sábado, 3 de noviembre de 2018

Doble reconocimiento policial a la labor del Colegio


La labor realizada por el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona desde su fundación, de la que se cumple este año el 200 aniversario, ha sido reconocida recientemente por dos cuerpos policiales durante la celebración de sus respectivas festividades, la Policía Municipal de Pamplona  la Guardia Civil.
Blanca Ramos, a la derecha, con el resto de galardonados por la Policía Municipal.


La decana Blanca Ramos, recogió, el pasado 27 de septiembre, en el marco de los actos organizados con motivo de la fiesta de la Policía Municipal de Pamplona, el reconocimiento a la labor realizada por el Colegio a lo largo de los 200 años de existencia, así como por la estrecha colaboración con sus mandos y agentes. No es la primera vez que la Policía Municipal homenajea al MICAP porque en octubre de 2015 entregó una distinción al Servicio de asistencia jurídica al detenido del turno de oficio, y en septiembre de 2016 también reconoció el trabajo y colaboración del Servicio de Atención a la Mujer (SAM).

Por otra parte, el 12 de octubre, durante la celebración en Pamplona de los actos en honor de la patrona de la Guardia Civil, Blanca Ramos recibió, como reconocimiento a la labor desarrollada por los abogados y abogadas en favor de la sociedad desde que fuera creado el Colegio hace 200 años, el Tricornio de Honor, la máxima distinción del cuerpo. Realizó la entrega el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, en presencia de los máximos responsables de la Guardia Civil en Navarra y de otras autoridades. También se entregaron otras 17 menciones a personas ajenas a la institución.
José Luis Arasti entrega a la decana el Tricornio de Honor.


miércoles, 31 de octubre de 2018

Paloma Cascales: “Hay un desconocimiento absoluto en la sociedad de lo que implica la discapacidad”.


La abogada Paloma Cascales, miembro de la Subcomisión de violencia de género del CGAE, participó el pasado viernes en el XVIII curso de especializacion jurídica contra la violencia de genero organizado por el M. I Colegio de Abogados de Pamplona.

Su ponencia,  Violencia de género y mujeres con discapacidad, se centró en las especiales necesidades, , durante su participación en  procedimientos judiciales,  de las personas con discapacidad intelectual, un colectivo especialmente afectado por la violencia de género.

¿Hay conocimiento de a qué porcentaje de mujeres con discapacidad afecta la violencia de género? ¿Es una situación que se da con frecuencia?
Es importante exponer la ausencia de cifras que hay respecto a este tema. Hay un desconocimiento total y absoluto de la discapacidad en general, y en especial de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad.
Un estudio del Parlamento Europeo apunta a que casi el 80% de las mujeres con discapacidad sufren algún tipo de violencia o agresión, y sobre todo violencia sexual en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual. 
La macroencuesta de 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género destapó que las mujeres con discapacidad sufrían un 15% más de violencia que el resto de las mujeres. En el caso de la discapacidad intelectual se duplican e incluso se cuadriplican las cifras. 

¿Qué consejos puede ofrecer, desde su experiencia, a los profesionales de la abogacía que atiendan a una mujer con discapacidad intelectual?
Las mujeres con discapacidad intelectual necesitan tener un entorno muy seguro, que se les formulen preguntas muy cortas, que se les hable despacio, sentirse bien durante todo el proceso. Y también es importante ver de qué tipo de discapacidad se trata. Yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres que tiene fobia a los hombres, por una serie de experiencias previas.  Y esto hace que, muy a menudo se sientan más cómodas con mujeres que con hombres, aunque no siempre va a ser evitable; y también a veces pude ser un compañero el que las asista. Hay que analizar la situación de cada una. 

No hay que tratarlas como si fueran niñas, porque son mujeres. Y tampoco hay que minimizar lo que les pasa. Los obstáculos con los que se encuentran son muchos. No tienen apoyo social, porque hay un desconocimiento absoluto en la sociedad de lo que implica la discapacidad. Es relativamente fácil encontrar un intérprete de signos para una persona sordomuda, pero es muy difícil encontrar un profesional que pueda asistir a una mujer con discapacidad intelectual. Las casas de acogida no están adaptadas a sus necesidades. Y el proceso judicial tampoco.


¿Se están dando pasos en este sentido en España? ¿Qué sería lo más urgente en estos momentos?
Naciones Unidas le ha dado ya un aviso a España por la falta de datos estadísticos, porque si el problema no se ve es como si no existiera. El CERMI también está solicitando que las estadísticas sean más completas para que se pueda hacer visible esta situación. Recabar datos adecuados tal vez sea lo más urgente, ponerle cifras. 

Además, hay otro problema. Las mujeres con discapacidad intelectual apenas reciben educación sexual, por lo tanto, muchas veces no son capaces de entender que son objeto de una agresión o de un abuso sexual. Eso es urgente. La educación es clave.

Y la formación de los abogados también es escasa. Creo que el MICAP es uno de los primeros colegios de abogados que ha querido que se hable de mujer y discapacidad en el ámbito profesional y eso también es un paso importante. Y en la formación de jueces, fiscales, etc. 

Por ejemplo, me ha tocado llevar un procedimiento muy duro en el que la persona acusada quedó absuelta por la falta de formación del juez. Un caso flagrante en el que la mujer tenía una discapacidad intelectual importante, un coeficiente intelectual muy bajo y no era capaz de expresarse. Las preguntas que habitualmente se hacen en un procedimiento judicial no eran apropiadas para ella, que se mostraba incapaz de relatar lo que había sucedido…  Ella hubiera necesitado preguntas concretas que pudiera responder con un sí o un no, pero el propio procedimiento te impide hacer este tipo de preguntas. 

