique Sanz Fernández-Lomana, Presidente de la Mutualidad; José Luis Concepción, Presidente TSJ Castilla y León; Mª Lourdes Rodríguez Rey, Fiscal Superior Castilla y León; Ramón Jáudenes, Secretario General de la Abogacía Española; Fernando Ledesma Bartret, Consejero de Estado; Julio Gabriel Sanz Orejudo, Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León; Antonio Largo Cabrerizo, Rector de la Universidad de Valladolid; Rafael Catalá Polo, ex Ministro de Justicia; Ana Mª Victoria Martínez Olalla, Presidenta sala contencioso-administrativo del TSJ Castilla y León o Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España


jueves, 2 de mayo de 2019

El MICAP acoge una jornada sobre herramientas para mejorar las indemnizaciones a las víctimas


La sala de conferencias del M.I Colegio de abogados de Pamplona acogió el pasado día 30 de abril el taller Cuestiones controvertidas sobre el nuevo baremo y herramientas para mejorar las indemnizaciones de las víctimas. El encuentro fue una iniciativa de la asociación DIA, una ONG declarada de Utilidad Pública que desde 2003 atiende a víctimas de todo tipo de accidentes y a sus familiares en toda España. Entre sus objetivos, está el de poner a disposición los abogados/as de las víctimas herramientas destinadas a optimizar las prestaciones y cantidades indemnizatorias a reclamar.

La sesión, presentada por el abogado del MICAP Miguel Martínez De Lecea, contó con la participación de Francisco Canes Doménech, presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes y Fundtrafic; de la abogada Elena Fernández Cuadrado, coordinadora de atención a víctimas en la Asociación DIA; y de Yolanda Resano, psicóloga especialista en atención a víctimas, colaboradora con la Asociación DIA.

La primera intervención corrió a cargo de Doménech, quién consideró que “estamos asistiendo constantemente a campañas de descrédito de las víctimas, entonces pensamos que tenemos que ser muy serios para no dar credibilidad estas cuestiones que perjudican a tanto a los abogados como a las víctimas”.


Respecto al baremo, el presidente de la asociación DIA expuso que a su juicio “está muy bien estructurado, pero adolece de carencias importantes”. Y apuntó que el sector asegurador ha incidido al máximo para recortar las prestaciones. “Consideramos que hay muchas cosas que se tienen que mejorar. No queremos cambiar el baremo, pero entendemos que hay que mejorarlo”.

Asimismo, recordó que “las víctimas necesitamos del abogado para defender nuestros derechos. Tenemos que ponernos en sus manos y no hay nadie más preparado que un abogado para proteger nuestros derechos”. 

A continuación, tomó la palabra Resano, quien incidió en los mecanismos de evaluación del daño psicológico y de las dificultades que se plantean a la hora de cuantificar las secuelas.  Y también expuso algunas de las herramientas que se pueden poner al servicio del informe pericial psicológico.
La última intervención corrió a cargo de Elena Fernández, abogada, coordinadora de atención a víctimas en la Asociación DIA.


“No es lo mismo evaluar el prejuicio moral que el daño corporal, que evidentemente es lo que el médico valora”


La abogada Elena Fernández Cuadrado, coordinadora de atención a víctimas en la Asociación DIA, participó el pasado día 30 de abril en la jornada Cuestiones controvertidas sobre el nuevo baremo y herramientas para mejorar las indemnizaciones de las víctimas. Concretamente centró su intervención en la utilidad de los informes periciales sociales.

¿Qué papel juegan estos informes en la reclamación de indemnizaciones? 

El papel del trabajo social es algo que se desconoce en materia de indemnizaciones por responsabilidad civil. Normalmente tiende a asociarse al ámbito de la familia y las custodias, pero en esta materia puede ser importante porque a la hora de evaluar el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, por ejemplo, se tiene en cuenta la afectación de las actividades y la importancia que estas actividades tienen en el individuo.

