jueves, 23 de diciembre de 2021

Mayoría de edad de la Ley de Arbitraje

Por: Miguel Martínez De Lecea Zuza, Abogado (*)

El Arbitraje es una alternativa a la vía judicial para la solución de los conflictos privados, civiles y mercantiles, por la que las partes pactan expresamente que un tercero, árbitro, decida con carácter vinculante y definitivo sobre el conflicto que tienen entre ellas. En definitiva, en lugar de que juzgue un juez, que lo haga un árbitro. Actualmente la materia está regulada en la Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre y hoy precisamente se cumple su mayoría de edad. Es una ley menos formalista que la anterior de 1988, que valora la autonomía de la voluntad, es flexible, moderniza el arbitraje en España y se adapta al arbitraje internacional.

Entre las ventajas del arbitraje se encuentra el hecho de que las partes pueden elegir a los árbitros, pueden configurar su propio procedimiento arbitral, es un procedimiento ágil y flexible, sin rigidez, acostumbrado a las nuevas tecnologías, muy rápido, sin recursos, un procedimiento en el que en principio cada parte paga sus propias costas y sin tasas judiciales. Además, cabe la posibilidad de que el arbitraje, si se pacta, sea de equidad, es decir, resuelva el árbitro según su leal saber y entender y no necesariamente conforme a la legislación vigente. Otra ventaja es la total confidencialidad y privacidad para las partes y también el hecho de que el árbitro esté especializado y tenga conocimientos técnicos sobre la materia en cuestión. Por último, no debemos olvidar también que con el Arbitraje se descarga de trabajo a los juzgados y tribunales de justicia, lo cual supone un interés de Estado.

El arbitraje institucional es el administrado por una institución arbitral que vela por el correcto desarrollo e impulso del procedimiento. En el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) siempre hemos sido conscientes de las ventajas del Arbitraje, por eso en 2014 decidimos crear el Tribunal de Arbitraje, siendo los árbitros los propios abogados del Colegio, para que los particulares y empresarios pudieran someter sus controversias ante el mismo en lugar de tener que acudir a la justicia ordinaria. Las características que quisimos que tuviera el Tribunal de Arbitraje fueron la de su total independencia, su trasparencia y participación de las partes en el nombramiento de los árbitros y el coste cierto, es decir, uno sabe qué le va a costar el procedimiento desde el principio, además de que cada parte abona sus propios gastos como regla general.

Las decisiones de los árbitros, los laudos, similares a las sentencias de los jueces, son inapelables y no pueden ser recurridas ante los tribunales de justicia. El 15 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia que fue acogida con gran entusiasmo por toda la comunidad arbitral y que supuso el primer paso para reestablecer el concepto de orden público y delimitar el control de los jueces sobre la anulación de los laudos. Posteriormente, la sentencia del TC de 15 de febrero de 2021 ha clarificado cualquier tipo de duda acerca de la noción de orden público y de la labor de los Tribunales Superiores de Justicia en lo que a la anulación de laudos se refiere. En definitiva, supone un verdadero soplo de aire fresco para la consolidación del arbitraje en España, ya que, en resumen, los tribunales de justicia deben respetar más si cabe la labor y la independencia de los árbitros.

En consonancia con el esfuerzo invertido en pro del arbitraje, cada vez son más las empresas y los particulares que eligen esta práctica para resolver sus disputas y que incluyen cláusulas arbitrales en los contratos que suscriben.

Durante estos 18 años se ha querido impulsar el arbitraje como método de resolución de controversias frente a la vía judicial. Está claro que ha habido una apuesta importante por el arbitraje, pero no podemos ser conformistas, pues debemos aspiramos a convertir a Pamplona en una atractiva sede de arbitrajes no sólo nacionales sino también internacionales.