¿Cree que habría que adaptar el procedimiento judicial cuando estén implicadas personas con discapacidad intelectual?
Con el nuevo Estatuto de la Víctima parece que, como personas con especial vulnerabilidad, podrían tener una prueba preconstituida, pero sigue siendo lo mismo. Si no sabemos cómo preguntarles, es imposible. 



lunes, 29 de octubre de 2018

Iñaki Subijana : “Hay una sensación equivocada de que, a mayor protección de la víctima, más desprotección del presunto agresor”.


El presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Iñaki Subijana, presentó el pasado viernes en la sala de conferencias del MICAP una ponencia sobre la Perspectiva de género en el enjuiciamiento, enmarcada en su participación en el XVIII curso de especialización jurídica contra la violencia de genero.

En opinión del magistrado, y al contrario de la impresión que todavía parece imperar de manera mayoritaria en mundo jurídico, “se puede garantizar la protección de la víctima sin hacerlo a expensas de la presunción de inocencia o el derecho a la defensa del acusado”.

Como experto, ¿de qué manera definiría usted la perspectiva de género?
La perspectiva de género significa ser conscientes de que la violencia del hombre sobre la mujer tiene un perfil distinto a otros tipos de violencia. Porque es una violencia que no solo lesiona la libertad y la dignidad de la mujer, sino que además consolida un modelo social en el que la mujer ocupa menos espacio del que le corresponde. Algo que podemos calificar como discriminatorio.

En términos jurídicos, si se trata de una violencia de perfiles distintos, las respuestas deben de ser distintas. Y ahí entran en juego las llamadas técnicas jurídicas de diferenciación. La igualdad, en definitiva, implica tratar de manera distinta lo que es distinto.

En el orden penal, hay una evidencia clara de que hay formas de violencia que tienen mayoritariamente como protagonistas activos a los hombres y como protagonistas pasivas a las mujeres.  Por ejemplo, el de los delitos sexuales es un campo claro y evidente.  Es reconocer que las mujeres, en este tipo de delitos requieren de una protección reforzada.


¿Qué porcentaje de delitos sexuales son cometidos por hombres?
La última estadística que yo conozco en materia de delitos sexuales indica que el 98% de las agresiones las cometen hombres. La presencia masculina en este perfil es mayoritaria. Simplemente queremos reconocer esa realidad como tal. También los feminicidios o los asesinatos de hijos como represalia a las mujeres. Esa realidad criminológica tiene que ser reconocida. Y muchas de estas realidades responden a un modelo cultural en el que el hombre ocupa una posición de superioridad y acude a instrumentos de dominación para doblegar a la mujer.

¿Esta diferencia está provocada por una cuestión biológica o cultural?
Es posible que haya elementos que sean biológicos, pero hay un elemento muy potente que es de construcción cultural o social. No podemos decir que todo sea social, pero sustancialmente es algo cultural. Basta con ver como distribuimos los roles en el ámbito de la educación para ver que estamos diseñando un escenario que coloca al hombre en un espacio y a las mujeres en otro distinto. Es incuestionable que se han producido avances y que no estamos igual que hace 30 años, pero no podemos ignorar la realidad.


¿Cuál es la situación, en el mundo jurídico, de la perspectiva de género?

Está naciendo. Ahora mismo es algo tremendamente novedoso y todavía por construir. Tenemos un instrumento muy fuerte que es el Convenio de Estambul, firmado en el año 2011, ratificado por España y que por tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Define claramente qué es la violencia de género, cuáles son sus manifestaciones, cuál debe ser el tratamiento jurídico que ha de recibir… 

¿Cuál es el grado de aplicación de este convenio?
Yo diría que escaso. Incluso en las resoluciones no es un convenio que se mencione con frecuencia. Empieza a aparecer.

¿Cuáles son los principales obstáculos para su aplicación?
En materia penal, son dos. El primero, una tendencia muy fuerte a pensar que el Derecho Penal no puede establecer técnicas de diferenciación y que por tanto se tiene que desenvolver como un derecho sancionador en el plano de la igualdad puramente formal y no material.

El segundo, que tiene que ver en definitiva con cierta cultura jurídica que está muy centrada todavía en la figura del presunto agresor y que no termina de ser capaz de ver a la víctima. Y que además tiene la sensación, yo creo que equivocada, de que, a mayor protección de la víctima, más desprotección del presunto agresor. Cuando lo que realmente tenemos que construir es un escenario en el que podamos garantizar al 100% tanto el derecho a la presunción de inocencia y a al a defensa del presunto agresor como el derecho a la protección y a la reparación de la víctima.


¿Esto no es, en su opinión, necesariamente incompatible?
No. Para nada. Por ejemplo, la presunción de inocencia implica que haya prueba. Y esta prueba se practica en el juicio. Si la declaración de la víctima se hace utilizando un sistema de videoconferencia que evite el contacto con el agresor, un escenario menos invasivo, no hay problema. Estás protegiendo a la víctima, evitando elementos de ansiedad adicionales. Y a la vez estás garantizando que la prueba se practique en el juicio. Se puede garantizar ambos derechos sin que esa protección se lleve a cabo a expensas de la presunción de inocencia o el derecho a la defensa del acusado.  



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