Es un trabajo que el abogado en sí no tiene herramientas para realizar, para dar una concreción objetiva de ese prejuicio. Sin embargo, el trabajador social, con las herramientas que tiene como profesional de esta materia, puede hacer un análisis riguroso, exhaustivo y cien por cien fiable tanto frente a las aseguradoras como a los procedimientos judiciales.

Por lo tanto, hablamos de una herramienta propia del campo de trabajo social que pude resultar útil en el ejercicio de la abogacía.

Exacto. El objetivo de la sesión es dar a conocer esta herramienta, ya que es bastante desconocida y puede ser de una tremenda utilidad. Más cuando hablamos de cuantías importantes, que, por ejemplo, en el caso del perjuicio de familiares o el propio por secuelas pueden ascender a los 150.000 €. Se trata de cuantías muy importantes que hay que acreditar con la debida solvencia.

¿Es desconocida porque se trata de un instrumento novedoso o porque se suple de manera habitual con otros medios?

Yo diría que el motivo es que no se ha contado con los trabajadores sociales como los profesionales a los que les corresponde realizar esta valoración. De manera un poco indebida a veces los médicos están evaluando el perjuicio moral sin tener las herramientas adecuadas. Ellos, evidentemente, tienen los medios para evaluar las lesiones físicas, por ejemplo, la movilidad en un brazo, y esto les puede hacer deducir que la persona va a tener complicaciones para realizar sus tareas diarias. Pero el médico no va a entrar en las actividades de ocio de esa persona, en las actividades sociales y familiares, como es normal. Sin embargo, siempre se habla de contar con los médicos. El propio baremo solicita que se aporte un informe médico, y no se habla del trabajo social.

Esto también puede perjudicar al médico, que se ve a veces en un compromiso. Y lo hace en muchas ocasiones atendiendo la petición de un abogado y en parte por desconocimiento. Porque no es lo mismo evaluar el prejuicio moral que el daño corporal, que evidentemente es lo que el médico valora.  Pero no tiene las herramientas para evaluar la afectación de las actividades.

¿Qué labor pretende realizar la asociación DIA de cara a los profesionales del derecho?

En la reclamación de indemnizaciones, una de las claves poder probar esas partidas resarcitorias que el abogado está reclamando. Por eso tratamos de proveer a los abogados toda la variedad de informes que puedan necesitar. Por ejemplo, en el caso de los graves lesionados, harían falta un informe de adecuación de vivienda, de incremento de costes de movilidad, de ayudas técnicas… Son muchas necesidades distintas, y hasta ahora, el abogado se ha visto obligado a ingeniárselas para solventarlas.

Es mucho más cómodo contar con un solo proveedor que sea capaz de facilitar todas las herramientas sin necesidad de analizarlo tú. Porque una de las cosas que hacemos es un estudio de viabilidad y en él aclaramos que conceptos son susceptibles de ser indemnizados en cada caso. Y esto facilita bastante la tarea. Por ejemplo, en el caso de indemnizaciones por secuelas, facilita bastante el proceso  poder delegarlo todo en alguien que aclare lo que cabe y lo que no cabe reclamar, sin dejar nada a la subjetividad.






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Martes día 7 de mayo, a las 16:30 horas.
Curso de acceso al Servicio y Turno de Juicios Rápidos de Pamplona y Aoiz.
Tal y como recoge el Reglamento del Turno de Oficio del MICAP y las Normas de Régimen Interior de éste servicio, para permanecer y/o acceder al mismo en el año 2020 es obligatorio asistir al curso de acceso, salvo que se cuente con un curso realizado en los tres años anteriores (posterior al 2016) o que no se haya organizado el curso.
Ponentes: Virginia Andia, coordinadora del Servicio de Juicios Rápidos y Virginia Guerra, Coordinadora del Servicio y Turno de Extranjería.
Sala de conferencias del MICAP.

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