* Presidente de la Comisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Arbitraje del M. I. Colegio Abogados Pamplona (MICAP)

Las Hermanas Clarisas y la ONG Alboan reciben las ayudas del MICAP de 2021 para proyectos solidarios



La congregación de las Hermanas Clarisas y la ONG Alboan (Jesuítas) han sido las organizaciones adjudicatarias de las ayudas para proyectos solidarios que anualmente concede el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona. Las Hermanas Clarisas recibirán 3.000 euros para la compra de 10 ordenadores que se destinarán a la formación de las alumnas del orfanato Maria Inés, en Indonesia, mientras que Alboan dispondrá de 1.000 euros para su proyecto de protección y garantía de derechos fundamentales de las personas migrantes de Centroamérica. Las ayudas que convoca el MICAP tienen como objetivo colaborar económicamente con proyectos, instituciones o actividades cuya finalidad sea promover la defensa de los derechos humanos y los valores de justicia y solidaridad en el Tercer Mundo.

La congregación de las Misioneras Clarisas destinará los 3.000 euros que le han sido concedidos a la compra de 10 ordenadores que utilizarán en la formación de las 25 niñas de 5 a 18 años que acoge en el orfanato María Inés. La pandemia y la cuarentena han dificultado la asistencia presencial y carecen de medios para impartir las clases on line, razón por la que han solicitado la ayuda.


El proyecto presentado por la Fundación Alboan en colaboración con la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica (RJM-CA) se desarrollará en toda la región centroamericana, con especial énfasis en Honduras y El Salvador. El objetivo general es garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes y desplazadas por causas de violencia en la región centroamericana. Las actividades previstas consistirán en el apoyo directo, a través de ayuda humanitaria, en puntos estratégicos de la región por la que transitan estas personas. La asistencia humanitaria incluye recursos de primera necesidad como alimentos y medicinas, o ayuda económica para alojamiento y otros gastos puntuales básicos de las personas migrantes y refugiadas, dándose prioridad a las que se encuentren en situación de mayor necesidad. También se incluye acompañamiento y asistencia psicológica para las víctimas de vulneraciones de derechos en sus países de origen, a lo largo de la ruta migratoria o durante sus procesos de deportación.

Siete aspirantes

Siete proyectos solidarios habían concurrido a la convocatoria del MICAP correspondiente a 2021, incluidos los dos a los que han sido concedidas las ayudas. De los cinco restantes, uno había sido presentado por las Hermanas Clarisas y buscaba financiación para arreglar las habitaciones de los profesores del Colegio de educación secundaria Maria Inés, en Nigeria. La Fundación Recover (institución privada, laica y sin ánimo de lucro para el desarrollo en el sector sanitario en África), pedía ayuda para la lucha contra el COVID-19 mediante la adquisición de material sanitario de prevención y protección esencial como guantes, mascarillas, gel… para el hospital psiquiátrico de Bouaké (Costa de Marfil), y Xymena Dyduch, colegiada del MICAP, solicitó una aportación para su proyecto de asistencia jurídica para migrantes en las fronteras externas de la Union Europea.
Polish Medical, a través de Xymena Dyduch, planteó un proyecto para la adquisición de prótesis destinadas a menores sirios, y la Asociación Nuevo Diálogo (ANDI), también través de una colegiada, en este caso Elisa Rodrigues de Araújo, propuso un plan para la promoción de la educación y un desarrollo integral de calidad entre la infancia desfavorecida de Kandhamal (India).

Ayudas de años anteriores

Los proyectos presentados por las Hermanas Clarisas y la ONG Alboan (Jesuitas) también fueron los adjudicatarios de las ayudas el pasado año. La dotación de 4.000 euros se repartió de manera equitativa entre ambas instituciones. Las Hermanas Clarisas recibieron los 4.000 euros de las ayudas del año 2019, que se repartieron a partes iguales entre los dos proyectos con los que concurrieron a la convocatoria, y en 2018 la Junta de Gobierno del MICAP adjudicó dos ayudas, de 2.000 euros cada una, a la congregación de las Hermanas Clarisas y la ONG Alboan. En 2017, los 4.000 euros se destinaron a las Hermanas Clarisas, para dotar de pupitres y sillas a la escuela de Ezillo, y a la Fundación Alboan para un proyecto de protección de los derechos humanos en el noroccidente de Honduras, mientras que en 2016 las beneficiarias de las ayudas fueron dos propuestas presentadas por Fundación Abogacía y la Fundación Alboan. Las ayudas del año 2015 fueron para la Fundación Abogacía, Alboan y la Fundación Religiosa Amanecer, de la Congregación Hijas de la Caridad.

 

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